Pero esa trama de solidaridad que emergió desde abajo no quedó al margen de la disputa por el poder, el control y el relato. Con el correr de los meses, la asistencia alimentaria se transformó también en un terreno de confrontación política. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado entonces por Martín Lema, impulsó una ofensiva contra la Coordinadora Popular y Solidaria que incluyó pedidos de información, retiro del apoyo, denuncia penal y posterior ampliación de esa denuncia. El impacto público fue inmediato. Mucho más difícil de encontrar, en cambio, fue una evolución posterior de la causa con la misma contundencia que tuvo su lanzamiento.
Esa es una de las historias. La otra corre en paralelo y obliga a mirar hacia el propio Estado. Mientras la Coordinadora quedaba bajo sospecha, el MIDES canalizaba la asistencia a través de convenios millonarios con Uruguay Adelante, un esquema que también acumuló preguntas parlamentarias, observaciones del Tribunal de Cuentas, cuestionamientos sobre controles y controversias posteriores por rendiciones, boletas y facturas. La documentación reunida hasta ahora muestra que ese convenio rigió entre marzo de 2021 y febrero de 2023, y movilizó $332,5 millones.
Cómo se distribuyeron el reconocimiento, la sospecha y la impunidad política alrededor de esa asistencia?.Porque mientras una red social nacida de la emergencia era expuesta con estruendo, el otro carril de la ayuda alimentaria avanzaba bajo un régimen de tercerización que también dejó preguntas abiertas. Y es en ese contraste, más que en cualquier consigna, donde aparece el verdadero centro de esta historia.
🟥La asistencia se volvió una disputa por control y legitimidad
El problema no empezó con una denuncia penal. Empezó antes, cuando la emergencia alimentaria dejó de ser solamente una cuestión social y pasó a convertirse también en una disputa por el control de la asistencia, por la legitimidad de quienes la organizaban y por el crédito político de esa respuesta. En ese punto, las ollas populares dejaron de ser vistas únicamente como una red de contención barrial y empezaron a ser tratadas, desde el poder, como un actor incómodo: demasiado visible, demasiado arraigado en el territorio y demasiado difícil de absorber dentro del relato oficial.
Ese corrimiento es clave para entender lo que vino después. La secuencia reconstruida en el material de trabajo muestra que el conflicto entre el MIDES y la Coordinadora Popular y Solidaria no apareció de golpe ni por un hallazgo judicial concluyente, sino como un proceso escalonado: pedido de datos, tensiones por la intermediación, retiro del apoyo, denuncia pública y ampliación posterior de la denuncia. El ruido político fue inmediato. La sospecha quedó instalada desde arriba, con toda la potencia institucional y mediática que eso implicaba
Pero mientras una parte de la red solidaria era empujada al centro de la sospecha pública, el Estado consolidaba por otro carril un esquema diferente para canalizar la asistencia alimentaria. Esa otra vía tuvo nombre, estructura y recursos: Uruguay Adelante. Y tampoco estuvo exenta de preguntas. Los convenios, según la documentación oficial ya reunida, movilizaron montos millonarios, fueron objeto de pedidos de informes parlamentarios, motivaron observaciones del Tribunal de Cuentas y terminaron envueltos en controversias sobre controles, rendiciones y respaldo documental.
Ahí es donde las dos historias dejan de ser paralelas y empiezan a iluminarse entre sí. El contraste no reside sólo en quién repartía alimentos, sino en cómo el poder eligió mirar a unos y a otros. De un lado, una organización nacida en la urgencia barrial fue expuesta como problema. Del otro, un esquema tercerizado sostenido con fondos públicos avanzó entre excepciones, reparos y cuestionamientos que nunca tuvieron el mismo estruendo político. Esa diferencia de tratamiento es uno de los puntos más sensibles de toda la historia.
Leída en conjunto, la secuencia permite formular una hipótesis más profunda que la de una simple disputa administrativa. Lo que aparece es una operación de reordenamiento del campo de la asistencia alimentaria: quitar centralidad a la red organizada desde los barrios, disputar su legitimidad y correr el mérito de la respuesta hacia un esquema más controlable desde el Estado. Si la causa contra la Coordinadora terminó siendo mucho más potente como efecto político que como resultado visible en sede judicial, entonces la pregunta ya no es sólo qué se denunció, sino para qué se denunció.
