Con el conteo electoral avanzado, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se perfila como rival de Keiko Fujimori en una segunda vuelta marcada por el voto rural, el hartazgo social y la disputa entre dos modelos de país.
El Perú profundo volvió a hablar
La política peruana vuelve a quedar partida entre Lima y el interior, entre el poder económico concentrado y los sectores populares que hace años reclaman representación real. En ese escenario, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, logró instalarse en el centro de la disputa electoral con una estrategia que sus seguidores bautizaron Ruta Castillista: un recorrido político, territorial y simbólico que buscó recoger el capital social que dejó Pedro Castillo, especialmente en las regiones andinas y rurales.
No se trató solo de una gira de campaña. La Ruta Castillista funcionó como una reconstrucción de identidad política. Sánchez recorrió Cajamarca, Junín, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, Tacna y otras zonas donde el voto popular ya había expresado en 2021 un rechazo profundo al centralismo limeño. En esos territorios, la figura de Castillo sigue asociada a una promesa incumplida: que el Estado deje de mirar al país real desde lejos.
El insumo de campaña marca un punto clave: Sánchez no intentó inventar una épica nueva, sino ordenar una memoria política que seguía viva. La promesa de reivindicar a Castillo, hablar de una segunda reforma agraria, discutir la riqueza minera y plantear una Asamblea Constituyente conectó con sectores que no se sienten representados por la derecha tradicional ni por el centro liberal limeño.
Una campaña contra el desprecio social
El avance de Sánchez no puede leerse solo en números. También expresa el cansancio de un país sometido a crisis permanente, presidentes fugaces, congresos desprestigiados y una democracia cada vez más vaciada de contenido social. En las elecciones del 12 de abril, Keiko Fujimori quedó primera, pero sin alcanzar siquiera el 20% de los votos válidos, en una elección donde la abstención, los blancos y los nulos mostraron el enorme desencanto ciudadano.
Ese dato es central: Perú no votó desde la estabilidad, votó desde la bronca. Y en esa bronca, Sánchez logró ordenar una parte del voto popular que se encontraba disperso. Mientras la derecha insistía con el miedo, el “orden” y el fantasma del comunismo, Juntos por el Perú se apoyó en demandas concretas: costo de vida, crisis agraria, crédito para trabajadores informales, protección social y democratización de la riqueza nacional.
La derecha peruana suele presentar estas demandas como amenaza. Pero para millones de peruanos son asuntos básicos: tierra, trabajo, alimentos, servicios, dignidad y presencia del Estado. Allí aparece el fondo del conflicto. No se discute solo quién llega a Palacio de Gobierno; se discute si Perú seguirá gobernado para los grupos económicos de siempre o si abrirá una puerta, aunque sea difícil y conflictiva, hacia una agenda más popular.
Keiko, Sánchez y una segunda vuelta todavía bajo tensión
Con el conteo avanzado, Keiko Fujimori lidera la primera vuelta y Roberto Sánchez mantiene una ventaja estrecha sobre Rafael López Aliaga por el segundo lugar. Según reportes recientes, el escrutinio seguía bajo revisión y el Jurado Nacional de Elecciones dispuso una auditoría informática en medio de cuestionamientos, aunque observadores europeos no señalaron evidencia de fraude.
Por eso, la formulación responsable es clara: Sánchez se perfila para enfrentar a Fujimori en el balotaje del 7 de junio, pero la proclamación definitiva depende de la resolución electoral. Medios peruanos ya ubican el escenario Fujimori-Sánchez como el más probable, con la ONPE cerca del cierre del conteo y una diferencia que favorece al candidato de izquierda frente a López Aliaga.
Si ese escenario se confirma, Perú volverá a una definición política dura. De un lado, el fujimorismo, expresión de una derecha que carga con décadas de autoritarismo, neoliberalismo y poder familiar. Del otro, una candidatura que busca representar al interior postergado, al castillismo social y a una izquierda que intenta volver a disputar gobierno desde el territorio.
La Ruta Castillista no garantiza una victoria, pero ya dejó una señal fuerte: el Perú que fue tratado como atraso, problema o amenaza volvió a entrar en la conversación nacional. Y cuando ese Perú habla, la derecha responde con miedo porque sabe que detrás de cada voto rural, andino o popular hay una pregunta que sigue abierta: quién tiene derecho a gobernar y para quién se gobierna.
