La Intendencia de Durazno activó una medida cautelar que bloquea nuevas obras públicas y el montaje de plantas fotovoltaicas en parte del frente costero de Baygorria. Frente a ese freno, y según informó fuentes de Presidencia, el gobierno de Yamandú Orsi resolvió redirigir la inversión prevista por UTE hacia Río Negro, sin abandonar el esquema de participación de pequeños ahorristas ni la apuesta por ampliar la matriz solar.
Una apuesta oficial para ampliar la matriz renovable
El proyecto original había sido presentado oficialmente el 23 de marzo por Presidencia como una nueva planta solar de 30 megavatios en Baygorria, con un esquema inusual para Uruguay: permitir que la ciudadanía invirtiera desde US$ 200, con rentabilidad anual y devolución del capital inicial en un plazo de cinco años. El gobierno lo presentó como una herramienta para avanzar en energía solar, complementar la generación eólica, dinamizar el interior y canalizar ahorro nacional hacia infraestructura pública. Fernanda Cardona resumió entonces la lógica política del plan como un “ganar-ganar” para la ciudadanía y para la empresa pública.
Ese anuncio no quedó solo en palabras. En los documentos públicos todavía disponibles, la ubicación de referencia seguía siendo Baygorria: una resolución de UTE fechada el 15 de enero de 2026 y publicada por el MTOP el 21 de abril convocó a empresas extranjeras para participar en la licitación del “Parque solar fotovoltaico Baygorria”, mientras que el sistema de compras estatales mostraba el llamado publicado el 10 de abril y con recepción de ofertas prevista hasta el 9 de junio de 2026. Es decir: hasta esta semana, la tramitación oficial seguía asociada al emplazamiento original.
El movimiento de Durazno y la disputa por el territorio
El giro se explica por una decisión política de la Intendencia de Durazno. El 10 de abril, Felipe Algorta firmó la Resolución 3426/2026, que dio inicio al proceso de elaboración del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Pueblo de Baygorria y vecindades. En ese texto, la comuna plantea que la localidad necesita un ordenamiento propio, acorde a su nueva condición institucional y a su potencial de desarrollo local.
La resolución no se queda en una formulación general. En su artículo 5 establece una suspensión cautelar de autorizaciones para nuevos usos productivos, subdivisiones de suelo u otras construcciones en los padrones involucrados, salvo que estén enmarcados en acuerdos de desarrollo concertados entre nivel departamental y nacional. Y, en forma específica, para el frente costero delimitado por la ruta 4 y el embalse, fija como medida de protección la “no habilitación de nuevas obras públicas” y el “montaje de plantas de energías fotovoltaicas” mientras no exista un planeamiento más integral.
Detrás de esa cautelar hay una orientación política clara: la intendencia quiere empujar a Baygorria como un espacio de desarrollo turístico y territorial propio, no solo como soporte de infraestructura energética. Esa posición se monta, además, sobre la ley 20.355, aprobada en 2024, que declaró a Baygorria como pueblo y dispuso que el Estado fomente su desarrollo territorial, la radicación y la salvaguarda de sus valores locales.
Orsi no retrocede en la política energética y reubica la inversión
Lo que sí aparece con nitidez es la señal política de fondo: el gobierno no parece dispuesto a abandonar una línea que combina empresa pública, transición energética y participación popular del ahorro. La lectura más consistente, a partir de las fuentes disponibles, es que el Poder Ejecutivo eligió evitar una parálisis del proyecto y trasladar la inversión antes que resignar una herramienta pensada para reforzar soberanía energética y ampliar la infraestructura renovable en el interior. Esa decisión no elimina el conflicto de fondo, pero sí muestra una prioridad: seguir avanzando
Lo de Baygorria deja una discusión que Uruguay va a enfrentar cada vez más seguido. La transición energética no puede avanzar a espaldas del territorio, pero tampoco debería quedar rehén de bloqueos políticos que terminen demorando inversiones estratégicas. El desafío es coordinar mejor, planificar antes y evitar que el choque entre escalas de gobierno termine debilitando una política pública que, bien llevada, puede generar desarrollo, arraigo y energía limpia al mismo tiempo. En ese equilibrio —entre ambiente, ordenamiento y soberanía— se juega mucho más que la ubicación de un parque solar.
Fuentes
Presidencia de la República; Diario Oficial/IMPO; MTOP-UTE; El Observador; Montevideo Portal.