La construcción de la sospecha
La ofensiva contra la Coordinadora Popular y Solidaria no irrumpió de un día para el otro. Se fue armando en una secuencia precisa, escalonada, en la que cada paso agregó presión política, exposición pública y desgaste sobre una red que había ganado centralidad en los barrios durante la emergencia. El conflicto comenzó a tomar forma a fines de agosto de 2022, cuando el MIDES pidió una actualización de datos sobre las ollas. En las semanas siguientes, la discusión por esa información dejó de ser un intercambio administrativo y pasó a convertirse en una disputa abierta sobre quién controlaba la asistencia, quién validaba a las ollas y quién tenía la autoridad para hablar en nombre de esa red territorial
El 23 de setiembre de 2022, la Coordinadora comunicó públicamente que estaba dispuesta a entregar los datos y pidió una reunión con Martín Lema. Pero el conflicto ya había escalado. El 1° de octubre, el MIDES cortó la intermediación de la Coordinadora y ese mismo día la CPS envió la información. Ese detalle importa porque muestra que el centro del choque no fue solamente la existencia o no de datos, sino el modo en que se procesó políticamente esa tensión. A esa altura, la relación ya estaba quebrada y el gobierno había empezado a construir un encuadre donde la Coordinadora dejaba de aparecer como parte de la respuesta social a la emergencia y comenzaba a ser presentada como un problema.
La ruptura se volvió estruendo el 9 de noviembre de 2022, cuando Presidencia anunció que el MIDES denunciaría a la Coordinadora ante Fiscalía por presuntas irregularidades en la distribución de alimentos. El ministerio habló entonces de unas 200 visitas realizadas, de 68 ollas no encontradas o que nunca habrían funcionado y de un supuesto inflado de cifras. En diciembre, además, Lema anunció la ampliación de la denuncia. El efecto político de esa secuencia fue inmediato: la sospecha quedó instalada desde el aparato estatal, con respaldo comunicacional y con una narrativa que desplazaba el eje desde el hambre en los barrios hacia la presunta irregularidad de quienes habían organizado parte de la respuesta.
La Coordinadora y sus abogados respondieron en dos planos. Por un lado, denunciaron una maniobra política de desprestigio contra las ollas y contra una experiencia de organización popular que había ocupado un lugar central durante la pandemia. Por otro, cuestionaron la consistencia jurídica de la denuncia. Ese punto es importante porque ayuda a entender por qué esta historia no se agota en el anuncio del MIDES.
Y ahí aparece uno de los puntos más delicados . Porque en 2024 seguían apareciendo referencias periodísticas a una causa abierta, pero sin avances visibles notorios, y entre 2024 y 2025 se informó además sobre un pedido de retirar o archivar la denuncia. Es decir: la operación tuvo una eficacia política inmediata, incluso aunque el expediente no mostrara, al menos públicamente, una evolución equivalente. Esa desproporción entre el impacto inicial y el resultado visible posterior es lo que alimenta la lectura de que la denuncia no actuó sólo como instrumento judicial, sino también como herramienta de disciplinamiento, desgaste y disputa por el sentido de la asistencia alimentaria en pandemia.
Crédito: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Uruguay Adelante, convenios, controles y zonas grises
Mientras la Coordinadora Popular y Solidaria era empujada al centro de la sospecha pública, el otro carril de la asistencia alimentaria seguía funcionando bajo una lógica distinta: convenios estatales, tercerización y manejo concentrado de recursos a través de Uruguay Adelante.Ese esquema no fue marginal ni transitorio: rigió entre el 24 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023 y movilizó $332,5 millones. Esa cifra, por sí sola, obliga a correr la mirada del estruendo político sobre las ollas hacia el diseño institucional que el propio MIDES eligió para canalizar buena parte de la ayuda.
Lo relevante no es sólo el volumen del dinero, sino el tipo de arquitectura que se consolidó alrededor de él. Los pedidos de informes parlamentarios de 2021 y 2022, la respuesta oficial del MIDES en 2023 y la resolución 1435/2022 del Tribunal de Cuentas muestran que el convenio con Uruguay Adelante fue observado desde temprano por sus controles, por su modalidad de contratación y por la información contable remitida. El propio Tribunal de Cuentas es una de las piezas más fuertes porque deja constancia de reparos sobre el diseño del convenio, la falta de información contable en las actuaciones y votos discordes que reclamaban una observación más severa.
A eso se sumó, más adelante, una nueva capa de cuestionamientos. En junio de 2024 se difundió que había $63 millones en gastos sin respaldo de facturas según una respuesta a un pedido de acceso a la información pública; el MIDES respondió al día siguiente que la documentación estaba completa, mientras Uruguay Adelante atribuyó el problema a un “error administrativo”. El episodio no cerró el debate: al contrario, volvió a poner en primer plano la distancia entre los montos ejecutados, la trazabilidad real del gasto y la calidad de los controles aplicados sobre un esquema que había sido presentado como una solución eficiente para la emergencia.
