Hay historias que no empiezan en los grandes despachos del poder ni necesitan de un escándalo nacional para existir. A veces comienzan en una ciudad del interior, una oficina municipal, una ruta fronteriza o entre los papeles de una empresa exportadora. Durante los últimos seis años, Uruguay conoció una sucesión de condenas, detenciones e investigaciones relacionadas con el narcotráfico en las que aparecieron funcionarios públicos, militantes, empresarios, dirigentes departamentales y asesores vinculados al Partido Nacional. Aquellos episodios dispersos terminaron configurando un problema político de considerable magnitud. La Operación Trazador y sus derivaciones hacia el entorno de Jorge Gandini colocaron bajo discusión los controles partidarios, mientras el caso Sebastián Marset permanecía como uno de los antecedentes más graves de las responsabilidades políticas del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Un país pequeño para tantos caminos
En junio de 2020, mientras el Partido Nacional comenzaba una nueva etapa al frente del gobierno, una investigación policial recorría caminos alejados de la Torre Ejecutiva. En San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, la Brigada Departamental Antidrogas y la Fiscalía de Paso de los Toros habían seguido las huellas de un circuito de comercialización de estupefacientes abastecido desde el sur del país. La Operación Costanera terminó con una condena que tenía una particularidad política: entre los involucrados se encontraba un funcionario de la Guardia Republicana, identificado con las iniciales D.I.F.R., que había cumplido funciones como chofer de Santiago González, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Fue sentenciado a cuatro años de penitenciaría efectiva por suministro y distribución de drogas. Aquella historia parecía pertenecer a las páginas policiales, pero el tiempo terminaría incorporándola a un recorrido más extenso por los alrededores de las estructuras nacionalistas.
Dos años después, la política uruguaya atravesaba un intenso debate sobre la Ley de Urgente Consideración. En marzo de 2022, cuando el país discutía la derogación de parte de la norma impulsada por el gobierno multicolor, una investigación antidrogas alcanzó a Diego Cruz, funcionario de Turismo de la Intendencia de Colonia y militante del Partido Nacional en Nueva Helvecia. Fue condenado por suministro de drogas durante la Operación Murmullo 4. Su vehículo llevaba propaganda del No a la derogación de la LUC y cartelería de respaldo al diputado blanco Mario Colman, quien posteriormente se desmarcó de los hechos. La escena tenía algo de aquella ironía que la realidad reserva a la política: mientras unos discutían las leyes del país, la Justicia condenaba por narcotráfico a un funcionario cuya adhesión política circulaba anunciada sobre la carrocería de su automóvil.
En aquel mismo marzo, Salto aportaba otro nombre. Sebastián Panizza, escribano y antiguo candidato nacionalista al Órgano Deliberativo Nacional, había integrado en 2019 la lista 3 de César Panizza, ocupando el lugar 54. Fue formalizado por suministro de estupefacientes y delitos relacionados con el porte y la tenencia de armas de fuego en lugares públicos. La Fiscalía también lo había investigado a partir de una denuncia del INAU por un presunto caso de abuso de menores. Su situación judicial era diferente de la de Cruz, pero ambos expedientes mostraban la presencia de personas relacionadas con la actividad partidaria en investigaciones sobre drogas.
En agosto de 2023, Tacuarembó volvió a ocupar un lugar en ese mapa con la Operación Hospedaje. El protagonista era Emilio Del Pino, exdirector de la Oficina de la Juventud del municipio de Paso de los Toros, detenido y posteriormente condenado durante un procedimiento de la Brigada Departamental Antidrogas y la Jefatura de Policía. Había sido removido de su cargo meses antes por cuestiones vinculadas con su desempeño funcional y los investigadores seguían movimientos sospechosos del exjerarca. Los expedientes parecían encontrar una puerta detrás de otra, desde las oficinas departamentales hasta los municipios, mientras la reiteración de vínculos con estructuras del Partido Nacional comenzaba a exigir respuestas políticas más allá de la desvinculación de cada protagonista.
