Mientras el caso Adorni ocupa la pantalla pública, el gobierno de Javier Milei avanza con negocios estratégicos, concesiones millonarias y una presencia cada vez más fuerte de Estados Unidos en decisiones sensibles de la política argentina. Este domingo, el mapa muestra algo más profundo que una interna oficialista: muestra un modelo de entrega, concentración económica y resistencia social en forma
El caso Adorni tapa una discusión más grande
El escándalo alrededor de Manuel Adorni, sus gastos y las sospechas de espionaje que dice sufrir, quedó instalado en la agenda pública argentina. Pero detrás de ese ruido aparece una pregunta más importante: qué se está haciendo mientras la atención queda puesta en el jefe de gabinete.

Según la información publicada, el malestar no pasa solo por Adorni. También aparece el nombre de Bettina Angeletti, su esposa, cuya presencia y exposición generaron incomodidad incluso entre sectores de custodia de la Policía Federal y familias de Exaltación de la Cruz. En paralelo, las revelaciones sobre la fiesta de Demian Reidel con fondos estatales en Nucleoeléctrica sumaron otro elemento a una escena de privilegios en pleno ajuste.
Ese contraste pesa. El gobierno de Milei aplica una de las políticas de ajuste más duras de las últimas décadas, mientras algunos nombres cercanos al poder aparecen asociados a gastos, negocios y movimientos difíciles de explicar ante una sociedad golpeada.
El acto de Milei y su gabinete en el Congreso, con música de Rocky y puesta en escena de respaldo a Adorni, sirvió para correr el foco. Pero la discusión de fondo está en otro lado: la transferencia de activos estratégicos, la influencia del embajador estadounidense Peter Lamelas y el rol de Santiago Caputo en las decisiones de poder real.
Transener, Neuss, Brito y el reparto de activos estratégicos
Horas antes de esa foto oficialista, el gobierno entregó el 50% de Transener a los hermanos Neuss en un procedimiento señalado como escandaloso, que incluyó el apagón de la plataforma Contrat.Ar y un precio considerado de remate.

Transener no es una empresa menor. Es la principal transportista de energía de Argentina y opera el 85% de la red de alta tensión de 500 kv del país. Por eso, el movimiento no puede leerse como una simple operación comercial. Se trata de un activo estratégico.
Un empresario citado en la información original lo resumió sin rodeos: “Está todo digitado desde el gobierno, todo. No solo Transener”.

La familia Neuss, vinculada al entorno de Santiago Caputo, logró en apenas dos años posicionarse dentro del negocio energético. Ahora también aparece interesada en avanzar sobre el 70% de las acciones que YPF tiene en Metrogas.
A ese esquema se suma Jorge Brito, dueño del Banco Macro, a quien Milei habría definido en privado como “jefe financiero de la oposición”. La paradoja es evidente: mientras su nombre circula en el juego político incluso como posible rival de Axel Kicillof en una interna ampliada del peronismo, Brito queda asociado a un activo de alta rentabilidad bajo el gobierno libertario.
En ese mapa también aparecen Delfin Carballo, socio de Brito y con vínculos estrechos con la dupla Luis Caputo-Santiago Bausili, y David Martínez, empresario mexicano señalado en el texto original como socio de Héctor Magnetto en Clarín.
El caso Transener se compara con otro movimiento reciente: Profertil, la planta de fertilizantes de YPF que Horacio Marín vendió antes del estallido de la guerra en Medio Oriente. El comprador fue Adecoagro, del empresario Mariano Bosch, que se quedó con la principal productora de urea de Argentina y obtuvo fuertes ganancias tras la suba internacional generada por el conflicto.
Hidrovía: el negocio de 25 años que mira Estados Unidos
Mayo aparece como un mes clave para otro negocio enorme: la licitación de la Hidrovía. Se trata de la vía troncal de 1.300 kilómetros por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas, especialmente soja, cereales y cada vez más minerales.
La concesión en disputa tiene una duración proyectada de 25 años y una rentabilidad estimada en 300 millones de dólares anuales por peajes y servicios asociados. Es un negocio opaco, estratégico y decisivo para el país.
La Hidrovía está desde hace 31 años en manos de la belga Jan De Nul. La concesión fue entregada durante el menemismo, extendida durante el interinato de Eduardo Duhalde y luego durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010. Está vencida desde comienzos de 2021.
El Frente de Todos tuvo casi tres años para resolver el tema, pero no lo hizo. Ahora, bajo Milei, el tablero cambió. La empresa belga DEME se presenta asociada con dos gigantes estadounidenses: Great Lakes y Clear Street. Desde ese consorcio acusan a Jan De Nul de tener vínculos indirectos con capitales chinos, a través de Servimagnus, del empresario Alfredo Román.
Según publicó La Nación y recoge la información base, directivos de las empresas estadounidenses fueron a ver al embajador Peter Lamelas para advertir sobre ese supuesto vínculo chino. La embajada de Estados Unidos aparece así no solo observando, sino interviniendo en una definición económica clave.
El dato político es fuerte: todos los actores parecen competir por el favor de Washington. En 2021, Jan De Nul se presentaba como garantía contra la entrada china al negocio. Ahora, el consorcio belga-estadounidense DEME-Great Lakes-Clear Street aparece como la opción mejor alineada con la Casa Blanca.
La decisión, otra vez, pasa por Santiago Caputo y por el director de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor. En 2025, Arreseygor había denunciado en el Congreso un supuesto “sabotaje de la licitación” llevado adelante por “medios, ex funcionarios, miembros de la política y empresarios”, a quienes definió como “lo peor de la casta”. Entre los señalados mencionó al exministro Guillermo Dietrich, al expresidente Mauricio Macri, al diario La Nación y al estudio Cassagne.
Un año después, con Milei más desgastado y con un bloque de poder que empieza a mirar alternativas, la Hidrovía queda en el centro de una disputa que excede lo comercial. Es soberanía, comercio exterior, poder geopolítico y control de la principal salida exportadora argentina.
Lamelas, el USS Nimitz y la presencia militar estadounidense

