El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina anunció que enviará un proyecto para reformar la Ley de Sociedades. La iniciativa busca permitir la creación de empresas gestionadas por inteligencia artificial, sin personas a cargo de la actividad cotidiana.
Un anuncio que abre preguntas laborales y legales
Federico Sturzenegger adelantó que el gobierno argentino enviará una reforma a la Ley de Sociedades para incorporar una nueva figura: las sociedades de inteligencia artificial. Según explicó, serían empresas operadas por agentes de IA, sin humanos en su funcionamiento directo.
El anuncio fue realizado durante la Expo EFI, un encuentro de economía, finanzas e inversiones desarrollado en Buenos Aires. Allí el ministro planteó que Argentina podría crear un marco jurídico para que esos agentes digitales produzcan desde el país, generen actividad económica y paguen impuestos.
La propuesta se presenta desde el gobierno argentino bajo la idea de modernización y atracción de inversiones. Sin embargo, también abre dudas importantes: qué lugar ocuparán los trabajadores, quién será responsable ante daños o incumplimientos, qué controles tendrá el Estado y quién concentrará las ganancias de esa producción automatizada.
La desregulación llevada al terreno de la inteligencia artificial
La iniciativa no aparece aislada. Forma parte de una agenda más amplia del gobierno de Javier Milei, centrada en eliminar regulaciones, reducir controles estatales y modificar normas vinculadas a la propiedad privada, el mercado de capitales, los seguros y la navegación de cabotaje.
En ese marco, la idea de empresas sin humanos muestra hasta dónde puede llegar una visión económica basada en quitar obstáculos al capital. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para mejorar procesos, reducir tareas repetitivas y ampliar capacidades productivas. Pero convertirla en base de una nueva figura empresarial plantea otro nivel de discusión.
Una empresa no solo produce. También contrata, administra recursos, toma decisiones, genera obligaciones y puede causar daños. Si esas decisiones quedan en manos de sistemas automatizados, el problema principal pasa a ser la responsabilidad.
No alcanza con afirmar que esas sociedades pagarían impuestos. También debe quedar claro quién responde si una empresa de inteligencia artificial incumple contratos, perjudica a terceros, discrimina, evade controles o actúa de manera irregular.
Trabajo, responsabilidad y concentración económica
El punto más delicado es el impacto social. Si la producción se organiza cada vez más lejos del trabajo humano, la discusión no puede quedar reducida a eficiencia, innovación o recaudación.
La pregunta central es quién se beneficia. Si la inteligencia artificial aumenta la producción pero concentra más riqueza en menos manos, el resultado puede ser una economía más desigual. Si además se reducen controles, la automatización puede terminar favoreciendo estructuras empresariales difíciles de auditar y con responsables poco claros.
El debate sobre inteligencia artificial es necesario. Uruguay, Argentina y la región deben discutir regulación, empleo, formación y productividad. Pero esa discusión no puede avanzar solo desde los intereses del mercado. También debe incluir derechos laborales, transparencia, protección social y control público.
Créditos / fuentes: elaboración para Quatroges a partir de información publicada por El Destape y declaraciones de Federico Sturzenegger durante Expo EFI sobre la reforma a la Ley de Sociedades y la creación de sociedades de inteligencia artificial.
