El gobierno procura cotizar y eventualmente vender o retirar el material construido en Vigo tras la rescisión del contrato con Cardama. El Estado ya pagó cerca de 30 millones de dólares por dos patrulleras oceánicas que quedaron en el camino, en un caso marcado por garantías cuestionadas, denuncias y una pesada herencia administrativa.
El llamado “Cardama Gate” vuelve a abrir un capítulo incómodo para el Estado uruguayo: qué hacer ahora con lo construido en España por un contrato que terminó frustrado, judicializado y bajo sospecha. Tras rescindir el acuerdo con el astillero Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional, el gobierno uruguayo comenzó a explorar alternativas para ponerle valor al material existente en Vigo y evitar que la pérdida para el país sea todavía mayor.
Según la información manejada, el Poder Ejecutivo pidió a astilleros de la zona de Vigo que coticen lo construido hasta ahora por Cardama, principalmente los módulos soldados de la primera patrullera frustrada. La idea es contar con una valoración técnica y comercial que permita definir si ese material puede ser vendido, reutilizado, trasladado o incorporado a alguna solución alternativa. No se trata de una operación sencilla: el propio gobierno ya reconoció que retirar lo construido no es algo que pueda resolverse de manera improvisada ni inmediata.
Entre los astilleros más próximos a Cardama aparecen Armon, dedicado a la construcción naval, y Armada, vinculado a tareas de mantenimiento. Por ahora, estos nombres deben ser leídos como actores posibles dentro del mapa industrial gallego, no como adjudicatarios ni compradores confirmados. La decisión final dependerá de la evaluación técnica, del estado real de los módulos, del costo logístico y del valor que efectivamente pueda recuperarse.
El trasfondo político y económico es mayor. Uruguay ya pagó alrededor de 30 millones de dólares en el marco de un contrato que debía culminar con la entrega de dos patrulleras oceánicas para fortalecer la capacidad de control marítimo de la Armada. Esas embarcaciones eran presentadas como una necesidad estratégica para vigilar la soberanía marítima, combatir la pesca ilegal y reforzar la presencia del Estado en aguas jurisdiccionales. Pero el proceso terminó derivando en un escándalo por incumplimientos, garantías cuestionadas y denuncias de posible fraude o estafa contra el Estado.
El gobierno de Yamandú Orsi resolvió rescindir el contrato en febrero de 2026, luego de señalar incumplimientos graves por parte de la empresa. Presidencia informó entonces que se iniciarían acciones para recuperar el patrimonio público, reclamar daños y perjuicios, definir responsabilidades institucionales e individuales y, al mismo tiempo, buscar alternativas para que la Armada no quedara sin una solución para sus necesidades operativas.
El punto más delicado del caso sigue siendo el sistema de garantías. En octubre de 2025, el gobierno ya había advertido que existían “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo” y anunció acciones administrativas, civiles y penales. Según la información oficial, una de las garantías presentadas vinculaba a Eurocommerce, una empresa cuya existencia y solvencia fueron seriamente cuestionadas por las autoridades uruguayas.
Cardama, por su parte, rechazó la postura del gobierno uruguayo y sostuvo que la rescisión fue ilegítima. La empresa también reclamó que Uruguay retire de sus instalaciones el material ya construido, argumentando que ocupa espacio y genera costos. Además, el astillero sostiene que, por contrato, la propiedad de lo construido hasta el momento pasaría al Estado uruguayo en caso de rescisión anticipada. Algunos reportes sitúan la estimación hecha por la empresa en torno a 28 millones de euros, aunque el gobierno todavía debe verificar si ese valor se corresponde realmente con lo existente en Vigo.
Ahí aparece el nuevo dilema: Uruguay puede ser propietario de módulos soldados, pero eso no significa automáticamente que tenga una patrullera, ni que el material tenga el valor declarado por Cardama, ni que trasladarlo o terminarlo sea económicamente razonable. La cotización solicitada a otros astilleros apunta justamente a separar la propaganda del dato técnico: cuánto vale lo construido, qué utilidad real tiene, cuánto costaría moverlo y si existe algún comprador o alternativa industrial viable.
El contrato original, anunciado por Cardama en diciembre de 2023, era por 82,37 millones de euros e incluía dos patrulleras oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga. La empresa lo presentó entonces como una noticia relevante para el sector naval español y para la Armada uruguaya. Dos años después, el saldo político es muy distinto: no hay patrulleras, hay dinero público comprometido, hay una controversia internacional y hay estructuras metálicas que Uruguay debe evaluar antes de decidir cómo recuperar algo de lo perdido.
Este caso no puede reducirse a una disputa entre administraciones ni a una pelea de comunicados. El centro debe estar en la defensa del interés público. Si hubo negligencia, improvisación, garantías débiles o decisiones tomadas sin el debido respaldo técnico, las responsabilidades deben investigarse hasta el final. Y si el Estado puede recuperar parte del valor de lo pagado, debe hacerlo con seriedad, transparencia y sin repetir los errores que llevaron a este punto.