El recorrido pronto atravesó las fronteras. En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ciudad que volvería a aparecer en las historias relacionadas con Sebastián Marset, fue imputado en agosto de 2023 Julio Deal Barrios por presuntos delitos de organización criminal, asociación delictuosa, atentado contra integrantes de organismos de seguridad del Estado, falsedad ideológica y utilización de documentos falsificados. Deal expresaba públicamente admiración por Luis Lacalle Pou, Javier Milei y Nayib Bukele, y según informaciones difundidas entonces habría integrado años atrás una lista del Partido Nacional. Radicado en Bolivia, había visitado reiteradamente Mercedes, donde mantuvo encuentros con altas autoridades para interesarlas en proyectos de inversión. También se informó de reuniones suyas con un narcotraficante local, posteriormente fallecido, que había sido detenido y procesado junto a Marset en 2013.
En aquella misma ciudad boliviana se encontraba Elbio Horacio Perini Simonetta, quien se definía católico devoto y «blanco como hueso de bagüal». Sobre él pesaba una orden roja de Interpol por sus vinculaciones con el narcotráfico. En mayo de 2022 fue detenido con fines de extradición a Uruguay, pero el procedimiento nunca se concretó y recuperó la libertad. En agosto de 2023 volvió a ser detenido al vinculárselo con Sebastián Marset, mientras permanecía oculto en Santa Cruz de la Sierra. Ambos episodios compartían un escenario donde las actividades investigadas, las relaciones empresariales y las simpatías políticas aparecían alrededor de personajes con vínculos o intereses en Uruguay.
Desde las localidades del interior hasta las ciudades bolivianas, las historias transitaban caminos que no figuraban necesariamente en los mapas electorales. Mientras algunos protagonistas buscaban inversiones, en Uruguay otros empresarios aparecían relacionados con cargamentos de cocaína de dimensiones extraordinarias.
En julio de 2023, la Policía detuvo en su residencia del barrio privado La Tahona a Jorge Pérez Bentancor, conocido como el «narco de La Tahona». Importaba madera, principalmente desde Paraguay, y comercializaba maquinaria agrícola. Vivía con su familia en el mismo complejo residencial donde tenía su domicilio privado el entonces presidente Luis Lacalle Pou. Durante la Operación Los Titanes, realizada el 11 de julio, fue acusado de integrar una organización junto a cuatro ciudadanos colombianos y cuatro uruguayos, en cuyo poder fueron encontrados 265 kilos de cocaína. Pérez Bentancor había manifestado en redes sociales su adhesión al Partido Nacional. La proximidad residencial con el presidente no constituía por sí misma una relación delictiva, pero aquella convivencia de mundos sociales, económicos y políticos formaba parte de una realidad que las investigaciones mostraban desde distintos ángulos.
Los cargamentos encontrados en Uruguay eran parte de un negocio con rutas hacia Europa y África. Martín Mutio Ballester Molina estuvo involucrado en el envío de 4.500 kilos de cocaína incautados en el puerto alemán de Hamburgo y terminó condenado por un Tribunal de Apelaciones a quince años de prisión. Su trayectoria pública mostraba expresiones políticas diversas: aunque había realizado declaraciones de agradecimiento al Movimiento de Participación Popular, durante la campaña electoral de 2014 sus redes sociales registraban apoyo a Luis Lacalle Pou.
En otro episodio relacionado con las exportaciones apareció Luis Gastón Murialdo Garrone, empresario sojero, colono y propietario de Camelia Sociedad Agraria, la única firma que había logrado exportar soja a Togo. Ese país figuraba como destino de dos contenedores con 4.500 kilos de cocaína que Murialdo intentaba enviar a fines de diciembre de 2019. El 1.º de agosto de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas inhabilitó definitivamente a Camelia Sociedad Agraria por el intento de tráfico de 4,5 toneladas de cocaína ocultas en contenedores de soja. Murialdo tenía vínculos con el Partido Nacional, aunque no pertenecía a su estructura orgánica, y participaba en actividades de Un Solo Uruguay.
La droga viajaba entre mercaderías legales por las rutas del comercio internacional, mientras las actuaciones judiciales revelaban la magnitud económica de las operaciones. Aparecían funcionarios públicos, empresarios con adhesiones políticas e integrantes de agrupaciones electorales. Cada historia tenía sus protagonistas, pero para el Partido Nacional la reiteración de nombres relacionados con sus estructuras, gobiernos departamentales o dirigentes constituía un problema que no podía agotarse en explicaciones individuales.
