La guerra en Medio Oriente no queda lejos cuando empieza a sentirse en el precio del combustible. Y eso es exactamente lo que hoy enfrenta Uruguay: no una crisis eléctrica inmediata, pero sí un sacudón fuerte sobre el costo del petróleo, el gasoil, la nafta y, por arrastre, sobre buena parte de la economía cotidiana. El propio gobierno reconoció que, desde fines de febrero, el precio internacional del crudo saltó de unos 70 dólares a más de 100 en marzo, en el mayor aumento mensual en décadas.
Uruguay llega a este escenario con una ventaja clara: su generación eléctrica es mayoritariamente renovable. El Balance Energético Preliminar 2025 muestra que el país mantuvo una matriz muy apoyada en fuentes renovables, pero también deja al descubierto un límite importante: eso no evita la dependencia del petróleo para mover transporte, agro y parte de la producción. En la matriz primaria de 2025 todavía hubo una participación relevante de fuentes no renovables, y el transporte siguió representando una parte central del consumo final de energía.
Ahí está el corazón del problema. Uruguay puede producir buena parte de su electricidad sin combustibles fósiles, pero no puede aislarse del precio internacional del petróleo cuando se trata de mover camiones, ómnibus, maquinaria rural o logística. Por eso una guerra que pone en tensión rutas energéticas globales termina impactando en la economía local aunque no toque directamente a UTE ni a la matriz eléctrica doméstica. Esa es la diferencia que muchas veces se pierde en el debate: una cosa es la electricidad, otra muy distinta es el combustible que mantiene andando la economía real.
El impacto potencial era durísimo. Según informó Presidencia, la URSEA calculó para el período de referencia incrementos muy elevados en el precio de paridad de importación: alrededor de 35% para nafta, 60% para gasoil y 33% para supergás. Si ese shock se hubiese trasladado de forma completa, el aumento al surtidor habría sido mucho más severo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar desde abril un ajuste topeado en 7%, claramente menor al salto internacional.
Esa decisión muestra cómo Uruguay está intentando resolver el problema: no puede evitar el shock externo, pero sí puede amortiguarlo. Con esa lógica, el país mantuvo la metodología de precios vigente, ajustada en 2025 para funcionar de manera bimensual y reducir volatilidad, y al mismo tiempo aplicó un freno político al traslado pleno de la suba. La nueva metodología, según el MIEM, busca dar más transparencia, estabilidad y equilibrio al sistema.
Además del tope de 7%, el gobierno anunció medidas de alivio para los sectores más expuestos. Entre ellas, créditos blandos para actividades productivas afectadas, herramientas de financiamiento para el agro, apoyo del BROU y la decisión de no trasladar la suba del gasoil al precio del boleto. También el Ministerio de Economía informó líneas de crédito para ANCAP orientadas a sostener liquidez y capital de trabajo.
Desde el punto de vista político, la señal es clara: el gobierno optó por administrar el golpe antes que descargarlo de una sola vez sobre consumidores y sectores productivos. En el corto plazo, esa respuesta parece razonable. Evita un salto más brusco en inflación, enfría el impacto en transporte y agro, y amortigua el malestar social que siempre aparece cuando el surtidor se convierte en termómetro de crisis internacional.
Pero esa respuesta también tiene límites. Topear precios no elimina el problema: apenas lo distribuye de otra manera. La diferencia entre el precio internacional y el precio efectivamente trasladado tiene que ser absorbida por algún lado, ya sea por ANCAP, por herramientas financieras, por subsidios cruzados o por el propio Estado. En una crisis corta, eso puede funcionar. En una crisis prolongada, empieza a abrir otra discusión: cuánto puede sostener Uruguay una política de amortiguación sin tensionar sus cuentas, su empresa pública y su esquema de subsidios. Esa es una inferencia a partir de las medidas oficiales anunciadas y del diseño actual del sistema.
La pregunta de fondo es si la política energética uruguaya es la adecuada para este tipo de episodios. La respuesta más honesta es que lo es, pero solo parcialmente. Sí, porque Uruguay hizo bien los deberes en materia eléctrica y llega mejor preparado que muchos países a una crisis internacional. Tiene una institucionalidad energética sólida, una matriz mucho más limpia que la regional y herramientas regulatorias para suavizar la volatilidad.
Pero no del todo, porque la crisis vuelve a mostrar una fragilidad estructural que sigue sin resolverse: el país avanzó mucho en electricidad renovable, pero menos en la transformación profunda del transporte y de los consumos que dependen de combustibles líquidos. El propio balance preliminar de 2025 muestra que el consumo eléctrico en transporte creció con fuerza, pero todavía representa una porción muy pequeña del total. En otras palabras, Uruguay modernizó una parte importante de su sistema energético, pero sigue atado al petróleo en un área decisiva.
Por eso, más que una crisis externa aislada, esta guerra funciona como una radiografía. Muestra un Uruguay que resiste mejor que otros, pero que todavía no terminó de blindarse. Un país que puede evitar que se apague la luz, pero no que tiemble el surtidor. Un país que administra con cierta inteligencia la emergencia, pero que todavía no resolvió del todo su vulnerabilidad frente al petróleo. Y ahí está el verdadero debate: no solo cómo se sobrelleva esta suba, sino cuánto falta para que la próxima guerra, el próximo bloqueo o el próximo shock internacional no vuelva a pegar exactamente en el mismo lugar.
Cómo golpea la guerra al Uruguay: combustibles, precios y una política energética que resiste, pero no resuelve.
