La comparecencia del excomandante de la Armada ante la comisión investigadora no despejó las dudas sobre la compra de las patrulleras oceánicas. Al contrario: dejó más expuesta la responsabilidad política del exministro de Defensa, Javier García, en un contrato millonario que hoy aparece atravesado por reuniones poco claras, advertencias técnicas desoídas y garantías cuestionadas.
Una declaración que no alivió al exministro
El caso Cardama volvió a moverse en el Parlamento con la comparecencia del almirante retirado Jorge Wilson, excomandante en jefe de la Armada, ante la comisión especial que investiga el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas. La instancia era esperada por la oposición al gobierno actual para intentar sostener que la elección del astillero español había respondido a criterios técnicos. Pero el resultado fue bastante menos cómodo para el relato del exministro Javier García.
Wilson admitió que recomendó Cardama, pero marcó un límite central: la Armada podía asesorar, no decidir la compra. Según la versión taquigráfica, cuando se le preguntó por la recomendación, respondió que su oficio al ministro mencionaba tres astilleros y que “la decisión de cuál se compraba es política”. Esa frase cambia el eje del caso: ya no alcanza con esconderse detrás de un informe técnico, porque la responsabilidad final estaba en el Ministerio de Defensa.
El contrato había sido firmado el 15 de diciembre de 2023 por Javier García y el presidente de Astilleros Cardama, Mario Cardama. El monto oficial fue de 82.372.000 euros por dos buques de patrulla oceánica, con entregas previstas en plazos escalonados. No era una compra menor ni un trámite administrativo: era una decisión estratégica, millonaria y de alto impacto para el Estado uruguayo.
Reuniones, zonas grises y un expediente que no alcanza
Uno de los puntos más delicados de la comparecencia fue la existencia de reuniones con Cardama antes de que todo quedara completamente cerrado. Wilson dijo que participó en una reunión con representantes del astillero, junto a jerarcas de la Armada y del Ministerio, y que no recordaba si Javier García estaba o no estaba. También señaló que Cardama aclaró dudas surgidas tras la visita al astillero.
Ese dato no es menor. Si una empresa aparece en reuniones previas, si esas instancias no quedan debidamente registradas y si además luego termina siendo elegida para un contrato de más de 82 millones de euros, la pregunta política se vuelve inevitable: ¿quién habilitó ese camino y con qué controles?
Wilson también declaró que habló con García sobre el informe del jefe de Estado Mayor, le planteó su posición y que “no hay documentación que se haya elevado más allá de la conversación” que tuvo con él. En un contrato de este tamaño, esa frase pesa. Una conversación puede orientar una decisión, pero no puede sustituir la trazabilidad documental que debe tener una compra pública de esta magnitud.
El segundo hito y la advertencia técnica desoída
La situación de García queda todavía más comprometida cuando aparece el tramo final del proceso. Según la propia versión taquigráfica, la Armada solicitó al Ministerio la contratación de un ingeniero naval para estudiar la cuaderna maestra, un elemento técnico clave para validar el segundo hito del contrato. La respuesta fue negativa: se resolvió seguir adelante sin esa instancia externa y esperar la validación de Lloyd’s Register.
Ahí se concentra una de las preguntas más graves del caso: si la Armada reconocía que no tenía técnicos especializados para evaluar ese punto, ¿por qué el Ministerio no aceptó sumar una revisión independiente antes de avanzar? ¿Por qué se siguió adelante en un contrato millonario cuando existían advertencias técnicas que pedían más transparencia, más control y más respaldo profesional?
El gobierno actual resolvió rescindir el contrato con Cardama en febrero de 2026 por incumplimientos graves. Presidencia informó que la garantía de fiel cumplimiento no existía o era un documento falso, y que también se detectaron irregularidades en la garantía de reembolso. Además, anunció acciones para recuperar el patrimonio del Estado y determinar responsabilidades institucionales e individuales.
La comparecencia de Wilson no limpió el camino recorrido por Javier García. Lo dejó más marcado. Porque si la recomendación técnica era una cosa y la decisión política era otra, el centro del caso vuelve al despacho del exministro. Allí se firmó, allí se aceptaron las condiciones, allí se rechazaron controles adicionales y desde allí se empujó una compra que hoy el Estado intenta desarmar entre garantías falsas, pagos millonarios y una comisión parlamentaria que todavía tiene mucho por preguntar.
Fuente ; La Tapadita
