El exjerarca policial, ya condenado por su papel en la maniobra montada alrededor del caso Gustavo Penadés, hace la gran Astesiano y dice que sabe cosas que dira pero no las dice y aseguró que hay al menos otros cuatro involucrados —entre policías y actores políticos— que no pasaron por la Justicia. Sus dichos no aportan por ahora nombres ni pruebas nuevas, pero reactivan una pregunta de fondo: hasta dónde llegó la red que operó para perseguir denunciantes, buscar víctimas protegidas y embarrar una de las causas más graves de los últimos años.
Carlos Taroco reapareció públicamente y eligió hacerlo con una advertencia. Tras recuperar la libertad en setiembre de 2025, el excoordinador del Comcar y exdirector de Inteligencia Carcelaria afirmó que en la investigación paralela del caso Gustavo Penadés hubo al menos cuatro personas más que no llegaron a la órbita judicial, entre ellas policías y figuras con cargos políticos. Dijo que hablará “llegado el momento”, se presentó como un chivo expiatorio y dejó entrever que, según su versión, hubo otros actores que quedaron a resguardo mientras él fue el único que terminó cumpliendo prisión efectiva dentro de esa maniobra.
El dato nuevo, en rigor, no está en una prueba revelada ni en una denuncia formal adicional. Lo nuevo es que uno de los ya condenados por esta trama decidió volver a mover el tablero con una acusación política de alto voltaje. Y aunque por ahora no exhibió nombres ni elementos concretos, sus palabras reabren una discusión que el expediente judicial ya había dejado planteada: alrededor del caso Penadés funcionó una estructura paralela que no se limitó a defender al exsenador, sino que operó para identificar víctimas con identidad reservada, seguir denunciantes y montar una contraofensiva por fuera de los carriles regulares.
Ese punto no es una especulación. Del análisis de dispositivos surgió un flujograma atribuido al equipo de Taroco y, con él, elementos que confirmaron la participación de funcionarios policiales y del Parlasur en una trama orientada a ubicar y perfilar personas vinculadas a la causa. Esa evidencia formó parte del conjunto que desembocó en condenas para seis personas relacionadas con la investigación paralela. Taroco, además, fue condenado en proceso abreviado a tres años de cárcel por cohecho calificado, asociación para delinquir y reiterados delitos de revelación de secreto, con inhabilitación para ejercer cargos públicos, multa y reparación patrimonial.
La dimensión de esa operación quedó todavía más expuesta cuando se conoció que, según la acusación fiscal, Taroco utilizó su posición dentro del sistema penitenciario para acercarse a personas privadas de libertad vinculadas al expediente, presionarlas, ofrecerles beneficios o intentar condicionar sus declaraciones. En paralelo, la trama siguió dejando coletazos institucionales: en noviembre de 2025, sindicatos policiales reclamaron al Ministerio del Interior que investigara si dirigentes gremiales también fueron espiados por la oficina que Taroco encabezó. El caso, por tanto, hace rato dejó de ser solo un expediente sobre delitos sexuales: también pasó a mostrar cómo resortes del aparato estatal podían ser usados para encubrir, intimidar o producir información útil a una estrategia de defensa política.
Mientras Taroco intenta reinstalar su versión, la causa principal contra Gustavo Penadés sigue avanzando hacia juicio oral. La fiscalía cerró la investigación en octubre de 2025 y pidió 16 años de cárcel para el exsenador por 22 delitos sexuales cometidos, según la acusación, contra 13 víctimas entre los años 90 y 2021. El juicio todavía no comenzó. A comienzos de abril de 2026 la Justicia prorrogó la prisión preventiva de Penadés por 180 días más, y días después el Tribunal de Apelaciones endureció la medida sobre Sebastián Mauvezín, que pasó de arresto nocturno a prisión domiciliaria total con tobillera, al entender que persisten riesgos para las víctimas y para el desarrollo del proceso.
También en este tramo reciente se archivó la denuncia penal presentada contra la fiscal Alicia Ghione por su actuación en el caso. Ese archivo no clausura el debate político que rodea el expediente, pero sí marca que una de las principales líneas de ataque contra la investigación no prosperó en sede penal.
En ese contexto, la irrupción mediática de Taroco aparece menos como un hecho aislado y más como un nuevo capítulo dentro de una disputa mayor por el sentido público del caso: de un lado, la acusación judicial sobre una red de abuso, captación y encubrimiento; del otro, la insistencia de quienes buscan reinstalar la idea de una operación armada
Lo que hoy no cambia es el núcleo del asunto. Hay un exjerarca policial condenado que admite que guardó silencio, afirma que hubo más involucrados y sugiere que algunos siguen protegidos. Hay una investigación principal que permanece abierta, con medidas cautelares aún vigentes por riesgo procesal.
Y hay, sobre todo, un expediente que ya dejó a la vista algo más grave que una defensa corporativa: la existencia de una maquinaria paralela puesta al servicio de blindar poder, perseguir denunciantes y correr el eje de una causa que golpeó de lleno al sistema político uruguayo
Fuentes ; Entrevista pública de Carlos Taroco tras su liberación, con sus declaraciones sobre policías y actores políticos no judicializados. Reconstrucción reciente del contenido de chats, dispositivos y flujogramas incorporados al caso. Condena abreviada de Taroco en marzo de 2024. Cierre de investigación y acusación fiscal contra Penadés en octubre de 2025. Prórroga de prisión preventiva de Penadés y revisión de cautelares en abril de 2026. Archivo de la denuncia contra Alicia Ghione en marzo de 2026. Reclamos sindicales para investigar eventuales tareas de espionaje desde la estructura que dirigió Taroco.
