Lo de Jaureguiberry hace tiempo dejó de parecer un simple problema de ocupaciones precarias. Lo que fue apareciendo, denuncia tras denuncia, es algo bastante más turbio: terrenos en una de las zonas costeras más codiciadas de Canelones ocupados por personas que no encajan precisamente en la imagen de quien no tiene dónde caer muerto. No se habla solamente de familias empujadas por la necesidad, sino también de ocupaciones hechas por gente con recursos, vehículos caros, materiales de construcción, contenedores y hasta proyectos de viviendas de mejor nivel en padrones cerca del mar. Por eso en la zona empezó a imponerse una expresión que resume todo con brutal claridad: “ocupaciones VIP”.
El escándalo no nace solo de que se ocupe un terreno. Nace de la sospecha de que durante años se fue armando un mecanismo donde la costa pasó de ser un lugar de conflicto habitacional a convertirse también en un negocio informal. La secuencia que describen vecinos y denunciantes es siempre parecida: alguien cae en un padrón vacío, marca el terreno, coloca alguna estructura, arranca a consolidar la ocupación y después intenta vestir eso de legalidad mediante la figura de los derechos posesorios. En algunos casos, ni siquiera se esperaría a consolidar nada demasiado serio: directamente se ofrecería la ocupación o la cesión de esos supuestos derechos a terceros. La irregularidad deja entonces de ser una emergencia social y pasa a oler a especulación inmobiliaria con vista al mar.
En la Junta Departamental de Canelones, en abril de 2023, este punto se dijo sin demasiados rodeos. Allí se habló de terrenos en Jaureguiberry ofrecidos por US$ 15.000 y US$ 16.000 bajo la fórmula de cesión de derechos posesorios, y también de ocupaciones que se revendían por US$ 7.000 u US$ 8.000 para que después el comprador hiciera la gestión ante la Intendencia. El señalamiento era demoledor, porque deja instalada una pregunta incómoda: si alguien paga ese dinero por una ocupación irregular, no parece estar actuando como alguien desesperado por un techo, sino como alguien que apuesta a sacar provecho de una situación débilmente controlada.
Ahí está el núcleo político del asunto. Porque una cosa es la pobreza, la falta de vivienda y la expansión de asentamientos, que son dramas reales y complejos. Otra muy distinta es que se use esa realidad como cortina para tolerar o dejar crecer ocupaciones de oportunidad, hechas por personas que no están al borde del abismo sino al acecho de una buena tajada de costa. En la propia discusión de la Junta se marcó esa diferencia: no todo asentamiento es una ocupación VIP y no toda ocupación VIP nace de una necesidad social. En Jaureguiberry, buena parte del ruido público vino justamente de esa mezcla explosiva entre vulnerabilidad real y viveza organizada.
La Intendencia de Canelones, por su parte, no puede decir que el fenómeno le cayó del cielo la semana pasada. El propio gobierno departamental reconoce que el problema existe desde hace años y que la presión sobre la franja costera es vieja. Ya en 2021 y 2022 hubo relevamientos e intervenciones sobre Jaureguiberry y otros puntos de la costa. La comuna informó que relevó 3.050 padrones en el balneario y que intimó a ocupantes a presentar documentación sobre su vínculo con el inmueble, permisos de construcción y cumplimiento de normas vinculadas a la zona costera. Más adelante volvió sobre un grupo menor de padrones en los que no se había acreditado documentación y donde se seguían registrando movimientos o construcciones. O sea: el problema estaba identificado, mapeado y oficialmente reconocido.
Eso vuelve más pesada la discusión sobre las responsabilidades. Porque cuando un fenómeno irregular se vuelve masivo, persistente y visible en una zona tan sensible, el debate ya no pasa solo por si hubo ocupaciones, sino por qué crecieron tanto, quién miró para otro lado y cuánto tardó el Estado departamental en reaccionar de verdad. En la Junta se llegó a denunciar que desde el Municipio de La Floresta había hasta cartelería indicando qué documentación debían presentar vecinos para tramitar derechos posesorios. Esa acusación es gravísima porque sugiere no solo descontrol, sino la posibilidad de que desde una estructura pública se terminara orientando, facilitando o “avivando” a ocupantes para intentar consolidar situaciones irregulares. No es una condena judicial, pero sí una denuncia política muy seria que explica por qué el caso explotó.
El episodio del Municipio de La Floresta fue, de hecho, uno de los momentos en que el tema dejó de ser un murmullo barrial para convertirse en un escándalo mayor. En octubre de 2022, Yamandú Orsi dispuso la intervención de ese municipio por presuntas irregularidades que se investigaban en sede administrativa y judicial, a las que además se sumaban denuncias de acoso laboral. Formalmente la medida no fue presentada como una condena por el tema ocupaciones, pero el contexto político hizo inevitable que todo quedara conectado: irregularidades, denuncias, derechos posesorios, renuncia del alcalde y una costa donde el problema venía creciendo demasiado.
En términos más profundos, lo de Jaureguiberry muestra una distorsión bastante uruguaya: cuando el Estado llega tarde, mal o a medias, siempre aparece alguien dispuesto a convertir el vacío en negocio. El terreno abandonado o mal controlado deja de ser un problema patrimonial y se transforma en oportunidad. Después viene la retórica humanitaria para cubrir lo que, en algunos casos, parece más bien especulación con paisaje costero incluido. Y mientras tanto, los vecinos que sí cumplen, pagan y esperan terminan mirando cómo otros avanzan por la vía del hecho consumado. El mensaje de fondo es devastador: el vivo ocupa, consolida y después negocia; el que respeta las reglas, que mire desde afuera. Esa lógica es la que vuelve este asunto tan irritante.
También hay que decir algo importante para no caer en simplificaciones cómodas. La figura del derecho posesorio existe y no toda invocación a esa figura es trucha por definición. Hay casos donde efectivamente puede haber posesión prolongada o situaciones complejas que requieren análisis jurídico fino. El problema aparece cuando esa herramienta, que en teoría tiene un encuadre legal, empieza a ser usada como pasarela para blanquear ocupaciones recientes, superpuestas o directamente armadas como negocio. Ahí el derecho deja de ser un remedio y pasa a parecer un disfraz. Esa es precisamente la sospecha que recorre el caso Jaureguiberry.
Con lo que hoy está públicamente disponible, se puede afirmar que hubo y hay un problema serio de ocupaciones en Jaureguiberry, que parte de esas ocupaciones fueron señaladas como hechas por personas sin necesidad habitacional urgente, que se denunciaron reventas y cesiones de derechos posesorios a valores altos, y que el tema terminó salpicando políticamente al Municipio de La Floresta y a la propia Intendencia por la pregunta más incómoda de todas: si esto venía pasando hacía tanto tiempo, ¿cómo se dejó crecer tanto?
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