La foto de Milei con el embajador de Donald Trump, Peter Lamelas, arriba del portaviones nuclear USS Nimitz, no fue un gesto menor. El buque venía de recorrer el estrecho de Magallanes y la imagen refuerza una lectura: el gobierno argentino se alinea de manera abierta con Estados Unidos en decisiones sensibles.
La Hidrovía conecta a Argentina con Paraguay, Bolivia, Uruguay y el noreste de Brasil. Por eso, si el negocio termina en manos del consorcio belga-estadounidense, el impacto regional será evidente.
Al mismo tiempo, Lamelas recibió al jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos, el contraalmirante Mark Shafer. También se realizaron operaciones combinadas entre la Armada estadounidense y la Armada argentina durante cuatro semanas.
La agenda incluyó combate urbano, combate en localidades, sanidad en combate, planeamiento y comunicaciones. Según la información original, esa presencia se apoya en el decreto 264/2026, firmado por Milei en febrero.
El punto político es delicado: actividades militares extranjeras en territorio argentino, con una agenda de entrenamiento sensible, bajo autorización presidencial y en un contexto de fuerte alineamiento con Washington.
El frente sindical que nace desde el corazón sojero
La licitación de la Hidrovía no solo interesa a empresas dragadoras, bancos y embajadas. También tiene pendiente a las grandes cerealeras, dueñas de puertos propios, que además quieren quedarse con el ferrocarril Belgrano Cargas por los próximos 50 años. Según el gobierno, los pliegos también se conocerían en mayo.

