Durante la pandemia, mientras miles de uruguayos perdían ingresos, se endeudaban, hacían fila en ollas populares o trataban de sostener su trabajo como podían, el gobierno de Lacalle Pou también decidió a quién cuidar con más fuerza. Esta investigación mira ese reparto desigual de la ayuda estatal: cuánto se destinó a la sociedad golpeada por la crisis y cuánto terminó sosteniendo, directa o indirectamente, a sectores que ya estaban entre los más beneficiados del país.
Dónde mirar para ver el reparto desigual
Para comprobar ese trato desigual no alcanza con mirar los discursos. Hay que mirar los números oficiales: cuánto puso el Estado, a quién se lo puso, con qué nombre lo presentó y qué tipo de ayuda recibió cada sector.
La investigación se apoya en documentos del MEF, DGI, OPP, Rendición de Cuentas, Fondo Solidario COVID-19 y organismos vinculados a la respuesta económica durante la pandemia. Esos registros permiten separar dos caminos muy distintos: por un lado, la ayuda social destinada a trabajadores, hogares golpeados, ollas, salud y emergencia; por otro, los beneficios fiscales, exoneraciones, garantías de crédito, promoción de inversiones y obras indirectas que sostuvieron a sectores productivos con mayor capacidad económica. El MEF publicó la rendición del Fondo Solidario COVID-19 para el período 2020-2022, y también el informe de gasto tributario donde se detallan las renuncias fiscales por sector.
La clave está en no mirar solamente el dinero que salió de una caja, sino también el dinero que el Estado decidió no cobrar. Cuando una familia recibe una ayuda, se la llama subsidio. Cuando un sector poderoso recibe exoneraciones, rebajas tributarias, créditos garantizados o infraestructura productiva, muchas veces se lo presenta como incentivo, competitividad o promoción. Pero en todos los casos hay una decisión política: el Estado interviene, resigna recursos o facilita condiciones.
En el caso del agro y sectores vinculados, la investigación tomará especialmente el gasto tributario asociado a agropecuaria, pesca y forestal, los beneficios por IVA, IRAE, Impuesto al Patrimonio, IMEBA, maquinaria agrícola, forestación y arrendamientos rurales. También se incorporarán los apoyos indirectos, como la caminería rural productiva financiada por OPP, que no aparece como transferencia a una empresa concreta, pero mejora la infraestructura que permite mover producción, ganado, granos, madera y mercadería. OPP registró el Programa Caminos Rurales Productivos 2021-2022 con montos distribuidos por departamento.
El objetivo no es decir que toda ayuda al sector productivo sea ilegítima. El punto es otro: durante la pandemia, cuando había miles de uruguayos haciendo fila en ollas populares, trabajadores enviados al seguro de paro, pequeños comercios cerrando y familias endeudándose para sobrevivir, el gobierno mantuvo una arquitectura de beneficios para sectores que ya tenían más espalda económica. Ahí aparece la pregunta central de esta investigación: ¿el Estado de Lacalle Pou fue austero con los de abajo y generoso con los de arriba?
2020 — Beneficios y apoyos al sector agropecuario y actividades vinculadas
Para este primer año conviene separar tres bolsas:
- Beneficios fiscales: impuestos que el Estado dejó de cobrar.
- Crédito y garantías: respaldo estatal para que empresas accedieran a financiamiento.
- Obras indirectas: infraestructura pública que no se entrega a una empresa, pero mejora la actividad productiva rural.
El informe de DGI/MEF define el gasto tributario como recaudación que el Estado deja de percibir por tratamientos impositivos especiales, exoneraciones, alícuotas reducidas, créditos o regímenes excepcionales. En 2020, muchos datos aparecen como proyección oficial, porque el informe cubre 2017-2019 y proyecta 2020.
Beneficios fiscales detectados en 2020
| IRAE por forestación | $ 1.338.647.655 | Exoneración vinculada a rentas forestales y actividades asociadas. Es uno de los beneficios más grandes del año. |
| IVA a bienes usados en producción agropecuaria | $ 972.426.594 | Exoneración de IVA sobre bienes, materias primas e insumos empleados en la producción agropecuaria. |
| Impuesto al Patrimonio agropecuario | $ 905.495.892 | Beneficio patrimonial para bienes afectados a explotaciones agropecuarias. |
| IVA sobre intereses de préstamos a contribuyentes IMEBA | $ 631.381.349 | Exoneración de IVA a intereses de préstamos recibidos por contribuyentes IMEBA. No es solo agro puro, pero está directamente vinculado al régimen agropecuario. |
| IRAE por arrendamientos destinados a explotación agropecuaria | $ 494.484.165 | Deducción especial vinculada a arrendamientos rurales para explotación agropecuaria. |
| Exoneración de sobretasa del Impuesto al Patrimonio agropecuario | $ 407.526.839 | Alivio adicional sobre patrimonios rurales alcanzados por la sobretasa. |
| Reducción de alícuota del Impuesto al Patrimonio agropecuario | $ 303.567.101 | Aplicación de tasa reducida para determinados patrimonios agropecuarios. |
| Contribuyentes IMEBA exonerados de IRAE | $ 288.485.198 | Productores comprendidos en IMEBA que no tributan IRAE bajo determinadas condiciones. |
| IVA en importación de maquinaria agrícola | $ 265.739.885 | Exoneración en la importación de maquinaria y equipos agrícolas. |
| IVA en venta de maquinaria agrícola y accesorios | $ 155.070.910 | Exoneración o tratamiento especial en la venta interna de maquinaria agrícola. |
| Devolución de IVA al gasoil para productores | $ 70.785.609 | Crédito en efectivo por IVA del gasoil para productores de leche, arroz, flores, frutas, hortalizas, apicultura, ganado ovino y bovino no contribuyentes de IRAE. |
Subtotal fiscal detectado para 2020:
aprox. $ 5.833 millones.
