Una investigación administrativa sobre la gestión anterior de ASSE dejó al descubierto pagos millonarios, contratos flojos, controles debilitados y convenios modificados sin los pasos formales que correspondían. En el centro aparecen el SAME-105, una empresa privada de ambulancias, acuerdos con mutualistas y una forma de gestión donde la urgencia pareció usarse como excusa para saltear controles básicos del Estado.
La denuncia penal presentada por el actual directorio de ASSE contra la administración anterior no aparece de la nada ni se sostiene solamente en una pulseada política. Detrás hay una investigación administrativa que repasa, con bastante detalle, cómo funcionaron algunos contratos y convenios entre 2022 y 2024, durante la gestión encabezada por Leonardo Cipriani.
El foco está puesto en tres áreas: la contratación de la empresa de traslados ITHG para servicios del SAME-105, los convenios con Casmu y Círculo Católico para camas de CTI y cuidados moderados, y la gestión de servicios en el Hospital de Treinta y Tres.
Lo que aparece no es un simple error administrativo. Es una forma de trabajar con millones de pesos públicos donde muchas veces faltaron órdenes de compra, controles previos, documentación suficiente y pasos institucionales que existen justamente para evitar que el Estado pague sin saber bien qué está pagando.
Ambulancias, millones y un control que no llegaba
Uno de los datos más fuertes refiere a la empresa ITHG, que concentró el 96,47% del gasto del SAME-105. En total, se habla de más de $ 2.000 millones observados por el Tribunal de Cuentas. Dentro de ese esquema, la investigación detectó que ASSE pagó en 2024 unos US$ 800.000 por una ambulancia asignada al Mides para la atención de personas en situación de calle desde el Batallón 13.
El problema no es solamente el monto. Según la información recogida, ese móvil tenía una productividad de apenas un llamado cada dos días. El actual director del SAME-105, Gustavo Grecco, declaró que ese contrato fue dado de baja y que la demanda pudo cubrirse con otros móviles de la propia unidad.
Ahí está una de las claves del caso: si el servicio podía cubrirse de otra manera, ¿por qué se sostuvo un gasto de esa magnitud? Y más todavía: ¿quién controlaba efectivamente esos traslados?
La investigación concluyó que los traslados vinculados al Mides no se controlaban. También señaló que el precio pagado por ASSE a ITHG superaba el abonado por otras unidades ejecutoras a otros proveedores por servicios similares. No apareció evidencia material de que se hubieran consultado otros precios antes de contratar. Podrán discutir si la norma exigía o no esa comparación, pero en una administración pública seria comparar precios no es una molestia: es una obligación mínima de buena gestión.
Otro punto preocupante es que ASSE no elaboraba órdenes de compra de forma regular. Según declaró un exjerarca, las facturas llegaban semanalmente de la mano de un representante de la empresa, y luego se hacían ajustes con personal administrativo para cerrar los pagos. En una muestra revisada por la investigación, aparecieron pagos por traslados sin detalle suficiente del proveedor ni de los móviles que los realizaron.
El cuadro que queda no es menor: una empresa concentrando casi todo el gasto, facturas que llegaban antes que la documentación interna, servicios sin control claro y una estructura pública pagando sumas enormes sin las garantías que deberían acompañar cada peso estatal.
CTI privados: menos control, más tarifa plana
La falta de controles no quedó limitada al SAME-105. También aparece en los convenios de ASSE con Casmu y Círculo Católico para camas de CTI y cuidados moderados.
ASSE pasó de pagar por cama ocupada a manejar una tarifa plana con determinada cantidad de camas disponibles. Ese cambio podía tener una lógica operativa, pero debilitó el sistema de control. Antes, la factura venía acompañada de la historia clínica y podía ser revisada por médicos. Después, según la investigación, comenzaron a recibirse básicamente facturas.
También se desarmó un equipo de intensivistas que funcionaba como retén para discutir ingresos a CTI con la mesa central de operaciones. El exdirector del SAME-105 defendió la decisión con el argumento de que ese control telefónico no aportaba a la buena práctica médica. Pero otro intensivista sostuvo lo contrario: que ese servicio era beneficioso para ASSE y que eliminarlo redujo el control sobre pacientes internados en CTI privados.
El tema no es técnico solamente. Es político y administrativo. Cuando el Estado paga camas privadas con dinero público, tiene que saber exactamente qué compra, por qué lo compra, a quién se lo paga y si corresponde pagarlo.
La investigación marcó situaciones delicadas. En el caso del Casmu, los cobros adicionales por camas de cuidados moderados llegaron a $ 25,8 millones, equivalentes al 47% de lo gastado por la tarifa plana. En el Círculo Católico, se detectó que un 43% de las facturas por actos médicos y enfermería no debieron haberse pagado, porque no tenían paciente asignado o porque esos servicios ya estaban incluidos en la tarifa plana.
También se cuestionó que las modificaciones a los convenios no pasaran por los canales correspondientes, como el Ministerio de Salud Pública o el Tribunal de Cuentas. Algunos jerarcas defendieron esa práctica diciendo que esos pasos hacían “perder tiempo” y demoraban la aplicación de los acuerdos.
Y ahí aparece una frase que resume buena parte del problema. En el Estado, los controles no son una pérdida de tiempo. Son la diferencia entre administrar recursos públicos o repartirlos a oscuras.
Treinta y Tres y las guardias en la mira
El tercer capítulo se ubica en el Hospital de Treinta y Tres, donde la investigación detectó irregularidades vinculadas a un convenio con Casmu. Allí aparecieron especialistas figurando en planillas, pero con otras personas prestando funciones. El documento habla incluso de guardias “vendidas” por fuera.
También se señaló que desde ASSE central y desde la región este no se consideraba conveniente exigir el registro de asistencia al personal tercerizado, por el riesgo de eventuales reclamos laborales. El argumento, visto desde afuera, resulta alarmante: para evitar un problema laboral, se resignaba un control básico sobre quién trabajaba, cuándo trabajaba y qué servicio se estaba pagando.
A eso se sumaron irregularidades en pagos de intervenciones quirúrgicas. La investigación encontró facturas donde figuraban funcionarios contratados por comisión de apoyo, aunque en realidad eran tercerizados. Eso podía generar puntaje para el cobro de la variable anestésico-quirúrgica sin que correspondiera.
Otra vez, la misma matriz: zonas grises, tercerizaciones, controles débiles y dinero público moviéndose en un sistema demasiado cómodo para los privados y demasiado liviano para los controles del Estado.
El problema no es la burocracia: es quién se beneficia cuando se la saltea
La defensa habitual en estos casos suele ser conocida: había urgencia, había que resolver, la salud no puede esperar, los procedimientos demoran. Todo eso puede ser cierto en parte. La salud pública necesita rapidez, capacidad de respuesta y flexibilidad. Pero ninguna urgencia justifica transformar los controles en decoración.
ASSE atiende a la población que más depende del Estado. Por eso mismo, cada peso que se paga de más, cada servicio no controlado, cada factura floja y cada convenio modificado sin pasar por donde debe, no es un detalle contable: es dinero que podría estar en medicamentos, ambulancias propias, personal, camas, policlínicas o mejores condiciones de atención.
La investigación ahora queda en manos de la Justicia, que deberá determinar si hubo delitos o no. Pero la responsabilidad política ya tiene una dimensión clara: durante años se administraron áreas sensibles de la salud pública con mecanismos débiles, decisiones poco documentadas y controles que algunos jerarcas parecían considerar una molestia.
