Mientras el gobierno de Yamandú Orsi busca fortalecer la respuesta estatal ante la situación de calle y ordenar un ministerio atravesado por viejas precariedades, en el Frente Amplio crecieron las tensiones alrededor de Gonzalo Civila. Desde el socialismo denuncian operaciones políticas, cuestionan la incidencia de sectores comunistas y radicales en el conflicto sindical y advierten que parte del problema no está en la falta de voluntad política, sino en una estructura tercerizada y burocrática que arrastra fallas desde hace años.
La interna del Ministerio de Desarrollo Social se transformó en uno de los puntos de mayor fricción política dentro del oficialismo. En momentos en que el gobierno de Yamandú Orsi intenta afirmar una nueva estrategia para atender la situación de calle y recomponer capacidades estatales en un área especialmente sensible, la gestión de Gonzalo Civila quedó bajo presión por críticas, cuestionamientos internos y un clima de desgaste que, según dirigentes socialistas, ya no puede leerse solo como debate político normal. Desde ese sector se habla abiertamente de operaciones y de un fuego amigo que termina debilitando a un ministerio que enfrenta urgencias sociales reales y una herencia institucional pesada.
El tema fue discutido por el Comité Ejecutivo del Partido Socialista en la antesala de la conferencia en la que Civila apareció junto al presidente para anunciar la nueva estrategia hacia personas en situación de calle. Allí, además del respaldo político al ministro, se analizaron las dificultades en el vínculo con sindicatos y la presión que viene desde sectores de la propia izquierda. No se trata de una discusión menor: días antes, desde Presidencia ya se había advertido sobre la existencia de operaciones políticas contra Civila, y el secretario general socialista, Pablo Oribe, sostuvo públicamente que esas maniobras existen y que la respuesta debía ser elevar el debate y cerrar filas en defensa de la estrategia que impulsa el gobierno.
A nivel institucional, el vínculo entre socialistas y comunistas se mantiene abierto y sin ruptura. La dirigencia socialista destaca que hay buen relacionamiento formal con el Partido Comunista, que existen canales bilaterales en marcha y que el subsecretario del Mides, Federico Graña, mantiene coordinación fluida con Civila. El propio Graña negó públicamente la existencia de operaciones. Pero esa normalidad de superficie convive con otra lectura, mucho más áspera, en la interna: en el socialismo crece la convicción de que hay sectores que vienen castigando la gestión del ministro con un tono desmedido, amplificando errores, cargando responsabilidades de forma interesada y apostando a erosionar políticamente una conducción que recién empieza a intentar ordenar un terreno devastado.
En ese cuadro aparecen también cuestionamientos a militantes comunistas y de la izquierda más radical por su actitud frente al ministerio, tanto en redes sociales como en ámbitos políticos y sindicales. Entre los socialistas circulan referencias a publicaciones críticas de militantes de la UJC y también malestar por lo que interpretan como escaso involucramiento de algunos sectores comunistas en la política de calle, combinado con mayor presencia en focos de conflicto. A eso se suman reparos hacia movimientos de figuras que buscan capitalizar el malestar de sectores desencantados, en una disputa que empieza a mostrar que alrededor del Mides no solo se debate gestión: también se mide poder dentro de la izquierda.
Uno de los nudos más delicados está en el conflicto con el sindicato de tercerizados, Sutiga. Desde filas socialistas se observa con preocupación la incidencia que tendrían dirigentes comunistas y también de la Unidad Popular en la dinámica del gremio. La sospecha es que parte de los problemas en el relacionamiento no responde únicamente a reclamos legítimos de los trabajadores, sino también a orientaciones políticas que a veces desbordan el diálogo formal que el sindicato mantiene con el ministerio. Eso no anula la validez del reclamo salarial, pero sí obliga a mirar el cuadro completo y a no confundir deliberadamente una crisis estructural con una supuesta desidia política del Mides.
Porque el conflicto existe, y es serio. Sutiga reclama la presupuestación del sector y anunció un paro de 24 horas por atrasos salariales que afectan a más de mil trabajadores de unas cinco ONG. Pero incluso desde el propio oficialismo se viene insistiendo en que la raíz del problema no está en una falta de liquidez del Mides. Lo que aparece, según distintas voces de la izquierda que intervienen en el área, son trabas administrativas, omisiones de organizaciones de la sociedad civil y dinámicas burocráticas que impiden que los pagos salgan en fecha. Dicho de otro modo: el ministerio está pagando las consecuencias de un sistema de tercerización frágil, opaco y poco robusto, armado durante años como sustituto barato de una política pública con más Estado y más estructura propia.
Ahí está, probablemente, el punto político de fondo. Querer cargar toda la responsabilidad sobre Civila no solo simplifica de forma interesada un problema complejo; también tapa la discusión de fondo sobre cómo se reconstruye una institucionalidad social capaz de responder con eficacia, control y presencia estatal. Si el Mides hoy enfrenta dificultades para ordenar pagos, controlar convenios y responder con rapidez, eso también habla de un ministerio que durante demasiado tiempo trabajó sobre bases débiles, tercerizaciones extendidas y capacidades insuficientes. En lugar de usar esa fragilidad para golpear a un ministro o para hacer pequeñas guerras de aparato, la izquierda debería discutir cómo fortalecer la herramienta pública que dice defender.
En un gobierno que recién empieza y que asumió con el compromiso de recomponer el papel del Estado en áreas sensibles, la política social necesita respaldo, seriedad y perspectiva estratégica. La discusión sobre Civila no puede resolverse al ritmo de operaciones, posteos o internas menores. Lo que está en juego es bastante más importante: si el gobierno de Orsi logra transformar un ministerio tensionado por urgencias sociales y herencias de precarización, o si una parte de la energía del campo popular se seguirá consumiendo en disputas internas que terminan favoreciendo a quienes siempre quisieron un Estado más débil, más tercerizado y menos capaz de cuidar a los de abajo.
