La pulseada de este martes 7 de abril en Naciones Unidas dejó bastante más que una votación caída. El Consejo de Seguridad no logró aprobar la resolución sobre el estrecho de Ormuz pese a que 11 de sus 15 miembros votaron a favor, porque Rusia y China usaron su poder de veto. El texto había sido presentado por Baréin en medio de la crisis abierta tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, una guerra que ya lleva más de cinco semanas y que convirtió a Ormuz en uno de los centros de la disputa global por energía, comercio y control militar de la región.
Lo importante es que no se trataba ya del borrador más duro que circuló días atrás. Según Reuters y AP, la versión sometida a voto había sido rebajada después de objeciones de China, Rusia y otros miembros del Consejo: se eliminó cualquier autorización expresa para usar la fuerza y se dejó un lenguaje centrado en “coordinación defensiva”, incluyendo escoltas para buques mercantes y acciones para garantizar la navegación. Aun así, Moscú y Pekín entendieron que el texto seguía apuntando en una sola dirección: responsabilizar a Irán sin tocar el cuadro político y militar más amplio que empujó la crisis hasta este punto.
Ahí apareció con claridad la línea que Rusia y China quisieron marcar. El embajador ruso Vasili Nebenzia anunció que ambos países presentarán un proyecto alternativo sobre la situación en Oriente Medio que incluya también la dimensión de la seguridad marítima. La señal política es nítida: para Moscú y Pekín, discutir Ormuz como si fuera solo un problema técnico de navegación, aislado del avance militar de Washington y Tel Aviv sobre Irán, equivale a falsear el conflicto. China ya venía advirtiendo que incluso una redacción más suave podía terminar legitimando una escalada todavía mayor, y volvió a sostener que el camino de fondo pasa por un alto el fuego y por retomar una negociación política real.
La disputa, entonces, no fue solamente jurídica ni diplomática. Fue profundamente política. El proyecto de Baréin, respaldado por Estados Unidos y por otros gobiernos del Golfo, aparecía formalmente como una respuesta para proteger el tránsito comercial por uno de los pasos marítimos más sensibles del planeta, por donde antes de esta crisis pasaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Pero, en el contexto actual, aprobarlo también podía funcionar como un paraguas político para reforzar la presión occidental sobre Irán, justo cuando Donald Trump redobló sus amenazas y llegó a advertir con una destrucción masiva si Teherán no cedía.
Desde una mirada crítica, lo que quedó al desnudo en Nueva York es que el Consejo de Seguridad sigue siendo un terreno de choque entre potencias y no un ámbito neutral para desactivar guerras. Rusia y China no resolvieron la crisis con su veto, pero sí bloquearon una resolución que, incluso suavizada, podía terminar consolidando una lectura conveniente para Washington: presentar la crisis de Ormuz como un problema de “seguridad marítima” separado de los bombardeos, las amenazas y la cadena de agresiones que encendieron la región. En otras palabras, frenaron que la diplomacia internacional quedara reducida a acompañar, con lenguaje institucional, una escalada ya en marcha.
