La salida de Rodrigo Vercellino de la Intendencia de Paysandú no fue un episodio aislado ni menor. El caso expuso una combinación delicada de denuncias difundidas públicamente, una renuncia repentina, una respuesta oficial orientada a bajar el tono y una inmediata derivación política que volvió a rozar al Partido Nacional en uno de sus territorios más cuidados.
La historia, ordenada cronológicamente, empieza el 10 de julio de 2025, cuando Nicolás Olivera asumió su segundo mandato al frente de la Intendencia de Paysandú y presentó a su equipo de gobierno. Entre los nombres que quedaron integrados a esa estructura apareció Rodrigo Vercellino, vinculado al área de Ferias y Artesanías, un lugar que, aunque pueda parecer secundario dentro del organigrama, tiene contacto directo con trabajadores, emprendedores, feriantes y circuitos de organización cotidiana que dependen de decisiones municipales concretas.
Con el correr de los meses, Vercellino no solo quedó asociado a la gestión departamental, sino también al entramado político del oficialismo blanco en Paysandú. Su nombre figuró además en la suplencia vinculada al diputado Fermín Farinha, lo que reforzaba su condición de cuadro político y no simplemente de funcionario administrativo. Ese dato importa porque ubica el episodio en un plano más amplio: no se trata solo de una salida individual, sino de una crisis que salpica a un sector del poder departamental y a su red de representación.
Ya entrado 2026, comenzaron a circular versiones, malestares y señalamientos en torno al funcionamiento del área. Lo que luego tomó forma pública fue un conjunto de acusaciones graves que incluían presunto acoso laboral, posible abuso de poder, cuestionamientos por el manejo del vínculo con artesanos y feriantes, eventuales cobros irregulares de stands y una denuncia particularmente sensible sobre la supuesta duplicación de la llave de una oficina para darle al espacio municipal un uso ajeno a sus fines institucionales. El cuadro, tal como se fue conociendo, no hablaba de un simple desgaste interno ni de una diferencia de estilos, sino de una acumulación de hechos que, de confirmarse, mostrarían prácticas incompatibles con cualquier gestión pública seria.
El 8 de abril de 2026 se produjo el hecho político central: Rodrigo Vercellino presentó la renuncia a su cargo en la Intendencia de Paysandú. La salida fue leída de inmediato como una consecuencia de ese escenario previo. En la esfera pública empezó a instalarse que la renuncia había ocurrido en medio de movimientos orientados a investigar administrativamente lo que estaba ocurriendo en el área. La interpretación más extendida fue que la dimisión no había sido un acto espontáneo ni privado, sino la forma elegida para cerrar una crisis antes de que escalara más.
Ahí apareció el segundo momento clave del caso: la disputa por el relato. Mientras diversas versiones periodísticas daban cuenta de denuncias, averiguaciones internas y un contexto que volvía insostenible la permanencia del jerarca, la Intendencia ensayó una defensa política nítida. La prosecretaria general, Mariana Mazzilli, negó que existiera una investigación administrativa en curso y sostuvo que no había denuncias formales presentadas ante la administración. Según esa versión oficial, la renuncia obedeció a motivos estrictamente personales.
Ese contraste no es menor. De un lado quedó una secuencia de acusaciones públicas y un retiro repentino de un jerarca político. Del otro, una respuesta institucional dirigida a desactivar el escándalo, encapsularlo como un asunto privado y evitar que el episodio se convirtiera en un problema mayor para el gobierno departamental de Olivera. En términos políticos, la maniobra fue clara: separar la renuncia de cualquier admisión de irregularidad, negar la existencia de una pesquisa formal y tratar de impedir que la crisis se leyera como un síntoma de funcionamiento opaco dentro de la Intendencia.
Pero el caso no terminó con la renuncia. Casi de inmediato tuvo una derivación política más amplia. Desde la oposición departamental, el edil frenteamplista Andrés Imperial pidió informes y reclamó explicaciones, al tiempo que exigió que Vercellino dejara de figurar en la suplencia de la lista 51 vinculada a Farinha. Con eso, el episodio dejó de ser apenas una noticia incómoda de gestión para transformarse en un hecho con costo partidario, porque puso bajo presión no solo a la administración de Paysandú sino también al dispositivo político que lo había sostenido.
A partir de ahí, el caso quedó instalado en una zona de tensión que todavía no se cerró del todo. Por un lado, quedaron sobre la mesa las acusaciones difundidas públicamente: acoso laboral, abuso de poder, posible uso indebido de oficinas municipales y presuntas irregularidades en la gestión de stands. Por otro, la Intendencia mantuvo una línea de negación institucional, insistiendo en que no había denuncia formal ni investigación administrativa abierta. En el medio, quedó un dato imposible de disimular: un jerarca político renunció en medio de un escándalo y la administración eligió responder con contención política antes que con exposición transparente de los hechos.
Hasta el momento, además, no quedó públicamente consolidada una resolución judicial ni una actuación formal conocida que permita dar por probado todo lo denunciado. Tampoco se conoció una defensa pública de Vercellino con el mismo peso que alcanzó la repercusión del caso. Eso obliga a mantener una prudencia mínima sobre aquello que todavía no fue confirmado por una resolución oficial. Pero una cosa es prudencia y otra muy distinta es ingenuidad: cuando un funcionario político renuncia de esta manera, en este contexto y con este volumen de señalamientos, el problema ya no puede presentarse seriamente como una simple cuestión personal.
En definitiva, la cronología del caso muestra una secuencia demasiado densa como para ser reducida a un trámite administrativo sin importancia. Primero hubo integración al núcleo de gobierno de Olivera y proyección política dentro del oficialismo blanco. Después aparecieron denuncias y versiones graves sobre el funcionamiento del área de Ferias y Artesanías. Luego llegó una renuncia abrupta. Más tarde vino la negación oficial y, enseguida, la ofensiva política de la oposición pidiendo explicaciones y responsabilidades. Lo que queda hoy es una administración departamental intentando cerrar rápido un episodio incómodo y una señal de fondo que vuelve a repetirse demasiado seguido en la derecha uruguaya: cuando estalla un problema, la prioridad parece ser proteger la estructura de poder antes que esclarecer a fondo lo ocurrido.
La secuencia del caso Rodrigo Vercellino en al Intendencia de Paysandú.