Este subtotal no debe presentarse todavía como “el total absoluto del agro”, sino como primer corte de beneficios fiscales identificados. Incluye partidas clasificadas directamente en agro, pesca y forestación, y otras vinculadas al agro aunque DGI las ubique en categorías más amplias, como maquinaria agrícola o créditos a contribuyentes IMEBA.
Medidas de crédito y garantías en 2020
En 2020 también aparece otro tipo de ayuda: no es dinero entregado directamente, sino respaldo estatal para acceder a crédito.
La herramienta más importante fue SIGA Emergencia, creada durante la pandemia para respaldar créditos de empresas que no tenían garantías suficientes. Según CND/CONAFIN, hacia enero de 2021 el sistema había respaldado más de 18.000 operaciones, y dentro de SIGA Emergencia para mipymes el sector agropecuario recibió US$ 135 millones en garantías, equivalente al 27% del total de garantías de esa línea.
No se debe sumar como si fuera una transferencia directa, porque una garantía no es lo mismo que un subsidio en efectivo. Pero sí debe incluirse como ayuda estatal al crédito, porque el Estado puso respaldo para que empresas pudieran financiarse en condiciones que de otro modo no necesariamente habrían obtenido.
Además, el Fondo Coronavirus registró en 2020 $ 636.915.000 para ANDE – Préstamos a MiPymes. La rendición oficial no identifica allí qué parte fue al agro ni qué empresas lo recibieron, pero es una línea económica financiada durante la pandemia que pudo alcanzar emprendimientos agropecuarios y rurales.
Obras indirectas mediante OPP e intendencias
En 2020 también hay que mirar la caminería rural. No es una transferencia directa a una empresa, pero sí es un beneficio económico indirecto al campo: mejora caminos para sacar producción, mover ganado, transportar granos, leche, madera, insumos y trabajadores.
En los registros de OPP aparece el Programa Caminos Rurales Productivos, con certificaciones mensuales entre enero y noviembre de 2020 que suman aproximadamente $ 387 millones ejecutados o certificados en ese período.
Además, OPP registra otro bloque de Caminería Rural con Rentas Generales, con presupuesto 2020 de $ 110.723.424 y ejecución acumulada de $ 32.489.963 al cierre del informe.
No fue dinero entregado a productores concretos, pero sí inversión pública para sostener la infraestructura productiva rural. En términos políticos, también forma parte del apoyo estatal al sector.
$ 5.833 millones en beneficios fiscales agropecuarios y vinculados detectados para 2020.
A eso se le suma
- US$ 135 millones en garantías SIGA para el agropecuario, como respaldo estatal al crédito.
- $ 636 millones de ANDE para préstamos a mipymes, línea general que pudo alcanzar al sector rural.
- unos $ 387 millones en Caminos Rurales Productivos certificados por OPP entre enero y noviembre de 2020.
- $ 32 millones ejecutados en otro bloque de caminería rural por Rentas Generales.
2021 — Beneficios y apoyos al sector agropecuario
En 2021 la pandemia seguía golpeando ingresos, empleo y vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, el Estado mantuvo beneficios fiscales, garantías de crédito, obras indirectas y regímenes de promoción que también alcanzaban al agro y a sectores agroindustriales.
Beneficios fiscales al agro en 2021
Estos son beneficios medidos como gasto tributario, es decir, dinero que el Estado dejó de recaudar por exoneraciones, reducciones, tratamientos especiales o regímenes impositivos favorables.
| Beneficio fiscal | Monto 2021 |
|---|---|
| IRAE — Forestación | $ 1.493.478.874 |
| Impuesto al Patrimonio — patrimonio agropecuario de empresas | $ 1.112.021.041 |
| IVA — intereses de préstamos recibidos por contribuyentes IMEBA | $ 659.187.906 |
| Impuesto al Patrimonio — exoneración de sobretasa agropecuaria para empresas | $ 563.229.567 |
| IRAE — contribuyentes comprendidos en IMEBA | $ 384.961.786 |
| Impuesto al Patrimonio — reducción de alícuota agropecuaria | $ 366.508.155 |
| IVA — importación de maquinaria agrícola | $ 238.919.295 |
| IRAE — arrendamientos de inmuebles destinados a explotación agropecuaria | $ 234.337.426 |
| Impuesto al Patrimonio — sobretasa agropecuaria para individuos | $ 166.350.128 |
| Impuesto al Patrimonio — patrimonio forestal | $ 98.682.865 |
| IVA — devolución de IVA al gasoil para productores agropecuarios | $ 68.367.526 |
| Impuesto al Patrimonio — patrimonio agropecuario de individuos | $ 33.838.436 |
Subtotal mínimo fiscal detectado para 2021:
$ 5.419.883.005, es decir, unos $ 5.420 millones.
Este es el número más firme para usar en la investigación como beneficios fiscales específicos o directamente vinculados al agro en 2021. Los datos salen del informe oficial de Gasto Tributario de DGI/MEF 2021-2024, donde figuran forestación, patrimonio agropecuario, IMEBA, arrendamientos rurales, maquinaria agrícola y devolución de IVA al gasoil.
Ítems complementarios a revisar antes de sumarlos
Hay dos beneficios que aparecen en el informe anterior de DGI como proyección oficial para 2021, pero conviene dejarlos marcados aparte para no mezclar metodologías entre informes:
| Beneficio complementario | Monto proyectado 2021 |
|---|---|
| IVA — bienes, materias primas e insumos usados en la producción agropecuaria | $ 1.079.650.474 |
| IVA — venta de maquinaria agrícola y accesorios | $ 172.169.686 |
Si estos dos ítems se incorporan al cálculo principal, el universo de beneficios fiscales vinculados al agro en 2021 subiría desde $ 5.420 millones a aproximadamente $ 6.672 millones.
