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Porque una cosa es descubrir un engaño después de agotados todos los controles, y otra muy distinta es seguir adelante pese a tener advertencias arriba de la mesa.
El caso CARDAMA gira en torno al contrato que Uruguay firmó el 15 de diciembre de 2023 con el astillero español Cardama para construir dos patrullas oceánicas para la Armada. El acuerdo fue presentado en su momento como una compra estratégica para reforzar el control marítimo, pero con el correr de los meses terminó convertido en uno de los episodios más comprometedores del Ministerio de Defensa por la acumulación de irregularidades, advertencias ignoradas y responsabilidades todavía en discusión.
El contrato fue firmado por el entonces ministro Javier García junto al presidente del astillero, Mario Cardama, por más de 82 millones de euros. En esa instancia también participó el entonces director de Recursos Financieros de la cartera, Damián Galó, quien hoy quedó en el centro de la tormenta. Lo que al principio se mostró como una operación relevante para la Armada terminó abriendo una pregunta bastante más incómoda: cómo pudo avanzar un negocio de este tamaño con fallas tan graves en algo tan básico como las garantías.
Ese fue justamente el corazón del problema. El gobierno actual sostuvo primero que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama era falsa o directamente inexistente. Después agregó que la supuesta garantía de reembolso tampoco cumplía con lo exigido en el contrato. Es decir, no se trató solamente de un papel mal presentado ni de un detalle administrativo menor, sino de documentos clave para proteger al Estado en una operación millonaria que, según la reconstrucción oficial, nunca ofrecieron la seguridad que debían ofrecer.
En octubre de 2025 el gobierno anunció que iniciaba acciones para rescindir el contrato, ejecutar garantías y promover eventuales acciones administrativas, civiles y penales. Allí se explicó además que la empresa tenía 45 días para presentar la garantía de fiel cumplimiento, pero que ese plazo fue estirándose mediante prórrogas hasta convertir lo excepcional en costumbre. Lo que debía resolverse en poco más de un mes terminó arrastrándose durante once meses, con un Estado cada vez más expuesto y un expediente que seguía caminando como si nada grave estuviera ocurriendo.
La rescisión formal llegó en febrero de 2026. En ese momento el gobierno resolvió cortar el vínculo con Cardama, iniciar medidas para recuperar el patrimonio estatal, determinar responsabilidades institucionales e individuales y estudiar otras alternativas para conseguir las patrulleras. Con esa decisión el caso dejó de ser una sospecha para transformarse en una constatación política y administrativa de que el proceso venía viciado desde hacía tiempo.
En ese escenario aparece con fuerza el nombre de Damián Galó. La investigación administrativa concluyó que correspondía sumariarlo, y la ministra Sandra Lazo terminó ordenando ese sumario. El señalamiento es especialmente delicado porque Galó no era un actor periférico ni un técnico perdido en un rincón del expediente: estaba en el área que debía analizar el costado financiero de la operación, advertir riesgos y asegurar que el Estado no quedara desguarnecido. En lugar de eso, lo que hoy se discute es si hubo omisiones graves, falta de controles y tolerancia frente a incumplimientos contractuales que nunca debieron dejarse pasar.
El punto más comprometedor es que las alertas existieron. Ya en noviembre de 2024 había advertencias jurídicas sobre inconsistencias, defectos formales y problemas serios en la documentación presentada por Cardama. No era un escenario en el que nadie hubiera visto nada. Había señales, observaciones y cuestionamientos sobre la forma en que se estaban presentando las garantías, sobre la autenticidad de los documentos y sobre la precariedad del respaldo ofrecido por la empresa. Aun así, el proceso siguió avanzando.
Eso es lo que vuelve el caso especialmente incómodo para la gestión anterior. Porque una cosa es descubrir un engaño después de agotados todos los controles, y otra muy distinta es seguir adelante pese a tener advertencias arriba de la mesa. En esa diferencia está buena parte del escándalo. La defensa de que todo fue una sorpresa pierde fuerza cuando ya había cuestionamientos previos sobre la documentación y cuando además el contrato siguió respirando a base de prórrogas difíciles de justificar.
La investigación también puso la lupa sobre la propia adjudicación a Cardama. Allí se sostuvo que la elección tuvo un fuerte componente político y que no hubo una valoración adecuada de los riesgos operativos, financieros y contractuales. También trascendió que advertencias técnicas previas sobre la capacidad del astillero no fueron incorporadas con el peso que debían tener. Otra vez aparece la misma lógica: cuando había dudas, en lugar de frenar, revisar o exigir, se siguió adelante.
Por eso el caso no puede resumirse en un simple incumplimiento empresarial. Lo que aparece es algo bastante más serio: una decisión política fuerte, controles débiles, observaciones técnicas que no fueron atendidas con rigor y un andamiaje de garantías que hoy el propio Estado considera inválido o directamente falso. Y cuando todo eso ocurre en una operación multimillonaria para comprar patrulleras, ya no estamos ante un papel trancado en un escritorio, sino ante un problema institucional de primera magnitud.
El costado económico vuelve el cuadro todavía más pesado. El contrato exigía garantías específicas para cubrir el cumplimiento y también los anticipos o reembolsos asociados a la operación. Sin esas coberturas válidas, el Estado quedaba expuesto en una compra por decenas de millones de euros. El temor no era abstracto: lo que estaba en juego era la posibilidad de haber comprometido dinero público sin tener un respaldo real en caso de incumplimiento.
La cifra vinculada a los pagos ya realizados hizo crecer todavía más el escándalo. Se manejó que los montos involucrados rondaban los 28 millones de euros. Ahí el expediente dejó de ser una discusión técnica para transformarse en una pregunta brutalmente simple: quién autorizó, quién controló, quién advirtió y quién decidió seguir aunque las garantías no cerraban. Porque cuando aparece una suma de ese tamaño, la idea de que todo fue una desprolijidad administrativa empieza a sonar a tomada de pelo.
En paralelo, el caso escaló en el terreno político. Hubo interpelaciones, pedidos de informes y una comisión investigadora para reconstruir cómo se tomó la decisión, qué advertencias hubo, quiénes intervinieron y por qué se mantuvo el rumbo pese a los cuestionamientos. Javier García defendió el contrato y sostuvo que existió voluntad política de romperlo. Desde el oficialismo le respondieron que parecía más preocupado por defender al astillero que por explicar cómo el Estado terminó metido en semejante pantano.
Mientras tanto, el gobierno avanzó sobre otro punto clave: la rescisión quedó firme y abrió el camino para reclamar daños y perjuicios. Cardama, por su parte, respondió con dureza, rechazó la decisión y reclamó que Uruguay retire de sus instalaciones lo que ya estaría construido. Es decir, el conflicto no sólo dejó herido al Ministerio de Defensa, sino que amenaza con una disputa económica y jurídica de fondo cuyo costo final todavía está por verse.
En definitiva, el caso CARDAMA dejó al descubierto una cadena de decisiones en la que la política empujó, los controles no frenaron y las advertencias no alcanzaron para evitar que el Estado quedara comprometido en un negocio lleno de sombras. El sumario a Damián Galó va directo al centro de esa trama porque apunta al lugar exacto donde alguien debía mirar los papeles, medir el riesgo y decir basta. Y si eso no ocurrió, o si ocurrió y nadie hizo caso, entonces el problema no fue sólo Cardama. El problema fue todo lo que dentro del Estado permitió que Cardama llegara hasta ahí.
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