Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se empujó una idea de país ofrecido en bandeja para megaproyectos offshore de hidrógeno verde,hoy el camino es otro.
Lo de fondo no es solo un llamado que quedó en pausa. Lo que aparece acá es un cambio de libreto. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se empujó una idea de país ofrecido en bandeja para megaproyectos offshore de hidrógeno verde, con bloques en el mar, inversiones de entre US$ 2.000 y US$ 3.000 millones, orientación exportadora y la promesa de que el capital internacional haría el resto. El problema es que ese modelo sonaba moderno, ambicioso y hasta vistoso, pero también dejaba una pregunta bastante terrenal: cuánto ganaba de verdad Uruguay y cuánto riesgo asumía mientras otros venían a probar suerte con recursos, espacio y expectativas locales.
La administración actual de Ancap decidió frenar esa carrera. La presidenta del ente, Cecilia San Román, explicó que no se abandona la agenda del hidrógeno verde, pero que el camino será otro: avanzar de forma gradual, con proyectos piloto, acumulación de conocimiento y desarrollo de capacidades nacionales antes de largarse a emprendimientos gigantescos. La diferencia política es clara. Donde antes se apostaba a la gran vidriera para atraer capitales externos, ahora se plantea una lógica más prudente, más técnica y bastante menos ansiosa por rifar futuro en nombre de la innovación.
El contraste no es menor. En el esquema anterior se habían diseñado cuatro bloques offshore, a unos 50 kilómetros de la costa, con superficies promedio de 700 kilómetros cuadrados y un potencial estimado de 3 GW de generación, pensado para producir unas 200.000 toneladas anuales de hidrógeno para exportación. Era una apuesta enorme, preparada durante más de un año y respaldada por una autorización del Poder Ejecutivo de diciembre de 2024 para ofrecer áreas bajo contratos a riesgo de terceros. Traducido: Uruguay abría la puerta a una escala descomunal sin haber construido todavía una base local sólida que permitiera capturar mejor el valor del negocio.
San Román sostuvo que el enfoque actual busca primero aprender, probar y consolidar músculo técnico en el país. Comparó ese proceso con la trayectoria que siguieron las energías renovables en Uruguay, que no despegaron de un día para el otro ni nacieron en formato faraónico, sino a partir de una curva de aprendizaje. La idea es sencilla: si se salta directo a los megaproyectos sin ecosistema, sin experiencia acumulada y sin una estructura nacional preparada, el riesgo de fracaso no solo es económico; también puede terminar golpeando la credibilidad de toda la tecnología.
A eso se suma otro dato que la propia jerarca puso arriba de la mesa: el contexto internacional ya no es el de la euforia verde de hace un tiempo. Según explicó, hubo una contracción fuerte en los proyectos renovables, en parte asociada al impacto de la guerra en Ucrania y al retiro de capitales de este tipo de desarrollos. En ese escenario, salir a vender una ronda internacional como si el mercado estuviera esperando desesperado por venir a salvarnos sonaba más a powerpoint optimista que a política energética seria.
Lo que queda planteado, entonces, es una diferencia de modelo. El lacallismo priorizó la seducción de grandes jugadores extranjeros y las apuestas de escala monumental, incluso cuando el retorno concreto para el país podía ser difuso o desigual. La administración actual marca otra prioridad: proyectos más chicos, desarrollo gradual, mayor control, más aprendizaje nacional y menos fe ciega en que el derrame vendrá por sí solo. No es una discusión entre modernidad y atraso. Es una discusión entre hacer de Uruguay una plataforma barata para negocios ajenos o construir una transición energética con más cuidado, más participación local y menos humo importado.
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