Documentos analizados por la BBC revelan que Jeffrey Epstein mantuvo una estructura de alojamiento y traslado de mujeres en zonas exclusivas de Londres, incluso después de que la Policía Metropolitana decidiera no avanzar con una denuncia de Virginia Giuffre. El caso vuelve a exponer la trama de poder que durante años rodeó al financista condenado por delitos sexuales.
El archivo Epstein sigue hablando. Y cada nueva página confirma algo que durante años fue tratado como exceso, conspiración o simple escándalo de ricos: detrás del financista estadounidense Jeffrey Epstein no había solamente fiestas, contactos y mansiones. Había una red organizada, sostenida por dinero, movilidad internacional, silencios institucionales y una impunidad que caminó cómoda por los barrios más caros del mundo.
Una investigación difundida por la BBC reveló que Epstein utilizó al menos cuatro pisos en Kensington y Chelsea, dos de las zonas más exclusivas de Londres, para alojar a mujeres que luego lo acusaron de abuso sexual. La información surge de facturas, correos electrónicos y registros bancarios incluidos en los archivos del caso. Según esos documentos, seis mujeres que pasaron por esas propiedades denunciaron posteriormente haber sido abusadas por Epstein. Varias de ellas provenían de Rusia y Europa del Este.
El dato no es menor: parte de esa actividad habría continuado después de que la Policía Metropolitana de Londres decidiera no abrir una investigación formal por la denuncia presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes más visibles del caso Epstein. Giuffre había sostenido que fue víctima de tráfico internacional hacia Londres y acusó a Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como príncipe Andrés, de haber abusado de ella cuando tenía 17 años. Él siempre negó las acusaciones.
Los documentos muestran una operativa que iba bastante más allá de pagar alquileres. De acuerdo con los reportes, Epstein habría financiado estudios, visas, mensualidades y traslados. También aparecen viajes frecuentes entre Londres y París, incluso mediante Eurostar, con al menos 53 boletos vinculados al movimiento de mujeres entre Francia e Inglaterra entre 2011 y 2019. En algunos casos, se habrían usado tarifas juveniles para menores de 25 años.
La postal es brutal: pisos caros, mujeres extranjeras, traslados internacionales, dependencia económica y un hombre condenado por delitos sexuales moviéndose durante años entre las capitales del poder occidental. No era un monstruo escondido en una cueva. Era un hombre con agenda, contactos, abogados, puertas abiertas y una red que funcionaba a la vista de demasiados.
La Policía Metropolitana defendió su actuación y sostuvo que, tras la denuncia de Giuffre, siguió líneas razonables de investigación, la entrevistó en varias oportunidades, consultó con autoridades estadounidenses y obtuvo asesoramiento de la fiscalía británica. También afirmó que las seis mujeres mencionadas por la BBC no presentaron denuncias directas ante la policía por hechos ocurridos en Londres, aunque especialistas quedaron disponibles para recibirlas.
Pero esa explicación no cierra la herida. Porque el problema no es solamente si una oficina policial cumplió o no con un procedimiento. El problema es cómo un delincuente sexual condenado pudo seguir operando, alojando mujeres, pagando traslados y sosteniendo vínculos con figuras del poder político y monárquico sin que el sistema reaccionara a tiempo.
El impacto vuelve a caer sobre Andrew Mountbatten-Windsor. El hermano del rey Carlos III ya había quedado fuera del primer plano de la familia real y en octubre de 2025 Buckingham Palace inició el proceso formal para retirarle estilo, títulos y honores. Desde entonces dejó de ser presentado como príncipe Andrés y pasó a ser conocido como Andrew Mountbatten Windsor.
La conexión con Epstein nunca dejó de perseguirlo. En 2022, Andrew llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre en Estados Unidos, sin admitir responsabilidad. La causa civil fue cerrada sin juicio, pero el daño político y simbólico ya estaba hecho. Giuffre murió por suicidio en abril de 2025, a los 41 años, en Australia, según confirmó su familia.
Ahora el caso suma otra línea de presión. Según The Guardian, la policía británica investiga acusaciones contra Andrew Mountbatten-Windsor y Peter Mandelson por presunto traslado de información sensible a Epstein. Thames Valley Police lleva adelante una investigación sobre Andrew por presunta conducta indebida en cargo público, mientras la Policía Metropolitana investiga a Mandelson. Ambos niegan haber actuado mal.
El Reino Unido, además, busca acceder a documentos originales y sin tachaduras del archivo Epstein en poder de Estados Unidos. Las autoridades británicas temen que, sin esos materiales completos, sea difícil avanzar judicialmente. La Met ya presentó un pedido formal a las autoridades estadounidenses para obtener esos documentos, mientras varias fuerzas policiales revisan vuelos vinculados a Epstein que llegaron o salieron de aeropuertos británicos.
Epstein murió en prisión en 2019, mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Pero su muerte no cerró el caso. Al contrario: dejó expuesto el tamaño de una red que no se explica solo por la perversión individual de un millonario. Se explica también por la capacidad de ciertos hombres ricos para convertir al Estado, a la policía, a la diplomacia, a la justicia y a la prensa en una zona de niebla.
Londres aparece ahora no como escenario secundario, sino como una pieza más del mapa. Nueva York, París, las islas privadas, los aviones, los departamentos de lujo y los nombres ilustres forman parte de una misma estructura: la del privilegio cuando se organiza para protegerse a sí mismo.
El escándalo Epstein no es una historia de excesos privados. Es una historia política. Habla de cuerpos explotados, de mujeres no escuchadas, de policías que llegaron tarde, de instituciones que miraron hacia otro lado y de una elite que durante años confundió impunidad con normalidad.
Fotos ; Ralph Alswang, White House photographer, Public domain, via Wikimedia Commons
US Department of Justice, Public domain, via Wikimedia Commons
Geoff Livingston, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
United States District Court, Southern District of New York/FBI, Public domain, via Wikimedia
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