Foto:Semanario Voces
En esa trama aparece también una figura central: Santiago Pérez, fundador de Uruguay Adelante. En octubre de 2022,dejó la presidencia de la ONG por una incompatibilidad estatutaria vinculada a que cobraba salario como empleado de la propia organización, pero siguió como director general. Ese dato no es menor, porque muestra que la estructura que el Estado mantuvo como socio privilegiado para la distribución alimentaria no estuvo exenta de controversias internas sobre gobierno, roles y manejo institucional.
Foto :Semanario Voces
El contraste con la otra rama de la historia vuelve a hacerse evidente ahí. Mientras la Coordinadora fue expuesta con una narrativa de presunta irregularidad que tuvo altísimo impacto político, el esquema tercerizado de Uruguay Adelante siguió acumulando observaciones, pedidos de informes y controversias sin recibir el mismo tratamiento público ni la misma intensidad de estigmatización. No se trata de afirmar que ambos casos sean idénticos, sino de señalar que el Estado aplicó varas distintas frente a actores que ocupaban lugares muy diferentes dentro del mapa de la asistencia alimentaria.
Uruguay Adelante no aparece sólo como un proveedor o un instrumento logístico. Aparece como el otro rostro del reordenamiento de la asistencia durante la pandemia: un carril avalado, financiado y sostenido por el MIDES, incluso cuando sobre ese mismo carril ya pesaban preguntas parlamentarias, reparos institucionales y dudas posteriores sobre rendiciones, boletas y facturas. Ahí está uno de los nudos más fuertes : no sólo quién ayudó a sostener la comida en los barrios, sino bajo qué forma el Estado decidió legitimar a unos y poner bajo sospecha a otros.
Dos varas, un mismo objetivo político
La causa contra la Coordinadora Popular y Solidaria y la historia de Uruguay Adelante podrían parecer apenas dos episodios distintos dentro del sistema de asistencia alimentaria de la pandemia. En cambio, muestran algo más profundo: una misma política de reorganización del campo social, aplicada con criterios muy diferentes según quién ocupaba el territorio, quién acumulaba legitimidad en los barrios y quién podía convertirse en una amenaza para el relato oficial. Mientras una red nacida desde abajo era empujada al banquillo de la sospecha pública, la asistencia avanzaba bajo cobertura estatal, con convenios millonarios, contrataciones observadas y controversias posteriores sobre controles y rendiciones.
Ahí es donde la categoría de lawfare deja de ser una consigna y empieza a funcionar como una hipótesis política concreta. No se trata sólo de que el MIDES denunciara a la Coordinadora: se trata de observar cómo esa denuncia operó en la esfera pública. El golpe comunicacional fue inmediato, la sospecha quedó instalada, el señalamiento tuvo amplia repercusión y el mensaje político fue claro. Pero, al mismo tiempo, el propio material reunido hasta ahora indica que el recorrido posterior del expediente no mostró, en lo públicamente documentado, una contundencia equivalente al estruendo inicial;una causa sin avances visibles notorios y a un posterior pedido de retirar o archivar la denuncia.
Dicho de otro modo: la causa pareció tener una eficacia política mucho más visible que una eficacia judicial comprobable. Y ese es precisamente uno de los mecanismos clásicos del lawfare: criminalizar primero, probar después —o no probar nunca con la misma potencia con que se acusó—, porque el objetivo central no siempre es obtener una condena, sino instalar una marca, erosionar legitimidad, desgastar a un actor social y reordenar el sentido común alrededor de él. En este caso, la operación resultó especialmente funcional porque recayó sobre una red de ollas y organizaciones barriales que había adquirido una legitimidad concreta en el territorio, al calor de la emergencia alimentaria y frente a la insuficiencia estatal.
En paralelo, el esquema de Uruguay Adelante muestra la otra cara del mismo proceso. Mientras desde el poder se amplificaba la presunta irregularidad de las ollas, el Estado sostenía un sistema tercerizado que movió, según la respuesta oficial del MIDES , $332,5 millones entre marzo de 2021 y febrero de 2023, y que acumuló pedidos de informes parlamentarios, una resolución del Tribunal de Cuentas con observaciones y votos discordes, y más tarde una controversia pública por $63 millones en gastos sin respaldo de facturas.