Cuando las fronteras conducen al dinero
En diciembre de 2023, un cargamento de productos alimenticios uruguayos llegó a Bélgica con algo más que budines y alfajores. Dentro de un contenedor de mercadería Portezuelo, que había partido del puerto de Montevideo, viajaban 2,16 toneladas de cocaína destinadas a Amberes. La droga fue incautada el 28 de diciembre y al día siguiente renunció a su cargo municipal Carlos Mengen Anandez, exconcejal del Partido Nacional en Cardona durante el período 2015-2020 y coordinador del municipio de esa ciudad de Soriano. En febrero de 2024 fue imputado por asistencia al narcotráfico. Su intervención había consistido en coordinar el traslado del cargamento y acompañar al transportista. Recibió prisión preventiva y el entonces intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, solicitó su expulsión del partido. Una investigación internacional había alcanzado a un hombre con responsabilidades municipales dentro de una administración nacionalista.
Los caminos fronterizos siguieron aportando nombres. En noviembre de 2024, en el puente internacional José Artigas, fue detenido Schubert Sebastián Álvarez Helguera, funcionario de la Intendencia de Paysandú y militante de la lista 51 del Partido Nacional, encabezada por el entonces intendente Nicolás Olivera. Transportaba casi diez kilos de cocaína procedentes de Argentina. Mediante un juicio abreviado fue condenado a dos años y diez meses de prisión por transporte de estupefacientes en concurso con tentativa de importación. Olivera rechazó que se tratara de un chofer de su confianza y lo describió como adherente de la lista. Otra vez, la respuesta política procuraba establecer distancia con quien acababa de ser condenado, sin resolver la cuestión de la presencia de personas involucradas en el narcotráfico dentro de los espacios de militancia partidaria.
En noviembre de 2025, la historia avanzó hacia Cerro Largo, donde las localidades fronterizas mantienen una vida económica y social relacionada con Brasil. En Isidoro Noblía fue detenido Moisés Tort, edil suplente del Partido Nacional e integrante de la lista 93 del intendente Cristian Morel. Se lo vinculó con irregularidades en un club cannábico y con la comercialización de marihuana. Fue condenado a nueve meses de prisión efectiva por suministro de sustancias estupefacientes en modalidad de acto preparatorio. Durante las actuaciones se incautaron un arma y otros elementos.
El Partido Nacional continuaba sumando episodios protagonizados por funcionarios, militantes y dirigentes departamentales, hasta que en septiembre de 2026 una investigación dio al problema otra dimensión. La Operación Trazador terminó con la condena de Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, a dos años y seis meses de prisión por lavado de activos y tráfico interno de municiones. El operativo permitió incautar 265 kilos de droga —141,6 kilos de pasta base y 124 kilos de cocaína—, además de dinero, armas y vehículos. La investigación estableció que Leiva recibía dinero procedente del narcotráfico para introducirlo legalmente en el sistema financiero.
Aquello colocaba en primer plano el destino del dinero. La cocaína atravesaba fronteras escondida entre productos de exportación, pero las ganancias necesitaban entrar en la economía formal, adquirir apariencia de legalidad y circular sin revelar su origen. Allí el caso Leiva adquiría una trascendencia política considerable.
Su hijo, Lucio Leiva, también asesor y dirigente juvenil del Partido Nacional, fue detenido inicialmente y luego liberado. La relación de ambos con Gonzalo Gómez, integrante del Directorio nacionalista y dirigente de la lista 250, provocó repercusiones dentro del partido. Gómez aseguró desconocer las actividades de Pablo Leiva, dispuso su desvinculación, pidió licencia del Directorio y solicitó la intervención de la Comisión de Ética. Surgieron además diferencias internas sobre Lucio Leiva, a quien algunos dirigentes reclamaban apartarse de sus responsabilidades políticas.
La situación no terminó en las oficinas del edil. Las investigaciones incluyeron la posible vinculación de una empresa de cobranzas con el entorno de Jorge Gandini, dirigente del Partido Nacional, líder de su sector y director opositor en la Administración Nacional de Puertos. Gandini negó cualquier nexo con las actividades delictivas, pero las derivaciones de la Operación Trazador trasladaron el problema hacia un espacio político de alcance nacional. Por primera vez en esta sucesión reciente, una investigación sobre lavado de activos procedentes del narcotráfico repercutía indirectamente en el entorno de un dirigente de esa relevancia.
