El gobierno de Yamandú Orsi llegará este martes a la presentación de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle con una admisión que pesa más que cualquier eslogan: está parado frente a uno de sus puntos más débiles. El lunes, como antesala del anuncio, Orsi se reunió con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, con el ministro del Interior, Carlos Negro, con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y con autoridades de ASSE, en una señal clara de que el problema ya desbordó el casillero del Mides y pasó a golpear de lleno sobre convivencia, salud, seguridad y deterioro urbano. La estrategia, según estaba previsto, se venía preparando desde agosto del año pasado con insumos recogidos durante tres meses entre actores de la sociedad civil, pero la realidad apuró los tiempos y terminó empujando el tema al centro de la agenda política.
No fue una decisión voluntarista ni una epifanía de escritorio. En los últimos días, episodios de violencia vinculados a personas en situación de calle y una andanada de cuestionamientos, incluso desde el propio oficialismo, volvieron a poner sobre la mesa una escena cada vez más visible y más imposible de disimular. Julieta Sierra, diputada del MPP, ya había dicho que este era el “punto más débil” del gobierno. Mario Bergara fue todavía más claro: lo que se viene haciendo “no es suficiente”, “no está funcionando” y deja la impresión de que el problema se agravó en poco tiempo, al punto de que hoy se manejan cifras que hace dos o tres años parecían imposibles. Rafael Michelini también salió a reclamar una reacción urgente. Cuando las críticas empiezan a brotar desde la propia vereda, lo que queda al descubierto no es una simple dificultad de gestión: es una herida social que se volvió demasiado grande para taparla con declaraciones prolijas.
Los números ayudan a entender por qué el asunto ya no entra en el cajón de los diagnósticos amables. El último censo disponible, realizado en 2023 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, registró 2.755 personas en situación de calle en Montevideo: 1.395 atendidas en refugios y 1.360 a la intemperie. Esa cifra ya implicaba un aumento de 24% respecto de la medición de 2021. Pero desde entonces ni siquiera volvió a hacerse un nuevo censo, de modo que el país discute una emergencia creciente con una fotografía vieja en la mano. Aun así, el propio Mides dejó trascender en estas horas un dato todavía más duro: la cantidad de personas atendidas en centros de 24 horas aumentó 50%, al pasar de 5.500 en marzo de 2025 a 8.266. No hace falta demasiado esfuerzo para entender lo que eso significa: la pobreza extrema se expandió, se volvió más visible, más cruda y más difícil de contener con dispositivos pensados para otro volumen del problema.
Alejandro Sánchez lo reconoció sin demasiados rodeos al definir la situación como “uno de los problemas más grandes” del gobierno y una auténtica “debilidad”. También puso sobre la mesa algo que muchas veces se usa para barrer la mugre abajo de la alfombra: detrás de la vida en la calle no hay una sola causa ni una explicación moralista que tranquilice conciencias, sino consumo problemático de drogas, padecimientos de salud mental, procesos de desvinculación social y trayectorias marcadas por el egreso del sistema carcelario. Ahí está, justamente, el núcleo de la cuestión. La calle no aparece como un accidente individual sino como el punto donde terminan chocando el fracaso de varias políticas públicas a la vez. Y cuando el paisaje urbano se llena de personas expulsadas de todo lazo estable, lo que queda en evidencia no es apenas una crisis de asistencia: es el modo en que una sociedad administra sus descartes.
El gobierno dice que va a trabajar “a dos velocidades”. Por un lado, con la urgencia de sacar gente de la calle; por otro, con medidas de más largo aliento para atacar las raíces del problema. En esa batería de propuestas aparecen programas de vivienda social para personas que puedan reubicarse y convivir en pequeños grupos de tres, cuatro o cinco con acompañamiento terapéutico mínimo; derivaciones a programas específicos para tratar adicciones; atención en centros de salud mental; y una política de anticipación sobre quienes están por egresar del sistema carcelario, para evitar que salgan de prisión directo a la intemperie. En los papeles suena razonable. El punto será si esa arquitectura llega con recursos, coordinación real y capacidad para intervenir sobre un fenómeno que no empezó ayer ni se corrige con un acto oficial y una conferencia de prensa prolija.
Porque el fondo del asunto no está solamente en cuántas camas faltan o cuántos cupos pueden abrirse en tal o cual dispositivo. Lo que golpea en la situación de calle es la evidencia de una fractura social cada vez más ancha. Un Estado que durante años permitió que se acumularan adicción, enfermedad, expulsión del mercado laboral, deterioro de los vínculos y salidas de la cárcel sin red mínima, después se sorprende cuando la calle se convierte en destino. Y entonces aparece la tentación de discutir el tema solo en clave de “paisaje ciudadano”, “convivencia” o “sensación de inseguridad”, como si el problema principal fuera lo que molesta a la vista del que pasa y no el derrumbe material de quienes quedaron del otro lado de todo. La calle hiere la sensibilidad, sí, pero antes de herir la sensibilidad de dirigentes y vecinos viene triturando vidas concretas.
También por eso resultó sintomático el cruce político que dejó Sánchez al salir a cuestionar a Michelini y preguntarle qué propuesta concreta hizo su sector en vez de limitarse a buscar un chivo expiatorio en Civila. El señalamiento puede sonar defensivo, pero toca una fibra real: alrededor de la situación de calle abundan los diagnósticos indignados y escasean las respuestas capaces de ir más allá de la gestión del amontonamiento. Lo fácil siempre es encontrar un responsable individual para descargar la bronca del momento. Lo difícil es hacerse cargo de que el problema viene incubándose hace años y que ningún gobierno entra limpio a este balance.
La estrategia que se anunciará este martes será importante, pero no porque venga a resolver mágicamente una crisis que se expandió durante demasiado tiempo, sino porque obligará a mostrar si de verdad existe voluntad de enfrentarla como lo que es: una emergencia humanitaria, social y política. Si la salida queda reducida a mover cuerpos de un punto visible a otro menos molesto, será apenas administración del descarte. Si en cambio el Estado decide intervenir en serio sobre vivienda, salud mental, adicciones, egreso carcelario y acompañamiento sostenido, entonces recién podrá empezar a hablarse de otra cosa. Por ahora, lo único indiscutible es esto: la calle dejó de ser un síntoma lateral y pasó a transformarse en una acusación diaria contra un sistema que sigue produciendo expulsados más rápido de lo que es capaz de abrazarlos.
