La historia de las tierras malhabidas en Paraguay no es solamente un capítulo oscuro de la dictadura de Alfredo Stroessner. Es, sobre todo, una radiografía de cómo el poder económico y político puede sobrevivir a los cambios de régimen, acomodarse a la democracia formal y conservar privilegios construidos sobre la desigualdad.
Durante décadas, tierras públicas que debían ser destinadas a la reforma agraria y al arraigo campesino fueron adjudicadas de manera irregular a personas que no eran sujetos legítimos de esa política. La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay documentó que, entre 1954 y 2003, unas 7.851.295 hectáreas fueron entregadas con graves irregularidades a la legislación agraria. El volumen del despojo equivale a una porción enorme del territorio paraguayo y ayuda a explicar por qué la concentración de la tierra sigue siendo uno de los grandes problemas estructurales del país.
El caso volvió a tomar estado público en Uruguay a partir de una nota de Caras y Caretas que retomó el tema y puso el foco en una conexión especialmente sensible: la aparición de Juan Martín Bordaberry Hernán, hijo del dictador uruguayo Juan María Bordaberry, dentro de los registros de tierras malhabidas en Paraguay. Según la base de datos del proyecto “Los invasores VIP del Paraguay”, de El Surtidor, Juan Martín Bordaberry Hernán figura con una adjudicación de 7.285 hectáreas en el departamento de Alto Paraguay, distrito de Bahía Negra, en 1994, con expediente 177865 y finca 18804. La misma ficha clasifica el caso como “adjudicación a personas no beneficiarias según los registros de IBR-INDERT”.
El dato tiene una carga política evidente. No se trata de un apellido cualquiera. La familia Bordaberry forma parte de la memoria autoritaria uruguaya: Juan María Bordaberry fue el presidente que encabezó el golpe de Estado de 1973 y terminó condenado por delitos vinculados al terrorismo de Estado. Que uno de sus hijos aparezca en los registros paraguayos de adjudicaciones irregulares de tierras abre una línea regional sobre las redes de poder que unieron dictaduras, elites económicas y negocios agropecuarios en el Cono Sur.
Pero el punto central no está solo en un nombre. Está en el sistema. Las tierras malhabidas fueron tierras públicas pensadas para campesinos, colonias agrícolas y comunidades rurales. Sin embargo, terminaron convertidas en patrimonio de sectores privilegiados. El Surtidor describe ese mecanismo como la entrega ilegal de tierras de la reforma agraria a “amigos de la dictadura estronista y gobiernos posteriores”. La Comisión de Verdad y Justicia identificó 4.241 adjudicaciones ilegales correspondientes a 3.336 beneficiarios, entre personas, empresas e instituciones.
La distorsión fue profunda. El Estatuto Agrario exigía que los beneficiarios trabajaran la tierra, se dedicaran de forma directa y habitual a la agricultura o la ganadería y no recibieran extensiones mayores a las permitidas. Sin embargo, la propia sistematización de la CVJ muestra que miles de hectáreas fueron adjudicadas a personas que no cumplían esas condiciones, con superficies excesivas, lotes dispersos o beneficiarios ajenos al objetivo social de la reforma agraria.
En el Chaco paraguayo, donde se ubica Bahía Negra, la tierra fue durante décadas una frontera de expansión ganadera, especulación y negocios. Investigaciones académicas sobre capitales uruguayos en Paraguay señalan que desde la década de 1990 creció la llegada de inversores extranjeros, incluidos uruguayos, atraídos por grandes extensiones de tierra a precios bajos y por el avance de la frontera agropecuaria. En ese marco, Juan Martín Bordaberry aparece mencionado como un caso paradigmático de los vínculos empresariales y familiares entre Uruguay y Paraguay, además de su matrimonio con Sarah Cartes, hermana del expresidente paraguayo Horacio Cartes.
Ese entramado familiar agrega otra dimensión política. Horacio Cartes fue presidente de Paraguay entre 2013 y 2018 y, años después, Estados Unidos lo designó por presunta corrupción significativa y luego lo sancionó bajo el programa Global Magnitsky. En 2025, Reuters informó que la OFAC levantó esas sanciones, dato que no elimina el antecedente político pero obliga a mencionarlo con precisión.
A más de tres décadas del fin de la dictadura stronista, la deuda sigue abierta. Organizaciones de derechos humanos paraguayas sostienen que la recuperación y regularización de las tierras malhabidas continúa siendo una deuda institucional. La Codehupy volvió a reclamar avances hacia una reforma agraria real y denunció que la concentración de la tierra permanece como uno de los principales obstáculos para la justicia social en Paraguay.
El problema no es solamente paraguayo. Interpela a toda la región. Las dictaduras del Cono Sur no fueron únicamente aparatos represivos: también reorganizaron economías, protegieron elites, facilitaron acumulaciones patrimoniales y dejaron estructuras de impunidad que sobrevivieron en democracia. La tierra, en Paraguay, es uno de los ejemplos más claros de esa continuidad.
La aparición del apellido Bordaberry en los registros de tierras malhabidas no debería leerse como una anécdota familiar, sino como una señal de época. Muestra cómo las redes políticas, empresariales y familiares de las viejas derechas regionales no desaparecieron con el final formal de las dictaduras. Cambiaron de ropaje, cruzaron fronteras, hicieron negocios y se insertaron en democracias débiles, muchas veces sin rendir cuentas.
La pregunta que queda abierta es sencilla y profunda: ¿puede haber democracia plena mientras millones de hectáreas destinadas al pueblo campesino siguen en manos de quienes se beneficiaron de sistemas ilegales de poder?
En Paraguay, esa respuesta todavía está pendiente. Y en Uruguay, cuando el nombre Bordaberry vuelve a aparecer asociado a la herencia material de otra dictadura, la memoria democrática también tiene derecho a preguntar.
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