El punto de fondo no es menor. La defensa sostiene que, después de más de una década, los acusados siguen sometidos a proceso sin sentencia y, además, sin poder acceder de forma completa a documentación que considera esencial para ejercer su defensa.
Trece años después de los procesamientos y con la causa todavía sin condena, el caso Pluna volvió a escalar, esta vez en el plano internacional. Matías Campiani, exsocio privado de la aerolínea, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación del plazo razonable, mientras sus exsocios Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde impulsaron planteos similares vinculados a la prisión preventiva que cumplieron entre 2013 y 2015. La propia comisión ya dio traslado al Estado uruguayo para que se pronuncie sobre la admisibilidad del reclamo.
El punto de fondo no es menor. La defensa sostiene que, después de más de una década, los acusados siguen sometidos a proceso sin sentencia y, además, sin poder acceder de forma completa a documentación que considera esencial para ejercer su defensa. En el centro de esa controversia aparecen siete documentos que no han sido localizados y que, según se ha señalado en sede judicial, fueron solicitados hace años por la defensa y continúan sin aparecer.
La situación vuelve a poner sobre la mesa un problema que excede a los nombres propios y a las disputas empresariales: el costo institucional de los expedientes que se arrastran durante años bajo lógicas del viejo proceso penal uruguayo, un sistema que ya fue reformado precisamente por sus déficits en materia de garantías. El caso Pluna, por su peso político, mediático y económico, se transformó otra vez en una radiografía incómoda de ese arrastre.
Según trascendió, entre el material extraviado figuran anexos vinculados a la suscripción de acciones cuando Leadgate asumió el control de la empresa, dictámenes jurídicos del Estado, estados contables y documentación relacionada con operaciones de sale and leaseback. No se trata, por tanto, de papeles marginales, sino de piezas que la defensa considera necesarias para discutir la hipótesis que dio origen a los procesamientos.
La controversia sobre esos archivos también abre otra discusión delicada: cómo es posible que documentación considerada relevante para defender al Estado uruguayo en el arbitraje internacional por Pluna haya podido ser utilizada en ese ámbito, mientras en la causa penal local continúa siendo reclamada sin éxito por quienes deben defenderse. Esa contradicción es uno de los ejes del planteo presentado ante la CIDH y alimenta la idea de que el expediente ha quedado atrapado en una madeja de demoras, omisiones administrativas y desorden documental.
El caso, además, se inscribe en una historia más larga. La defensa de Campiani recuerda antecedentes internacionales adversos para Uruguay, como el de los hermanos Peirano Basso, y subraya que el viejo esquema procesal ya había sido cuestionado por afectar garantías fundamentales. No es un detalle menor: los socios de Pluna siguen siendo juzgados bajo ese régimen anterior, pese a que el país modificó después su sistema penal.
Desde una perspectiva política más amplia, lo que hoy aparece ante la CIDH no debería leerse como un episodio aislado ni como un reflejo automático de la actual administración, sino como la persistencia de una herencia institucional pesada, nacida de decisiones, prácticas y climas de época que atravesaron distintos gobiernos y distintos momentos del Estado. El desafío para Uruguay no es defender indefendibles ni reescribir la historia, sino demostrar que puede dar una respuesta seria, garantista y transparente ante un expediente que lleva demasiado tiempo abierto.
Porque cuando una causa penal se extiende por más de una década, cuando la prueba se pierde o no aparece, y cuando el propio aparato estatal ofrece versiones cruzadas sobre dónde está la documentación, lo que queda en cuestión ya no es solamente la suerte judicial de los involucrados, sino la credibilidad del sistema. Y ese sí es un asunto de interés público mayor.
Pluna: 13 años después, la causa llega a la CIDH papeles perdidos y las secuelas del viejo proceso penal.