En ese escenario aparece un actor que no puede ser ignorado: el Sindicato de Aceiteros. Es un gremio con 20 mil trabajadores, presencia estratégica en los puertos del Gran Rosario, experiencia en huelgas prolongadas y algunos de los salarios más altos de Argentina.
Aceiteros fue uno de los motores del Primer Plenario del Frente de Sindicatos Unidos, realizado el 1° de mayo en el camping de la UOM en Pilar. Allí se reunieron 1.600 delegados, un día después de la movilización de la CGT a Plaza de Mayo.
Participaron dirigentes de 140 sindicatos industriales, del transporte y estatales, pertenecientes a las tres centrales sindicales. Entre ellos estuvieron Aceiteros, UOM, ATE, Aeronáuticos, Portuarios, La Fraternidad, Docentes Universitarios, Encargados de Edificios, Papeleros, Molineros y APJ Gas.
El plenario aprobó un programa de gobierno para confrontar con Milei. También planteó un dato contundente: el Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy ubicado en 363 mil pesos, debería alcanzar los 2.802.755 pesos para cumplir con lo que establecen el artículo 14 bis de la Constitución argentina y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El objetivo de este frente sindical es superar la pelea sectorial y construir una alternativa política y social. Parte de una crítica a la cúpula de la CGT, pero también de una autocrítica: muchos delegados sostienen que fue un error haber delegado en la dirigencia política las respuestas que necesitaban los trabajadores.
Una frase recogida en el encuentro lo resume: “Cuando tuvimos un gobierno peronista, nos conformamos con las migajas y no peleamos. Cuando vino este gobierno, estábamos cansados y no entendíamos nada. No podemos volver a equivocarnos, venga quien venga”.
En doce comisiones se compartieron realidades de los lugares de trabajo, en un contexto de destrucción productiva. La información base señala que desde la llegada de La Libertad Avanza cerraron casi 25 mil empresas.
También hubo testimonios de nuevas generaciones sindicales. Una delegada aceitera de Rosario contó que antes de ingresar a Dreyfus trabajaba en una verdulería y no sabía que tenía derechos. Al afiliarse, entendió las ventajas que le correspondían. Ese dato ayuda a entender el fondo del proceso: no es solo resistencia salarial, es reconstrucción de conciencia laboral en un país donde los derechos están bajo ataque.
Poder económico, justicia e interna libertaria
El plenario sindical contrastó con otros escenarios de poder. Uno fue el Foro Llao Llao, donde Máxima Zorreguieta fue invitada de lujo durante cinco días. Otro fue el homenaje a Daniel Hadad, declarado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de La Matanza por su impacto en la transformación del periodismo.
En ese acto estuvieron empresarios, dirigentes políticos, figuras judiciales y representantes de distintos sectores de poder. Entre los presentes se mencionan a Mario Montoto, Víctor Santa María, Sandra Pettovello, Manuel Vidal, Ricardo Lorenzetti, Ariel Lijo, Cristian Ritondo, Juan Manuel Menna, Sergio Berni y Sergio Massa, retratado en un diálogo amable con Paul Starc y Carlos “Coco” Mahiques.

Mahiques, juez de Casación, quedó marcado por el viaje a Lago Escondido y hoy tiene a su hijo como ministro. En la información original se señala que los Mahiques mantienen un vínculo tenso con Santiago Caputo y que intentan bajarle el tono a la voluntad de Comodoro Py de investigar al gobierno.
Mientras tanto, Caputo apunta cada vez más contra Horacio Rosatti. Ariel Lijo, derrotado en la operación para sumar dos jueces a la Corte, aparece dispuesto a complicar al matrimonio Adorni-Angeletti.
La interna del gobierno no se detiene. Santiago Caputo puede perder poder político formal, pero conserva un papel central en la mesa donde se reparten los negocios del ciclo libertario.
El fantasma de De la Rúa
El desgaste de Milei empieza a aparecer en las encuestas. La Universidad Torcuato Di Tella registró una caída de 12 puntos en la confianza hacia el presidente. En ese marco, la oposición enfrenta un riesgo conocido: quedarse en la crítica a las formas y no discutir el modelo de fondo.
El antecedente de la Alianza UCR-Frepaso aparece como advertencia. A fines de los años noventa, aquel espacio se diferenció del menemismo en los modos, pero no cuestionó la Convertibilidad ni el remate de bienes públicos. Ganó las elecciones, llamó a Domingo Cavallo para sostener el esquema y terminó con Fernando De la Rúa huyendo en helicóptero.
La pregunta, este domingo, vuelve a ser incómoda: si el problema es apenas Adorni, o si Adorni es la cortina de humo de un proceso más profundo.
Argentina no está solamente ante una crisis de comunicación oficial. Está ante un modelo que combina ajuste social, entrega de activos estratégicos, negocios entre sectores amigos, creciente tutela estadounidense y una resistencia sindical que empieza a reorganizarse desde los lugares de trabajo.
Fuentes: El Destape / Diego Genoud; Boletín Oficial de la República Argentina; Universidad Torcuato Di Tella; Transener; Armada Argentina; Nota al Pie; Minuto Uno; El Argentino Diario.