Además del subtotal mínimo confirmado, existen otros beneficios proyectados por DGI para 2021 vinculados a insumos y maquinaria agrícola. Si se incorporan, el universo fiscal asociado al agro se acerca a los $ 6.700 millones, aunque serán presentados como complemento metodológico para evitar duplicaciones.”
Fondo Coronavirus, crédito y garantías
El Fondo Coronavirus financió:
| Instrumento económico | Monto 2021 |
|---|---|
| SIGA Emergencia | $ 8.080.250.000 |
| ANDE — préstamos a mipymes | $ 617.204.492 |
En 2021, además de los beneficios fiscales específicos, el Fondo Coronavirus destinó más de $ 8.000 millones a SIGA Emergencia y más de $ 617 millones a préstamos de ANDE para mipymes. La documentación oficial no permite asignar todo ese dinero al agro, pero sí muestra que el Estado desplegó una estructura fuerte de respaldo empresarial mientras la ayuda social seguía siendo discutida peso a peso.
OPP, intendencias y caminería rural
En 2021 también hay que incluir la ayuda indirecta por infraestructura.
El Programa Caminos Rurales Productivos ejecutó en 2021:
$ 667.320.444
Subsidio indirecto territorial al funcionamiento del agro.Este monto corresponde a OPP y no incluye la contrapartida departamental del 30%, por lo que el esfuerzo público total puede ser mayor si se suma lo aportado por las intendencias. OPP define la red vial rural como fundamental para la economía, especialmente para la producción agropecuaria y forestal, y establece que el gobierno nacional aporta 70% y los gobiernos departamentales 30%.
Empresas con nombre propio: COMAP 2021
En 2021 también aparecen empresas agropecuarias o agroindustriales con proyectos promovidos por el régimen de inversiones. Esto no es Fondo Coronavirus, pero sí forma parte del ecosistema de beneficios estatales durante el mismo período.
Ejemplos oficiales:
| Empresa | Registro oficial |
|---|---|
| Agroimpulso S.A. | Proyecto promovido por resolución de setiembre de 2021. |
| Arrocera La Tortuga S.R.L. | Proyecto promovido por resolución de noviembre de |
Resumen de 2021
Para 2021, podemos sostener con base oficial:
Beneficios fiscales específicos al agro:
$ 5.420 millones como subtotal mínimo.
Beneficios fiscales complementarios a revisar:
pueden llevar el universo aproximado hacia $ 6.672 millones.
Fondo Coronavirus y respaldo económico general:
$ 8.080 millones para SIGA Emergencia y $ 617 millones para préstamos ANDE a mipymes, sin poder asignarlo todo al agro con los datos públicos disponibles.
OPP e infraestructura rural:
$ 667 millones ejecutados en Caminos Rurales Productivos, como apoyo indirecto a la producción rural.
Empresas identificables:
en COMAP aparecen firmas agropecuarias o agroindustriales con proyectos promovidos, entre ellas Agroimpulso S.A. y Arrocera La Tortuga S.R.L.
En 2021, cuando la pandemia todavía golpeaba a trabajadores, jubilados, pequeños comercios y hogares endeudados, el sector agropecuario mantuvo una red de beneficios fiscales millonarios, obras públicas indirectas y acceso a instrumentos de respaldo empresarial. El Estado no estuvo ausente: la pregunta es para quién estuvo más disponible.
Beneficios fiscales del agro en 2022
En 2022, el sector “Agropecuaria, pesca y forestal” acumuló $ 7.664.319.752 en gasto tributario.
Es decir: más de $ 7.664 millones que el Estado dejó de recaudar por beneficios, exoneraciones o tratamientos impositivos especiales vinculados al sector.
Si llevamos ese número solo hasta el 5 de abril de 2022, usando una cuenta proporcional simple —95 días sobre 365—, el equivalente aproximado sería:
$ 1.995 millones hasta el final de la emergencia sanitaria.
Este número no es una cifra oficial de DGI, sino una estimación metodológica para medir el peso aproximado del año 2022 dentro del período sanitario estricto.
Beneficios detectados dentro de 2022
| Beneficio / exoneración | Monto 2022 | Qué representa |
|---|---|---|
| Gasto tributario total del sector agropecuario, pesca y forestal | $ 7.664.319.752 | Total anual oficial del sector. Incluye varias exoneraciones y tratamientos especiales. |
| IVA — importación de maquinaria agrícola | $ 885.555.302 | Exoneración sobre importación de maquinaria y equipos agrícolas. |
| IVA — intereses de préstamos a contribuyentes IMEBA | $ 858.162.801 | Exoneración de IVA sobre intereses de préstamos vinculados a contribuyentes del régimen agropecuario IMEBA. |
| IVA — devolución de IVA al gasoil agropecuario | $ 75.566.611 | Crédito/devolución del IVA incluido en compras de gasoil para determinados subsectores agropecuarios. |
| Impuesto al Patrimonio — patrimonio agropecuario de individuos | $ 35.929.104 | Exoneración del patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias para personas físicas. |
| Impuesto al Patrimonio — sobretasa agropecuaria de individuos | $ 156.191.712 | Exoneración de la sobretasa del Impuesto al Patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias. |
Además de esos rubros con monto visible, dentro del paquete anual del agro también deben considerarse partidas como IRAE forestación, patrimonio agropecuario de empresas, arrendamientos rurales destinados a explotación agropecuaria, contribuyentes IMEBA exonerados de IRAE, patrimonio forestal y otros beneficios asociados al sector. La DGI define el gasto tributario como pérdida de recaudación por un tratamiento impositivo distinto al régimen normal, y señala que su efecto puede verse como similar al de una ayuda mediante gasto público directo.
