La fiscal Sandra Fleitas continúa la investigación por la asistencia brindada a Víctor Hernández en el Hospital Policial y por la entrega de tiques de alimentación entre 2013 y 2016. Esta semana declaró como indagada María Estela González, exdirectora de Asuntos Internos durante la gestión de Eduardo Bonomi. Mientras la causa avanza, vuelve al centro un caso que involucra a Charles Carrera, exjerarca de un gobierno del Frente Amplio que sostiene que actuó ante una situación humanitaria y denuncia una utilización política del expediente.
La investigación judicial vinculada a la asistencia brindada a Víctor Hernández en el Hospital Policial sumó esta semana un nuevo movimiento con la declaración, en calidad de indagada, de María Estela González, exdirectora de Asuntos Internos del Ministerio del Interior durante la gestión de Eduardo Bonomi.
La causa, que está a cargo de la fiscal de Delitos Económicos de 2º Turno, Sandra Fleitas, sigue en etapa de preparación de juicio y gira en torno a la internación de Hernández en el Hospital Policial y a la entrega de tiques de alimentación entre 2013 y 2016. En ese expediente fue imputado en junio de 2025 el exsenador frenteamplista Charles Carrera, quien por entonces se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior.
Según trascendió, González declaró este jueves por segunda vez. Ya lo había hecho anteriormente cuando el caso era llevado por la fiscal Silvia Porteiro. En esta oportunidad compareció asistida por los penalistas Laura Robatto y Homero Guerrero, y su defensa no realizó declaraciones públicas tras la audiencia.
González, hoy jubilada, había asumido al frente de Asuntos Internos el 24 de marzo de 2010, por lo que ocupaba ese cargo cuando ocurrieron los hechos que dieron origen al caso. Hernández quedó paralítico tras recibir una bala perdida en La Paloma, en un episodio de extrema gravedad que desde el comienzo colocó al Ministerio del Interior frente a una situación delicada, tanto por las circunstancias del hecho como por la condición de la víctima.
Ese punto no es menor. Antes que un expediente utilizado luego en la disputa político-judicial, hubo una persona civil herida de forma irreversible en un contexto que comprometía de manera directa a la órbita policial. Fue en ese marco que se tomaron decisiones de asistencia que años más tarde terminaron transformadas en objeto de investigación penal.
Uno de los aspectos más controvertidos de la causa refiere a una reunión mencionada por Hernández y su hermano. Según su relato, en ese encuentro participaron Carrera, González, un abogado del ministerio y la madre de los Hernández. Allí, siempre de acuerdo con esa versión, Carrera les habría planteado la posibilidad de iniciar una demanda civil contra el Ministerio del Interior por los daños sufridos, además de hacer referencia a la asistencia que se les venía otorgando. González negó haber participado en esa instancia, cuyo audio fue grabado y difundido tiempo después por el programa Santo y Seña.
La secuencia posterior también quedó en el centro del expediente. Hernández fue trasladado al Hospital Policial el mismo día en que salió del Hospital de Clínicas, donde había permanecido internado durante ocho meses luego de ser baleado. Tanto él como su hermano permanecieron allí durante tres años y medio, una situación excepcional que luego sería observada por la Justicia en el marco de la investigación.
A pedido de la fiscal Fleitas, en junio de 2025 la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera imputó a Carrera por fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada. Meses más tarde, en octubre, el Tribunal de Apelaciones Penal de 2º Turno confirmó por unanimidad la imputación por fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó por mayoría el delito de falsificación ideológica.
Ese dato es relevante, porque muestra que no toda la construcción acusatoria original logró sostenerse del mismo modo. La propia sentencia del tribunal descartó una parte central de la imputación inicial al considerar confusa la hipótesis sobre falsificación ideológica. Aun así, mantuvo otros cargos al entender que hubo decisiones administrativas que generaron un perjuicio patrimonial para el Estado al otorgar prestaciones previstas para funcionarios policiales a una persona que no tenía esa condición.
Carrera rechaza esa interpretación y sostiene que su accionar estuvo vinculado a la necesidad de amparar a una víctima de una bala perdida en un contexto particularmente grave. También afirma que el expediente está atravesado por intereses políticos y denunció en más de una oportunidad que la causa fue utilizada para perseguirlo por su papel como dirigente del Frente Amplio y por sus denuncias contra figuras del anterior oficialismo.
Ese componente político no puede omitirse. Charles Carrera no es un actor marginal en la historia reciente de la izquierda uruguaya, sino un funcionario de peso en un gobierno frenteamplista, con responsabilidades relevantes en el Ministerio del Interior. Por eso, el desarrollo de esta causa fue seguido desde el inicio no solo en clave judicial, sino también como parte de una ofensiva político-mediática más amplia contra referentes de los gobiernos del Frente Amplio.
Nada de eso implica desconocer que la Justicia debe investigar y establecer responsabilidades si corresponde. Pero sí obliga a no repetir sin filtro el encuadre acusatorio ni a perder de vista que en el origen del caso hubo una respuesta estatal frente a una tragedia humana concreta. El debate de fondo no pasa solo por la forma administrativa que adoptó esa asistencia, sino también por cómo una decisión tomada en un contexto dramático terminó convertida en una causa de alto voltaje político.
Con la declaración de González, el expediente vuelve a moverse y anticipa nuevas instancias en una investigación que sigue abierta. Lo que está en juego no es únicamente la situación judicial de Carrera, sino también la disputa por el sentido político de un caso que desde hace tiempo dejó de ser leído solo como un asunto técnico o administrativo y pasó a formar parte de una batalla mayor sobre el legado, las decisiones y los cuadros de los gobiernos de izquierda en Uruguay.
Caso Charles Carrera: declara exjerarca de Bonomi en un expediente que la derecha convirtió en bandera.
