En los peores momentos de la crisis social que dejó la pandemia, cuando en muchos barrios el Estado no llegaba o llegaba tarde, fueron las redes de vecinos, las ollas populares y los merenderos los que sostuvieron lo más básico: que miles de personas pudieran comer. En ese entramado nació y creció la Coordinadora Popular y Solidaria, no como un aparato extraño ni como una estructura profesionalizada, sino como una respuesta de emergencia levantada por gente común para enfrentar una necesidad brutal. Mientras desde arriba se hablaba de recuperación, en los barrios seguía habiendo hambre, y esa distancia entre el discurso oficial y la realidad fue una de las claves del conflicto.
Lo que vino después fue una maniobra que, vista con el tiempo, tiene todos los rasgos de una operación de estigmatización. El MIDES decidió retirar a la coordinadora como intermediaria de la distribución de alimentos y poco después anunció una denuncia penal en Fiscalía, acompañada de una conferencia pública en la que Martín Lema habló de números inflados, falta de transparencia, uso partidario de la distribución e incluso posibles apropiaciones indebidas. El mensaje político fue inmediato: instalar la idea de que detrás de las ollas había una organización turbia, interesada y manipuladora. No se discutía solamente una forma de gestión; se ponía bajo sospecha a una experiencia social nacida para suplir la ausencia estatal.
Ese movimiento tuvo consecuencias concretas. No solo golpeó públicamente a la Coordinadora Popular y Solidaria, sino que ayudó a debilitar la legitimidad de las organizaciones barriales que habían tomado en sus manos una tarea que el propio Estado no estaba resolviendo. En lugar de fortalecer una red social que estaba conteniendo el desastre, el gobierno optó por confrontarla, aislarla y convertirla en problema. El trasfondo era también político: las ollas no solo daban de comer, también mostraban que la emergencia social seguía viva y que la tan anunciada reactivación no estaba llegando a los sectores más castigados.
Hay además una contradicción difícil de ignorar. Mientras la coordinadora era señalada con enorme despliegue mediático, la política de apoyo alimentario en Montevideo y el área metropolitana había sido canalizada por el gobierno a través de Uruguay Adelante, mediante convenios y transferencias millonarias. Esa decisión de tercerizar ya había sido criticada en 2021 por el sindicato del MIDES, que cuestionó que una tarea propia de políticas sociales fuera desplazada hacia una fundación externa. Y en 2024 surgieron nuevos cuestionamientos públicos sobre decenas de millones de pesos gestionados por Uruguay Adelante sin respaldo completo de facturas. El contraste es fuerte: a las organizaciones populares se las expuso penal y mediáticamente; sobre la estructura tercerizada elegida por el propio Estado, los controles quedaron bajo una sombra nada menor.
Por eso la lectura de lawfare no aparece como un exceso retórico, sino como una conclusión política plausible. No porque se pueda negar que en una red tan amplia haya podido haber errores, desorden o conflictos internos, sino porque el camino elegido fue el de la criminalización pública antes que el de la aclaración seria, la corrección administrativa o la reconstrucción institucional del sistema de apoyo alimentario. La propia formulación de la denuncia muestra esa debilidad: el MIDES llegó a admitir que no apuntaba contra ninguna persona en particular, sino contra irregularidades ocurridas en la órbita de la organización. Y abogados consultados sobre el caso sostuvieron que una denuncia planteada de ese modo era muy difícil de investigar penalmente, porque las organizaciones sociales no son responsables penales como tales y porque el Estado había delegado en particulares una función que le correspondía ejercer y controlar.
Dicho de otro modo: se construyó un gran escándalo público, pero sin una individualización clara de responsabilidades, sin avances notorios en sede judicial y sin que ni la propia Coordinadora, ni Uruguay Adelante, ni autoridades del MIDES hubieran sido llamadas a declarar en la etapa que pudo verificarse públicamente. Eso refuerza la impresión de que la denuncia operó más como herramienta de desgaste político y disciplinamiento social que como una investigación penal sólida destinada a probar delitos concretos.
Mientras tanto, las ollas siguieron existiendo. Años después del estruendo mediático, la Coordinadora Popular y Solidaria seguía funcionando y reclamando más insumos ante un problema que nunca desapareció. En 2025 todavía se informaba públicamente que en Montevideo funcionaban más de 250 ollas y merenderos, y que la coordinadora seguía reclamando refuerzo de suministros porque la necesidad seguía ahí. Eso también dice mucho: lo que el poder quiso presentar como una anomalía sospechosa siguió siendo, en realidad, una red social imprescindible para sostener la vida en los barrios.
En cuanto a la situación legal actual de la causa, conviene ser precisos. Lo último públicamente verificable es que en febrero de 2024 el expediente seguía abierto, pero sin avances constatables, y que no había personas citadas ni responsables individualizados en la denuncia tal como fue presentada. Luego, en julio de 2025, se informó que existía en el MIDES un expediente administrativo para tramitar el pedido de la Coordinadora Popular y Solidaria de que la denuncia fuera archivada. No aparece una resolución pública posterior que confirme formalización, condena o archivo judicial definitivo. Por eso, lo más riguroso es señalar que la causa, al menos en su estado públicamente accesible, no mostró avances penales sustantivos y quedó envuelta en un prolongado limbo, muy lejos del estruendo con el que fue lanzada.
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