Fondo Coronavirus en 2022
En la rendición del Fondo Solidario COVID-19, para 2022 no aparece nueva ejecución en el bloque de medidas económicas como SIGA Emergencia o ANDE-Préstamos a MiPymes. Esas partidas fuertes quedaron concentradas en 2020 y 2021. El cuadro oficial muestra que SIGA Emergencia sumó $ 8.080.250.000, ANDE-Préstamos a MiPymes $ 1.254.119.492, y el total de medidas económicas fue $ 11.265.075.885, pero sin nueva ejecución económica en 2022.
En 2022, hasta el final formal de la emergencia sanitaria, el apoyo económico empresarial financiado por el Fondo Coronavirus ya no aparece con nuevas partidas relevantes para SIGA o ANDE. Pero el agro siguió recibiendo beneficios por otra vía: la renuncia fiscal estructural del Estado, que en el año completo 2022 superó los $ 7.664 millones para agropecuaria, pesca y forestal.
OPP, intendencias y caminería rural en 2022
El Programa Caminos Rurales Productivos continuó en 2022. OPP registra montos ejecutados en 2022 dentro del programa 2021-2022 y certificaciones mensuales de obras rurales. En abril de 2022, por ejemplo, se registró una certificación mensual por $ 67.555.070 en obras del programa.
OPP también explica que en caminería rural el Gobierno Nacional aporta el 70% de los recursos y los gobiernos departamentales el 30% restante.
Esto no se presenta como plata entregada a una empresa concreta, sino como:
inversión pública indirecta que sostiene el funcionamiento del agro: caminos para mover ganado, granos, leche, madera, trabajadores, maquinaria e insumos.
Aunque la emergencia sanitaria terminó el 5 de abril de 2022 y las partidas económicas fuertes del Fondo Coronavirus ya no muestran nueva ejecución ese año, el sector agropecuario siguió recibiendo un respaldo estatal muy importante por la vía fiscal. En el año contable 2022, el gasto tributario oficial para agropecuaria, pesca y forestal fue de $ 7.664 millones. Si se estima proporcionalmente hasta el fin de la emergencia sanitaria, el tramo enero-5 de abril representa cerca de $ 1.995 millones en beneficios fiscales asociados al sector.
Mientras la emergencia sanitaria llegaba a su final formal, el discurso de austeridad seguía ordenando la respuesta social. Pero el andamiaje de beneficios al agro no se apagó con la pandemia: siguió funcionando por la vía menos visible, la de los impuestos que el Estado decidió no cobrar.
2020.Ayuda social, salud pública, trabajo y sector público
En 2020 el Fondo Solidario COVID-19 ejecutó $ 38.362 millones. De ese total, el mayor bloque fue trabajo y seguridad social, con $ 21.110 millones; luego vinieron las medidas económicas, con $ 9.542 millones; las medidas sociales, con $ 5.524 millones; y las medidas sanitarias, con $ 2.184 millones.
La primera lectura política es clara: la emergencia social existió, pero fue contenida con partidas focalizadas y temporales, mientras el país veía crecer la pobreza, las ollas populares, el seguro de paro y la presión sobre los servicios públicos.
Ayuda social directa en 2020
Este bloque reúne las partidas destinadas a hogares vulnerables, alimentación, refugios, alquileres, cuarentenas y programas sociales.
| Medida social | Monto 2020 | Qué representa |
|---|---|---|
| Tarjeta alimentaria TuApp | $ 3.027.278.815 | Canastas o transferencias alimentarias para población vulnerable, especialmente personas por fuera de redes formales de protección. |
| Duplicación de Asignación Familiar — no TUS | $ 1.008.020.606 | Refuerzo extraordinario para hogares con niños y adolescentes. |
| Complemento Tarjeta Uruguay Social | $ 841.295.054 | Refuerzo para población ya vinculada a programas sociales del MIDES. |
| Uruguay Trabaja | $ 245.000.000 | Programa sociolaboral. |
| Refugios contingentes | $ 154.049.986 | Refuerzo para personas en situación de calle o vulnerabilidad habitacional. |
| INDA — viandas y comidas en refugios | $ 82.405.022 | Alimentación en refugios y dispositivos sociales. |
| Arrendamiento de hoteles | $ 65.120.455 | Alojamiento transitorio, cuarentenas o dispositivos de emergencia. |
| INDA — complemento tarjeta alimentaria | $ 27.142.797 | Refuerzo alimentario. |
| INDA — tickets de alimentación | $ 9.639.019 | Apoyo alimentario complementario. |
| Subsidio alquileres SGA-CGN | $ 3.493.595 | Apoyo puntual en alquileres. |
Subtotal social 2020:
$ 5.524.818.454.
Este número es importante, pero también muestra el límite: la mayor parte de la ayuda social se concentró en alimentación y transferencias puntuales. No fue un ingreso básico sostenido ni una política universal de protección de ingresos. Fue una respuesta focalizada, transitoria y acotada.
