El actual directorio resolvió denunciar penalmente al expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, a integrantes del anterior directorio y al exgerente general Eduardo Henderson. La investigación administrativa apunta a contrataciones con ITHG, convenios con Casmu y Círculo Católico, y presuntas irregularidades en el Hospital de Treinta y Tres.
La Administración de los Servicios de Salud del Estado resolvió dar un paso fuerte: llevar a la Justicia Penal parte de lo ocurrido durante la gestión anterior de ASSE. La decisión alcanza al expresidente Leonardo Cipriani, a los integrantes del directorio de aquel período Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, y al exgerente general Eduardo Henderson.
La resolución fue adoptada por unanimidad por el actual directorio, luego de una investigación administrativa que detectó irregularidades en el funcionamiento del SAME-105 entre 2022 y 2024. El expediente también derivó en sumarios para funcionarios públicos vinculados a la gestión, entre ellos el exgerente financiero Juan Behrend, el exdirector del SAME-105 José Antonio Rodríguez y otros jerarcas y funcionarias.
El caso no se presenta como una simple diferencia de criterio administrativo. Según los informes manejados por ASSE, la magnitud económica de los montos involucrados, las observaciones reiteradas del Tribunal de Cuentas y la eventual afectación de fondos públicos justifican poner los hechos en conocimiento de la Justicia.
ITHG, compras observadas y una concentración casi total del gas
Uno de los puntos centrales de la investigación es la contratación de la empresa privada de traslados ITHG, que recibió el 96,47% del gasto del SAME-105. El informe señala que no hubo procedimiento competitivo y que todas las compras fueron observadas por el Tribunal de Cuentas.
A pesar de esas advertencias, la administración anterior habría continuado con pagos y contrataciones sin corregir el mecanismo. Para la investigación, esa pasividad frente a observaciones reiteradas no era menor: imponía a las autoridades un deber reforzado de control, supervisión y corrección.
El expediente también apunta a un presunto fraccionamiento del gasto para mantener las operaciones dentro del régimen de compras directas, cuando por los montos y la naturaleza del servicio habría correspondido avanzar por un procedimiento competitivo, como una licitación pública. Esa conducta fue calificada como una falta grave en el plano administrativo.
En términos políticos e institucionales, el punto es sensible: ASSE maneja recursos públicos destinados a la atención de salud, y cualquier mecanismo que debilite la competencia, los controles o la trazabilidad de los pagos golpea directamente sobre la confianza en el sistema.
Convenios con mutualistas, camas fijas y controles debilitados
La investigación también observó los convenios de complementación con Casmu y el Círculo Católico para camas de cuidados moderados y CTI. El cambio señalado fue clave: se pasó de pagar por día de cama efectivamente ocupada a contratar camas fijas mensuales de uso exclusivo mediante tarifa plana.
Según el informe, esa modificación implicó un aumento exponencial del gasto. Además, se cuestiona que determinadas modificaciones en los convenios se habrían realizado sin los controles previos correspondientes, como informes favorables del Ministerio de Salud Pública o intervención del Tribunal de Cuentas.
En el caso del exgerente financiero Juan Behrend, la investigación sostiene que realizó cambios sustantivos en el convenio con el Círculo Católico y que asumió facultades que correspondían al directorio. También se le atribuyen directivas vinculadas al funcionamiento con ITHG, entre ellas no realizar controles a tercerizados ni órdenes de compra, algo que el informe considera contrario a la normativa vigente.
Respecto al exdirector del SAME-105, José Antonio Rodríguez, la investigación señala que habría debilitado áreas de control relacionadas con el ingreso y seguimiento de pacientes, la auditoría de historias clínicas y el control de facturación. El resultado, según el expediente, fue un sistema débil, ineficiente e ineficaz para verificar qué se pagaba, por qué se pagaba y si las prestaciones efectivamente correspondían.
El informe menciona, además, situaciones especialmente delicadas: facturación de estudios sin respaldo en la asignación efectiva de pacientes, pagos por prestaciones que ya estaban incluidas en la tarifa plana, traslados sin datos suficientes para identificar proveedor o móviles utilizados, servicios cancelados que igual aparecían para pago, y móviles comunes liquidados como especializados.
Treinta y Tres: el otro frente de la investigación
El tercer foco aparece en el Hospital de Treinta y Tres y en el convenio entre ASSE y Casmu. Allí, la investigación cuestiona que la mutualista tenía un número reducido de usuarios en el departamento y que, aun así, se detectaron debilidades en los controles sobre el cumplimiento real de las prestaciones.
Entre los puntos observados se menciona que en algunas ocasiones figuraba un especialista en la planilla, pero quien se encontraba efectivamente era otro profesional de la misma especialidad. Para la administración, ese tipo de situación podía dejar a ASSE en una posición vulnerable ante eventuales responsabilidades médicas.
También se detectaron dificultades en la categorización de actos quirúrgicos y errores en la determinación del vínculo funcional de los profesionales actuantes. La investigación advierte que no se trataba de errores meramente formales, porque podían incidir en derechos económicos y generar una afectación patrimonial para la administración.
Por ese motivo, ASSE resolvió ampliar las investigaciones y avanzar con sumarios a funcionarios vinculados a esa área de gestión.
Un caso que ya no queda dentro de ASSE
La decisión de denunciar penalmente marca un cambio de escala. Lo que comenzó como auditoría e investigación administrativa ahora pasa a un terreno donde deberá actuar la Justicia.
Hasta ahora, lo que hay son informes administrativos, señalamientos internos y una resolución política del actual directorio de ASSE. Las responsabilidades penales, si corresponden, deberán ser determinadas por Fiscalía y por la Justicia.
Pero el mensaje institucional ya está planteado: cuando se administran recursos públicos en salud, los controles no son una formalidad. Son la garantía mínima de que el dinero destinado a camas, traslados, pacientes y servicios no quede atrapado en zonas grises, contrataciones observadas o mecanismos que nadie revisa con suficiente rigor.
En un sistema público que sostiene la atención de miles de personas, cada peso mal controlado no es solo un problema contable. Es una señal de alarma sobre cómo se gestionó una parte sensible del Estado.