El contraste, entonces, no es sólo moral ni retórico: es institucional. A un actor se lo expuso con toda la fuerza política de una denuncia penal; al otro se lo sostuvo dentro de la arquitectura oficial aun cuando ya existían preguntas, reparos y sombras sobre sus controles. Esa diferencia de trato no prueba por sí sola una conspiración cerrada, pero sí deja ver una selectividad política demasiado nítida como para ser ignorada. De un lado, la espectacularización de la sospecha. Del otro, la administración opaca de los problemas.
En medio de una de las crisis sociales más duras del país, el gobierno de Lacalle Pou y el MIDES de Martín Lema parecieron usar la denuncia contra la Coordinadora no sólo como herramienta administrativa o judicial, sino también como una forma de desacreditar a las ollas populares, disputarles el crédito de la asistencia y caranchear políticamente una tragedia social. Mientras la causa quedaba, al menos en lo que hoy se puede ver, dormida en el fondo de un cajón, el efecto buscado ya estaba producido: la organización popular había sido puesta bajo sospecha y el foco público se había corrido de otro tipo de manejos que también exigían explicación.
Lo que deja esta historia no es sólo una discusión sobre expedientes, convenios o rendiciones. Deja, sobre todo, un mapa de prioridades políticas. Cuando el hambre apretó, fueron los barrios, las ollas y las redes solidarias los que sostuvieron una parte decisiva de la respuesta. Después vino otra pelea: la de quién se quedaba con la legitimidad de esa asistencia, quién cargaba con la sospecha y quién quedaba a resguardo del escrutinio público. En ese reparto desigual, la Coordinadora Popular y Solidaria fue empujada al centro de una denuncia de enorme impacto político, mientras el carril institucional de Uruguay Adelante avanzó entre observaciones, reparos y controversias que nunca tuvieron el mismo estruendo.
Si la causa contra las ollas terminó siendo, al menos en lo que hoy está públicamente a la vista, mucho más potente como señalamiento que como resultado visible, entonces el problema excede largamente lo judicial. La pregunta de fondo ya no es sólo qué quiso investigar el Estado, sino también qué quiso disciplinar, qué quiso desacreditar y qué otros manejos quedaron fuera del foco mientras la sospecha se montaba sobre la organización popular. Porque durante la pandemia no sólo se repartieron alimentos: también se repartieron castigos, coberturas y créditos políticos. Y en ese contraste, más que en cualquier consigna, es donde esta historia muestra su verdadero alcance.
Quatroges
Fuentes
Documentos oficiales
- Pedido de informes parlamentario sobre Uruguay Adelante en zona metropolitana, Oficio 03880 / C-1387-2021 (21 de abril de 2021).
- Respuesta del MIDES a pedido parlamentario sobre la operativa con Uruguay Adelante, Respuesta 05509 (16 de febrero de 2022).
- Tribunal de Cuentas de la República, Resolución 1435/2022, expediente 2022-17-1-0002190, sobre contratación por excepción con Uruguay Adelante (25 de mayo de 2022).
- Pedido de informes parlamentario sobre renovación del convenio MIDES–Uruguay Adelante, Oficio 08062 / C-2965-2022 (4 de octubre de 2022).
- Respuesta del MIDES al Parlamento sobre monto total, vigencia y cierre del convenio con Uruguay Adelante, Respuesta 09583 (12 de julio de 2023).
Fuentes periodísticas
- Presidencia de la República / Gub.uy, anuncio oficial de denuncia del MIDES a Fiscalía por irregularidades en la distribución de alimentos (9 de noviembre de 2022).
- Montevideo Portal, cobertura sobre el pedido de datos de la Coordinadora Popular y Solidaria y solicitud de reunión con Martín Lema (23 de setiembre de 2022).
- Montevideo Portal, cobertura sobre la entrega de datos por parte de la Coordinadora luego del retiro del apoyo del MIDES (1 de octubre de 2022).
- la diaria, respuesta pública de la Coordinadora Popular y Solidaria a la denuncia del MIDES (10 de noviembre de 2022).
- Telenoche, cobertura sobre la ampliación de la denuncia anunciada por Martín Lema (5 de diciembre de 2022).
- Brecha, “Después del ruido”, sobre el escaso avance visible posterior de la causa contra la Coordinadora (9 de febrero de 2024).
- El Observador, cobertura sobre los $63 millones en gastos sin respaldo de facturas en Uruguay Adelante según acceso a la información pública (13 de junio de 2024).
- Montevideo Portal, respuesta del MIDES a la controversia por documentación y facturas de Uruguay Adelante (14 de junio de 2024).
- Todo Noticias, cobertura sobre el pedido de retirar la denuncia contra la Coordinadora en la transición hacia nuevas autoridades (30 de diciembre de 2024).