Salud pública y respuesta sanitaria en 2020
En salud, el Fondo COVID registró $ 2.184.752.831 en medidas sanitarias. Dentro de ese total aparecen gastos para ASSE, MSP, Defensa, Presidencia, Interior, INAU y otros organismos.
| Medida sanitaria | Monto 2020 | Qué representa |
|---|---|---|
| ASSE — gastos hospitalarios | $ 1.075.290.424 | Principal partida sanitaria del año; refuerzo hospitalario en salud pública. |
| MSP — estudios de diagnóstico a prestadores de salud | $ 450.000.000 | Apoyo a diagnósticos dentro del sistema de salud. |
| MSP — estudios de diagnóstico | $ 214.842.795 | Testeo y diagnóstico. |
| MSP — respiradores | $ 133.852.235 | Equipamiento crítico. |
| MSP — vacunas / acuerdo de complemento anticipado | $ 95.170.914 | Compra o anticipos vinculados a vacunas. |
| Defensa — vestimenta descartable | $ 26.926.268 | Protección sanitaria. |
| Defensa — gastos hospitalarios | $ 25.067.453 | Apoyo sanitario desde el área militar. |
| MSP — rastreadores | $ 22.880.000 | Seguimiento epidemiológico. |
| MSP — complemento vacuna influenza | $ 22.222.150 | Vacunación complementaria. |
| ASSE — ambulancias | $ 10.758.777 | Refuerzo operativo. |
Subtotal sanitario 2020:
$ 2.184.752.831.
Acá hay una diferencia fuerte con el discurso oficial: el sistema público de salud fue central para sostener la pandemia, pero el refuerzo sanitario de 2020 fue menor que el gasto en medidas económicas empresariales del mismo año. No quiere decir que todo gasto empresarial haya sido ilegítimo; quiere decir que la prioridad presupuestal no fue tan lineal como se presentó.
Trabajo, seguro de paro y seguridad social
Este fue el bloque más grande de 2020: $ 21.110.614.643. Pero hay que mirarlo bien, porque no todo fue “ayuda directa” a trabajadores. Parte fue subsidio por desempleo, parte fue subsidio por enfermedad, parte fue compensación al BPS y FONASA por pérdida de recaudación.
| Medida laboral / seguridad social | Monto 2020 | Qué representa |
|---|---|---|
| BPS — subsidio por desempleo | $ 9.983.025.015 | Seguro de paro, principal herramienta de sostén laboral. |
| BPS — pérdida por baja recaudación | $ 5.273.186.978 | Compensación al sistema de seguridad social por caída de ingresos. |
| BPS — aportes a FONASA por subsidios | $ 1.385.552.170 | Sostén del financiamiento sanitario asociado a subsidios. |
| FONASA — pérdida por baja recaudación | $ 1.306.481.572 | Compensación por caída de aportes. |
| BPS — subsidio por enfermedad | $ 1.106.988.388 | Cobertura por enfermedad vinculada a la emergencia. |
| BPS — subsidio por reintegro de trabajadores | $ 577.793.800 | Incentivo para reincorporación laboral. |
| BPS — exoneración 40% aportes patronales y personales | $ 516.252.019 | Alivio de aportes, con efecto sobre empresas y trabajadores. |
| BPS — licencia especial de la construcción | $ 436.050.590 | Medida sectorial vinculada a la construcción. |
| Subsidio Monotributo MIDES | $ 290.000.000 | Apoyo a monotributistas MIDES. |
| FONASA — extensión al amparo del SNIS | $ 183.794.089 | Mantenimiento de cobertura sanitaria. |
Subtotal trabajo y seguridad social 2020:
$ 21.110.614.643.
Este bloque va a ser clave para comparar con el agro. No todo fue dinero nuevo en el bolsillo de la gente: una parte importante fue para sostener el sistema de seguridad social ante la caída de la recaudación. El seguro de paro ayudó, pero también mostró la magnitud del golpe: en 2020, más de 302.000 personas pasaron por el subsidio por desempleo, con un promedio mensual de 112.869 subsidios, bastante por encima de 2019.
Ollas populares: la ayuda que no alcanzó
Un relevamiento de docentes de Udelar, estudiantes de Ciencias Sociales y técnicos de AEBU estimó que en 2020 surgieron al menos 700 ollas y merenderos populares en todo el país; cerca de 40% estaban en Montevideo y el resto distribuido en el interior. El mismo trabajo advierte que el número pudo estar subregistrado, especialmente en localidades pequeñas.
El informe también calcula que, en el pico de abril de 2020, las ollas llegaron a servir alrededor de 385.000 platos por semana, unas 55.000 porciones diarias, y que entre la segunda mitad de marzo y fines de julio se sirvieron aproximadamente 5.919.000 porciones en ollas populares.
Mientras el Estado medía la ayuda social con transferencias acotadas, miles de personas sostuvieron la alimentación de barrios enteros con trabajo no remunerado. La propia investigación estimó que el esfuerzo colectivo entre alimentos y horas de trabajo no pago llegó a unos $ 500 millones entre marzo y julio de 2020.
El sector público también pagó la pandemia
El sector público no solo recibió presión, también financió parte de la respuesta.
En 2020 se creó el Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19, que gravó remuneraciones y prestaciones nominales para financiar el Fondo Solidario COVID-19. BPS explica que el tributo se creó junto con el Fondo y que gravaba remuneraciones y prestaciones nominales según la Ley 19.874.
El MEF registró en 2020 $ 803.918.511 de recaudación por impuesto COVID. Además, la Presidencia había anunciado que el Fondo se nutriría con aportes de salarios superiores a $ 80.000 de funcionarios públicos y cargos políticos, por franjas, durante dos meses con posibilidad de extensión.
A los trabajadores públicos se les pidió aportar salario para financiar la emergencia, mientras otros sectores recibieron exoneraciones, garantías o beneficios fiscales presentados con nombres más amables.
Recortes y restricciones al sector público
Además del impuesto COVID, el gobierno aplicó una política de recorte o contención sobre el propio Estado. El 11 de marzo de 2020, antes incluso de la declaración formal de emergencia sanitaria, Presidencia informó que los ministerios debían ahorrar 15% en gastos de funcionamiento e inversión, excluyendo salarios. También se prohibía renovar o comprar mobiliario y equipamiento, y se habilitaba cubrir solo un tercio de las vacantes generadas, con excepciones para docentes, personal de salud y Ministerio del Interior.