Otros episodios mostraban distintas dimensiones de la circulación del dinero. En la frontera entre Uruguay y Brasil fue detenido Diego Almeida, alcalde de Aceguá por el Partido Nacional, durante un procedimiento de la Policía Federal brasileña. La Operación Cold Trail buscaba desarticular una estructura dedicada al cambio paralelo, la remisión ilegal de divisas y el lavado de activos en la región fronteriza. Según la información recogida, la actuación policial estaría relacionada con la actividad de Almeida como cambista. El episodio introducía nuevamente en la discusión la banca clandestina, las operaciones de cambio y la circulación de capitales entre ambos países.
En Treinta y Tres, la Operación Centello, desplegada por la Brigada Departamental Antidrogas, condujo a la detención de Luana Belén del Puerto Castro, de 25 años, funcionaria de la Oficina de la Juventud. Es hijastra del exintendente Ramón Da Silva e hija de Eliane Castro, quien ocupa un cargo jerárquico en el área de Desarrollo Social de la Intendencia. Su ingreso habría ocurrido mediante designación directa, circunstancia que incorporó otra interrogante: los criterios de acceso a funciones públicas y los controles sobre quienes las desempeñan.
Para entonces, el mapa de los casos relacionados con el Partido Nacional se extendía desde Tacuarembó hasta Colonia, Salto, Soriano, Paysandú, Cerro Largo y Treinta y Tres, con ramificaciones en Bolivia, Brasil y los puertos europeos. Los protagonistas no compartían idéntica situación judicial, pero las investigaciones habían encontrado nombres vinculados con gobiernos departamentales, municipios, agrupaciones electorales, equipos de asesoramiento y círculos empresariales.
La reiteración de episodios no convertía automáticamente a una organización política en responsable penal de los actos de quienes habían pasado por sus filas. Sì planteaba un cuestionamiento sobre sus mecanismos internos de control y la responsabilidad institucional de sus dirigentes. La Operación Trazador había llevado la discusión a un terreno más incómodo que las explicaciones sobre militantes o funcionarios aislados: la circulación del dinero, el lavado y las relaciones entre actividad económica y poder político.
El poder, los pasaportes y las cuentas pendientes
Hubo una historia que no necesitó comenzar en un municipio ni en una ruta del interior para instalarse en el centro de la política uruguaya. Su escenario inicial fue una prisión en Dubái y su protagonista, Sebastián Marset, un narcotraficante cuya prolongada fuga de la justicia internacional terminó convertida en uno de los mayores escándalos del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Los antecedentes se remontaban a 2019, cuando una solicitud de pasaporte tramitada ante el consulado uruguayo de Santa Cruz de la Sierra había sido denegada por los antecedentes del interesado. Sin embargo, en 2021, mientras Marset permanecía detenido en Dubái, una nueva gestión permitió expedirle el documento en tiempo récord y en circunstancias que generaron profundos cuestionamientos políticos. La recopilación señala además que en aquella tramitación se falseó el domicilio real del solicitante. El pasaporte facilitó su liberación y posterior fuga de la justicia internacional durante varios años.
La visita a Dubái de una comitiva presidencial encabezada por Lacalle Pou también quedó incorporada a la controversia sobre las gestiones anteriores a la expedición del documento. Lo que parecía un procedimiento consular terminó provocando una crisis en el gobierno multicolor. Las autoridades del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores fueron sometidas a interpelación parlamentaria, donde quedaron expuestas contradicciones y acusaciones de haber faltado a la verdad ante el Parlamento.
Las consecuencias alcanzaron a las cúpulas de ambos ministerios. Luis Alberto Heber, Guillermo Maciel, Francisco Bustillo y Carolina Ache dejaron sus cargos, al igual que Roberto Lafluff, asesor de comunicación presidencial. Dos ministros, dos subsecretarios y un asesor del entorno de Lacalle Pou quedaron fuera de sus responsabilidades políticas como consecuencia de una crisis iniciada con el pasaporte concedido a un narcotraficante detenido en el extranjero.
El expediente político incorporó además un episodio que parecía extraído de una novela: el envío de 450 kilos de pescado congelado que Lacalle Pou recibió desde el gobierno de Dubái. Aquel acontecimiento formó parte de las controversias que rodearon al gobierno, junto al caso de Alejandro Astesiano, jefe de seguridad presidencial, condenado por integrar una asociación para delinquir que actuaba desde el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, realizando tráfico de influencias y falsificación de pasaportes para ciudadanos rusos.