No es ayuda social. Es el costo del ajuste sobre el aparato público.
Los servicios públicos fueron exigidos al máximo durante la pandemia: salud, educación, seguridad social, INAU, MIDES, ASSE, BPS, intendencias, municipios y organismos de atención directa.
Sobre despidos o ceses en salud pública
En el primer año de la pandemia, la salud pública recibió refuerzos sanitarios, pero también funcionó bajo presión presupuestal general, con restricciones de gasto, contratos de emergencia y un sistema público exigido por encima de su estructura habitual. Los ceses masivos del personal contratado por Plan COVID deben analizarse más adelante, especialmente en 2022.
1. Ayuda social directa:
$ 5.524 millones, concentrados en TuApp, asignaciones familiares, Tarjeta Uruguay Social, refugios y alimentación.
2. Salud pública y respuesta sanitaria:
$ 2.184 millones, con ASSE y MSP como actores centrales.
3. Trabajo y seguridad social:
$ 21.110 millones, principalmente seguro de paro, subsidio por enfermedad y compensaciones a BPS/FONASA.
4. Sector público como financiador:
$ 803 millones recaudados por el impuesto COVID aplicado sobre salarios públicos y otras remuneraciones alcanzadas.
5. Recorte o contención estatal:
15% de ahorro obligatorio en funcionamiento e inversión de ministerios, restricciones a compras y límite para cubrir vacantes.
6. Sociedad civil sosteniendo alimentación:
al menos 700 ollas y merenderos en todo el país, con millones de porciones servidas y trabajo barrial no remunerado.
En 2020, el gobierno de Lacalle Pou presentó la ayuda social como respuesta a la emergencia, pero los números muestran una protección limitada, focalizada y temporal. Mientras miles de personas caían en el seguro de paro, aumentaba la pobreza y los barrios organizaban ollas populares, el propio sector público financiaba parte del Fondo COVID con salarios e ingresaba al ajuste mediante recortes de funcionamiento, restricciones de vacantes y presión sobre servicios esencial.
2021 — Ayuda social, salud pública, trabajo y sector público
En 2021 el Fondo Solidario COVID-19 ejecutó $ 47.421 millones. De ese total, las medidas sanitarias fueron el bloque más grande, con $ 19.162 millones; luego trabajo y seguridad social, con $ 15.153 millones; medidas sociales, con $ 11.382 millones; y medidas económicas, con $ 1.722 millones.
Ayuda social directa en 2021
La ayuda social tuvo un aumento frente a 2020, pero siguió siendo focalizada, no universal. El bloque social oficial fue de:
$ 11.382 millones.
Según la exposición de motivos de Rendición de Cuentas, con criterio fiscal, las principales líneas sociales fueron:
| Medida social | Monto 2021 |
|---|---|
| AFAM-PE y TuApp | $ 10.440 millones |
| Programas de alimentación | $ 1.122 millones |
| Refugios, vivienda y otros | $ 1.203 millones |
Esto muestra que el centro de la respuesta social estuvo en transferencias alimentarias, asignaciones familiares reforzadas y dispositivos de emergencia, no en una política de ingreso sostenido para toda la población golpeada.
Salud pública y respuesta sanitaria en 2021
En 2021, el gasto sanitario fue el bloque principal del Fondo COVID:
$ 19.162 millones.
El detalle presentado por el MEF marca tres grandes líneas:
| Medida sanitaria | Monto 2021 |
|---|---|
| Plan de vacunación | $ 8.806 millones |
| Pruebas de diagnóstico | $ 4.066 millones |
| Insumos sanitarios | $ 6.630 millones |
Este fue el año fuerte de la vacunación y del sistema sanitario sosteniendo la etapa más crítica de la pandemia. Pero también hay que decirlo con claridad: buena parte de esa respuesta descansó sobre trabajadores de la salud, personal contratado, ASSE, MSP, laboratorios, enfermería, vacunadores, auxiliares, rastreadores y equipos públicos que después no tuvieron el mismo reconocimiento estructural.
Trabajo, seguro de paro y seguridad social en 2021
El bloque de trabajo y seguridad social fue de:
$ 15.153 millones.
La exposición de motivos desagrega las principales medidas económicas y de empleo así:
| Medida laboral / seguridad social | Monto 2021 |
|---|---|
| Subsidio por enfermedad | $ 3.832 millones |
| Subsidio por desempleo | $ 3.456 millones |
| Resignación de ingresos BPS y DGI | $ 7.754 millones |
| Subsidio Monotributo MIDES | $ 479 millones |
| Programa Oportunidad Laboral | $ 1.116 millones |
| Subsidio al transporte | $ 1.106 millones |
| Otras medidas de empleo | $ 834 millones |
Acá hay que mantener la misma precisión que con el agro: no todo fue plata directa al trabajador. Parte fue seguro de paro, parte fue subsidio por enfermedad, parte fue compensación por recaudación perdida y parte fue sostén de programas laborales transitorios.
Ollas populares: la señal de que la ayuda no alcanzaba
Las ollas populares no son un dato lateral. Son una prueba social de que la respuesta estatal no cubría toda la necesidad. El informe Entramando barrios, de la Facultad de Ciencias Sociales de Udelar, registró que en junio-julio de 2022 seguían activas 542 ollas y merenderos, frente a 645 en junio-julio de 2020. Aunque bajó la cantidad de iniciativas, las porciones mensuales casi no bajaron: de 1.880.466 a 1.806.853.
Ese dato es muy fuerte para la investigación: menos gente organizada sostenía casi la misma cantidad de comida servida. Eso quiere decir que el hambre no desapareció; se concentró sobre menos hombros.
El sector público también pagó la pandemia
En 2021 se creó el Impuesto Emergencia Sanitaria 2 – COVID-19, destinado a financiar el Fondo Solidario COVID-19. BPS señala que fue establecido por la Ley 19.949 y el Decreto 145/021.
La exposición de motivos registra $ 131 millones por Impuesto COVID en 2021. No fue un impuesto general sobre los grandes patrimonios privados ni sobre los sectores más beneficiados por exoneraciones: volvió a recaer sobre franjas de ingresos del sector público y prestaciones alcanzadas.
Además, el salario real tuvo caída. Según cifras oficiales recogidas por Subrayado, en 2021 el salario real cayó 1,56% en promedio, y la caída fue mayor en el sector público: 1,92%.
Esto debe entrar en la investigación como costo social del ajuste: el sector público sostuvo servicios esenciales, pagó impuesto COVID y además perdió poder de compra.
2022 — Hasta el final de la emergencia sanitaria
La emergencia sanitaria terminó formalmente el 5 de abril de 2022, pero el MEF registra el Fondo por año cerrado. Por eso tomamos 2022 completo como dato contable, aclarando que dentro de ese año hubo gastos comprometidos o en ejecución después del final formal de la emergencia. El propio MEF dice que el Fondo siguió financiando medidas ya comprometidas, vigentes o con plazo pendiente.
En 2022 el Fondo COVID ejecutó:
| Área | Monto 2022 |
|---|---|
| Medidas sanitarias | $ 12.952 millones |
| Trabajo y seguridad social | $ 3.616 millones |
| Medidas sociales | $ 1.044 millones |
| Total 2022 | $ 17.614 millones |
Ayuda social directa en 2022
La ayuda social bajó con fuerza respecto a 2021. Pasó de más de $ 11.382 millones en 2021 a $ 1.044 millones en 2022.
| Medida social | Monto 2022 |
|---|---|
| Tarjeta alimentaria TuApp | $ 833 millones |
| INDA — viandas y comidas en refugios | $ 157 millones |
| Apoyo a ollas populares y merenderos | $ 33,7 millones |
| Refugios contingentes | $ 11,2 millones |
| Duplicación Asignación Familiar — no TUS | $ 5,2 millones |
| Subsidio alquileres SGA-CGN | $ 1,2 millones |
La lectura política es clara: cuando todavía había ollas funcionando y hogares golpeados, la ayuda social extraordinaria se empezó a retirar con mucha rapidez.
Salud pública y respuesta sanitaria en 2022
En 2022, la mayor parte del gasto del Fondo fue sanitaria:
$ 12.952 millones.
Por inciso, el gasto se distribuyó principalmente así:
| Organismo | Monto 2022 |
|---|---|
| MSP | $ 7.248 millones |
| ASSE | $ 5.405 millones |
| BPS | $ 3.228 millones |
| MIDES | $ 1.040 millones |
| Udelar | $ 275 millones |
Dentro del bloque sanitario aparecen gastos grandes en vacunación, diagnóstico y ASSE. El MEF registra $ 3.798 millones en plan de vacunación del MSP, $ 3.172 millones en estudios de diagnóstico y $ 4.991 millones en gastos hospitalarios de ASSE.
Trabajo y seguridad social en 2022
En 2022, el bloque trabajo y seguridad social fue de:
$ 3.616 millones.
| Medida laboral / seguridad social | Monto 2022 |
|---|---|
| BPS — subsidio por enfermedad | $ 2.191 millones |
| BPS — pérdida por baja recaudación | $ 645 millones |
| Programa Oportunidad Laboral | $ 388 millones |
| BPS — aportes a FONASA por subsidios | $ 273 millones |
| FONASA — pérdida por baja recaudación | $ 117 millones |
Este bloque muestra que el golpe laboral no había desaparecido: cambió de forma. En 2022 pesó más el subsidio por enfermedad que el seguro de paro, en buena medida por el arrastre sanitario y los contagios asociados a la etapa final de la emergencia.
Ceses en salud pública: el otro lado del final de la emergencia
Este punto es clave. Casi al cierre de la emergencia sanitaria, la Federación de Funcionarios de Salud Pública denunció que ASSE cesó de forma abrupta 1.600 contratos del Plan COVID que cumplían funciones en centros de atención de todo el país. La denuncia fue publicada el 31 de marzo de 2022, pocos días antes del levantamiento formal de la emergencia.
El sindicato sostuvo que esa decisión no solo dejaba trabajadores sin empleo, sino que también podía afectar la atención de usuarios, porque servicios enteros se sostenían con esos contratos.
El cierre de la emergencia no fue igual para todos. Para parte del personal de salud que sostuvo la pandemia, el final llegó en forma de cese de contratos.
El sector público siguió financiando
En 2022 también aparece recaudación por Impuesto COVID, aunque el MEF aclara que corresponde a meses de cargo de 2021 registrados contablemente en 2022. El monto fue de $ 23.334.109.
No es el número más grande, pero sí tiene peso político: mientras se retiraba ayuda social y se cerraban contratos COVID, una parte del financiamiento de la emergencia siguió saliendo de remuneraciones alcanzadas por el impuesto sanitario.
La pobreza y las ollas seguían presentes
El INE publicó los informes de pobreza de 2021 y 2022, y el MIDES muestra que la pobreza en menores de 18 años seguía en niveles altos: en el país urbano, el total de menores pobres fue 10,6% en 2021 y 9,9% en 2022. En niños de 0 a 5 años, la pobreza fue 18,7% en 2021 y 19,6% en 2022.
Ese dato ayuda a sostener el hilo de la investigación: la emergencia se levantó, pero la emergencia social no terminó al mismo tiempo.