La realidad institucional había reunido acontecimientos difíciles de imaginar en una misma administración: un narcotraficante detenido que obtenía un pasaporte uruguayo, autoridades ministeriales que abandonaban sus cargos, una investigación judicial pendiente de resolución y el jefe de seguridad presidencial condenado por una organización delictiva instalada en la sede del Poder Ejecutivo. Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 en una mansión de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y posteriormente quedó recluido en una cárcel estadounidense a la espera de juicio.
Marset no tenía una vinculación orgánica demostrada con ningún partido político. Sin embargo, eso no modificaba el centro de la controversia: las decisiones de autoridades del gobierno multicolor habían permitido que un narcotraficante detenido obtuviera un documento que facilitó su liberación. La responsabilidad política se encontraba en quienes tenían la obligación de conducir el Estado, independientemente de las preferencias partidarias del beneficiario.
La recopilación registra también un caso correspondiente al Frente Amplio. Gabriel Crause, exconcejal vecinal, referente barrial de Colón, empresario gastronómico y organizador de ollas populares, había militado primero en el Partido Nacional y luego en el Frente Amplio. En junio de 2022 fue expulsado de esta última fuerza por resolución de su Plenario, después de que el Tribunal de Conducta Política calificara su comportamiento como «éticamente inapropiado». En abril de 2023, durante la Operación Aurelio, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por distribución continuada de estupefacientes.
La investigación, iniciada en diciembre de 2022, estableció que Crause lideraba una organización dedicada al abastecimiento de bocas de venta y a la distribución a domicilio de cocaína, pasta base, metanfetamina y marihuana en Colón, Lezica, Nuevo París, La Teja y Sayago. Su expulsión partidaria había ocurrido antes de esa investigación y de su condena, diferencia temporal incorporada a la respuesta del Frente Amplio frente a las acusaciones sobre penetración del narcotráfico en las organizaciones políticas.
El debate también se desarrollaba fuera de los tribunales. En marzo de 2026, el senador nacionalista Sergio Botana sostuvo que el Frente Amplio «no es un narcopartido», pero agregó que «todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven». Fundamentó sus afirmaciones en cuestionamientos sobre radares, escáneres portuarios, el caso Marset y decisiones de administraciones anteriores. El Frente Amplio las consideró una «ofensa de dimensiones inéditas» y exigió una retractación.
La paradoja resultaba evidente. Mientras desde el Partido Nacional se formulaban acusaciones contra su principal adversario, continuaban acumulándose condenas, detenciones e investigaciones vinculadas con funcionarios, militantes, empresarios, asesores y dirigentes relacionados con sus propias estructuras. El enfrentamiento partidario no sustituía las explicaciones sobre los controles internos ni sobre las decisiones políticas que afectaron los mecanismos de prevención del lavado de activos.
Detrás de cada cargamento de cocaína había una cuestión que rara vez podía resolverse con la detención del transportista: el dinero. Las ganancias del narcotráfico necesitaban adquirir apariencia de legalidad e ingresar al circuito económico sin revelar su origen. Allí las decisiones políticas sobre controles financieros adquirían importancia fundamental.
En abril de 2019, Jorge Gandini promovió una iniciativa contra la Ley de Inclusión Financiera, para la cual presentó aproximadamente 12.000 firmas. Aquella acción política, legítima dentro del debate democrático, adquirió otra significación a la luz de los acontecimientos posteriores. La discusión se relacionaba con los controles destinados a combatir el lavado de activos, en un país que había debido adoptar medidas para superar observaciones internacionales que lo situaron en una lista gris de la OCDE, según recoge el documento.
Durante el gobierno multicolor, la Ley de Urgente Consideración flexibilizó determinados controles sobre las operaciones financieras. Aunque la iniciativa de la lista 250 de Gandini no prosperó, aquella orientación favorable a reducir restricciones encontró expresión en disposiciones de la LUC. En el escenario abierto por la Operación Trazador, la circulación de efectivo, las empresas de cobranzas y los mecanismos de colocación de fondos provenientes del narcotráfico volvieron a mostrar la importancia de las herramientas estatales para identificar operaciones sospechosas.
No se trataba de convertir una iniciativa legislativa en prueba de participación delictiva, sino de examinar las responsabilidades políticas de quienes impulsaron una flexibilización de los controles financieros. El Estado debía perseguir el dinero ilegal mientras determinadas decisiones políticas habían favorecido una menor fiscalización sobre su circulación.