1. En 2021 hubo un aumento importante del gasto COVID, sobre todo por vacunación, salud, transferencias sociales, subsidios y seguridad social.
2. La ayuda social siguió siendo focalizada y temporal, centrada en TuApp, asignaciones, alimentación, refugios y programas puntuales.
3. En 2022 la ayuda social cayó fuerte, aunque seguían funcionando cientos de ollas y merenderos.
4. El sector público sostuvo la respuesta sanitaria, pero también pagó costos: impuesto COVID, pérdida salarial, presión de servicios y ceses de contratos.
5. En salud pública, el final de la emergencia tuvo un costado laboral duro, con la denuncia de 1.600 contratos del Plan COVID cesados en ASSE
Cuando se mira la ayuda social con la misma vara que usamos para mirar los beneficios al agro, aparece una diferencia política de fondo: a la población golpeada se le dio una asistencia focalizada, temporal y cada vez más reducida; al sector público se le exigió sostener la emergencia, aportar salario y soportar recortes; y a los trabajadores de la salud que habían puesto el cuerpo se les empezó a cerrar la puerta apenas el gobierno decidió que la pandemia entraba en retirada.
La cuenta final: quién fue protegido y quién pagó la pandemia
Cuando se comparan los dos bloques estudiados, el resultado político es claro: el gobierno de Lacalle Pou no administró la pandemia con la misma vara para todos.
A la sociedad golpeada se le respondió con ayudas focalizadas, temporales y discutidas peso a peso. Al sector público se le exigió sostener servicios, atender la emergencia, financiar parte del Fondo COVID con impuestos sobre salarios y aceptar recortes o pérdida de poder de compra. A los trabajadores de la salud se les pidió poner el cuerpo y, cuando la emergencia empezó a cerrarse, muchos contratos COVID fueron dados de baja.
Del otro lado, los sectores agropecuarios, forestales y vinculados al gran capital productivo siguieron recibiendo una protección mucho menos visible, pero muy concreta: exoneraciones, renuncias fiscales, beneficios patrimoniales, garantías de crédito, promoción de inversiones y obras indirectas. No siempre aparecieron con la palabra “subsidio”, pero tuvieron el mismo efecto político: el Estado resignó recursos o puso infraestructura para sostener a sectores que ya tenían más espalda económica.
El dato más fuerte para cerrar la comparación es este: entre 2020 y 2022, la ayuda social directa del Fondo COVID sumó aproximadamente $ 17.950 millones. En el mismo período, solo el gasto tributario asociado a agropecuaria, pesca y forestal rondó los $ 19.800 millones, sin contar caminería rural, garantías SIGA, COMAP ni otros apoyos indirectos. Es decir: un solo bloque productivo recibió, por la vía de impuestos que el Estado dejó de cobrar, una cifra comparable e incluso superior a toda la ayuda social directa desplegada para la población más golpeada del país. El MEF registró el uso del Fondo COVID y la DGI publica los informes de gasto tributario, definidos como recursos que el Estado deja de recaudar por tratamientos impositivos especiales.
La diferencia no está solo en el monto. Está en la calidad de la ayuda. Para los hogares vulnerables hubo tarjetas, duplicaciones puntuales, canastas, refugios y alimentación. Para el sector público hubo impuesto COVID, presión laboral y ajuste. Para los barrios hubo ollas populares: en 2020 se sirvieron casi 5,9 millones de porciones en ollas y más de 2 millones en merenderos; en 2022, cuando el gobierno ya retiraba parte de la ayuda, seguían activas cientos de iniciativas comunitarias que repartían más de 1,8 millones de porciones mensuales.
Mientras tanto, los sectores exportadores no vivieron el mismo derrumbe. Uruguay XXI informó que las exportaciones de bienes crecieron 43% en 2021, alcanzando US$ 11.549 millones, con fuerte incidencia de carne bovina, celulosa, madera, soja y otros productos agroindustriales. En 2022 volvieron a crecer, llegaron a US$ 13.356 millones y marcaron un nuevo máximo histórico; la soja, por ejemplo, más que duplicó lo exportado en 2021 y alcanzó un récord.
Ahí aparece el corazón de esta investigación: la pandemia no la pagaron todos por igual. La pagaron los trabajadores que fueron al seguro de paro, las familias que hicieron fila por comida, los jubilados y asalariados que perdieron poder de compra, los funcionarios públicos alcanzados por el impuesto COVID, los equipos de salud que sostuvieron la emergencia y los barrios que organizaron ollas cuando la ayuda estatal no alcanzaba. El BPS registró el Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19 de 2020 y su segunda versión en 2021 como tributos destinados a financiar el Fondo Solidario COVID-19.
El 1% más rico del país no aparece en estas planillas haciendo cola, perdiendo salario o sosteniendo ollas. Aparece protegido por una estructura más silenciosa: propiedad, patrimonio, exoneraciones, capacidad de lobby, acceso al crédito, beneficios fiscales y sectores exportadores que, aun en pandemia, lograron mantener o aumentar su facturación. No hace falta afirmar que cada integrante de esa minoría recibió una transferencia directa: alcanza con mirar el diseño general. La ayuda social fue emergencia; la ayuda al capital fue política permanente.
Por eso el cierre no es técnico, es político: el Estado estuvo presente durante la pandemia, pero no estuvo presente del mismo modo para todos. Para los de abajo, llegó tarde, medido y con fecha de vencimiento. Para los sectores más privilegiados, siguió funcionando con estabilidad, beneficios y respaldo. Esa fue la verdadera desigualdad de la pandemia: mientras la sociedad ponía el cuerpo, el salario y la olla, los de arriba conservaron sus ventajas y, en muchos casos, siguieron ganando.
Creditos ; Quatroges.com.uy