La respuesta del Frente Amplio a la Operación Trazador incluyó una resolución de su Secretariado Ejecutivo que advirtió sobre el «riesgo permanente» de penetración de fondos del crimen organizado en las organizaciones políticas. Convocó reuniones con ediles y legisladores y planteó una legislación más estricta sobre financiamiento partidario. Combinó así una posición institucional con una crítica al Partido Nacional, diferenciándose de las acusaciones de Botana. El antecedente de Crause, expulsado antes de su condena, fue incorporado como ejemplo de sus mecanismos internos de control.
La violencia del narcotráfico contra las instituciones agregó otra dimensión. El atentado contra la fiscal Mónica Ferrero, los ataques a dependencias policiales y carcelarias y otros episodios relacionados con el crimen organizado contribuyeron a acelerar reformas antilavado durante 2025 y 2026. La reducción de topes para operaciones en efectivo y el fortalecimiento de las potestades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Senaclaft, formaron parte de las medidas destinadas a mejorar la respuesta estatal.
La acumulación de casos no había provocado una crisis general del sistema político ni el derrumbe de sus principales liderazgos. Tampoco aparecían, entre las condenas de esta recopilación, legisladores nacionales o ministros sentenciados por narcotráfico. Su impacto se expresaba en el desgaste de la confianza pública, las tensiones partidarias y la vulnerabilidad de las estructuras locales, los asesores y el financiamiento político. No existía evidencia pública de cambios drásticos en las encuestas nacionales, pero sí de un deterioro reputacional que podía favorecer la percepción de que todas las organizaciones enfrentaban problemas semejantes.
Esa percepción encerraba un peligro para la democracia. Cuando cada episodio se reduce a acusaciones contra el adversario, los mecanismos que permiten el ingreso de dinero ilegal quedan desplazados por el enfrentamiento electoral. La responsabilidad institucional exige controles efectivos, transparencia y respuestas que no dependan exclusivamente de una condena judicial.
En ese contexto, la Operación Trazador marcó una diferencia. Hasta entonces, la mayoría de los episodios involucraba a funcionarios departamentales, militantes, empresarios, asesores o dirigentes locales. La condena de Pablo Leiva por lavado de activos provenientes del narcotráfico y las derivaciones hacia el entorno político de Jorge Gandini llevaron las repercusiones a otro nivel. El dirigente negó cualquier relación con actividades delictivas y su responsabilidad penal no puede establecerse sin una decisión judicial. Pero las responsabilidades políticas y las preguntas sobre los controles partidarios no desaparecen con una declaración de desconocimiento.
Tampoco se agotan con la expulsión de un militante, la licencia de un dirigente o un expediente remitido a una comisión de ética. El Partido Nacional tiene frente a sí acontecimientos que alcanzaron a personas relacionadas con sus estructuras en distintos departamentos y niveles de responsabilidad. Cada caso posee su historia judicial, pero el conjunto plantea una crítica sobre los mecanismos mediante los cuales una organización que ha ejercido y continúa ejerciendo responsabilidades de gobierno controla a quienes actúan en sus espacios de influencia.
A lo largo de estos años hubo caminos rurales, puentes internacionales y puertos de ultramar; oficinas municipales, empresas exportadoras, casas de cambio y organismos estatales. Hubo cocaína oculta entre alimentos y cargamentos agrícolas, dinero que buscaba incorporarse al circuito legal, condenas que alcanzaron a funcionarios y militantes, y decisiones tomadas desde los niveles superiores del gobierno envueltas en escándalos internacionales. No fue una sola historia ni una única organización criminal. Fueron muchos episodios, cada uno con sus responsabilidades, que terminaron compartiendo un escenario político donde el Partido Nacional aparece reiteradamente interpelado.
Y mientras los dirigentes discuten el costo electoral de cada escándalo, permanece una cuestión que ninguna declaración puede resolver por sí sola: hasta dónde pueden aproximarse los intereses del narcotráfico a las estructuras encargadas de ejercer el poder y quiénes asumen la responsabilidad política cuando los controles resultan insuficientes.
Porque la droga puede cruzar una frontera escondida dentro de un contenedor, pero el dinero necesita encontrar caminos para quedarse. Y esos caminos, como muestra esta larga sucesión de historias, no siempre terminan lejos de la política y de los «buenos muchachos».
Quatroges