La corrupción policial no es solamente un delito cometido por funcionarios públicos. Es una fractura más profunda: rompe la confianza en el Estado, deja desprotegidos a los barrios más golpeados por la violencia y convierte la lucha contra el narcotráfico en una zona gris donde algunos uniformes pueden funcionar como protección, amenaza o peaje.
Eso es lo que ahora investiga el Ministerio del Interior a partir de denuncias contra cuatro policías pertenecientes al área de Investigaciones de la Zona Operacional IV, una jurisdicción que comprende buena parte del oeste de Montevideo y que incluye barrios como Cerro, La Teja, Tres Ombúes, Colón y otras zonas históricamente atravesadas por problemas de seguridad, desigualdad y presencia de bocas de venta de drogas.
Según la información divulgada inicialmente por Radio Carve y luego recogida por otros medios, los efectivos investigados habrían realizado procedimientos irregulares, generalmente durante la noche, en puntos de venta de drogas. La denuncia sostiene que concurrían vestidos de particular, en vehículos no identificados, y que una vez en el lugar presionaban a quienes regenteaban las bocas para llevarse dinero, droga o imponerles un pago mensual.
La cifra que aparece en la investigación es tan concreta como grave: hasta 150.000 pesos por mes para permitir que determinados puntos siguieran funcionando sin ser derivados a otras dependencias especializadas o sin que se procediera contra quienes estaban vinculados al negocio. En otras palabras, no se trataría simplemente de funcionarios que “miraban para otro lado”, sino de una presunta administración paralela del delito: cobrar para dejar operar.
De confirmarse, el hecho sería doblemente grave. Primero, porque implicaría que funcionarios policiales usaron información, autoridad y capacidad operativa del Estado para beneficio propio. Segundo, porque los principales perjudicados vuelven a ser los mismos de siempre: los vecinos de los barrios donde el narcotráfico instala miedo, violencia y deterioro cotidiano. Allí donde el Estado debería llegar con protección, servicios, políticas sociales y presencia democrática, algunas prácticas corruptas pueden convertirlo en otra forma de amenaza.
Uno de los elementos más delicados del caso es la modalidad denunciada. Las acusaciones hablan de allanamientos nocturnos ilegales, presiones directas y amenazas. En uno de los audios difundidos públicamente, atribuido a un efectivo policial, se escucha una frase que resume el nivel de abuso que se investiga: “Tenés más que perder”. La expresión, más allá del proceso judicial y administrativo que deberá determinar responsabilidades, revela una lógica de poder completamente alejada de cualquier actuación policial legítima.
También se informó que los policías investigados habrían desactivado el GPS de los vehículos utilizados para evitar que quedaran registros de sus movimientos nocturnos. Ese dato, si se confirma, agrega una señal de planificación: no sería un exceso aislado en medio de un procedimiento, sino una forma de actuar pensada para no dejar rastros.
Hasta el momento, el Ministerio del Interior confirmó que el caso está siendo investigado, aunque no se informó públicamente si los cuatro funcionarios fueron separados del cargo mientras avanza la indagatoria. Ese punto no es menor. Cuando existen denuncias de esta gravedad, la transparencia institucional no puede ser un detalle administrativo: es parte de la respuesta democrática que la sociedad necesita.
La Zona Operacional IV ya conoce antecedentes pesados. En 2019, una investigación judicial desarticuló una trama de policías corruptos que operaban en esa misma zona. En aquel caso, efectivos vinculados a tareas de investigación fueron acusados de extorsionar, robar en bocas de droga y aprovechar procedimientos para quedarse con dinero o sustancias. La causa terminó con policías enviados a prisión y con consecuencias internas para jerarquías de la zona.
Por eso el título no habla de una sombra por casualidad. La sombra vuelve porque el problema no aparece en el vacío. Vuelve porque la corrupción policial, cuando se instala en áreas sensibles, no solo compromete a los funcionarios directamente involucrados: contamina procedimientos, debilita investigaciones, desprotege a los vecinos y alimenta la idea de que en ciertos territorios todo se negocia, incluso la autoridad pública.
Es importante decirlo con claridad: investigar corrupción policial no es atacar a la Policía. Es exactamente lo contrario. Es defender a la ciudadanía y también a los policías honestos, que son la mayoría y que trabajan en condiciones difíciles, muchas veces expuestos a riesgos reales y con recursos insuficientes. La peor defensa corporativa es encubrir o relativizar a quienes usan el uniforme para delinquir. La mejor defensa institucional es separar, investigar, sancionar y transparentar.
La lucha contra el narcotráfico no puede reducirse a discursos duros ni a operativos espectaculares. Mucho menos puede convivir con zonas de protección informal, cobros clandestinos o arreglos entre funcionarios y delincuentes. Cuando una boca paga para seguir funcionando, no solo se compra impunidad: se compra tiempo para seguir destruyendo el tejido social de un barrio.
Desde una mirada progresista, el punto central no es pedir mano dura como consigna vacía. El punto es exigir un Estado fuerte, limpio y presente. Fuerte para enfrentar al crimen organizado. Limpio para no mezclarse con él. Presente para no abandonar a los barrios populares al negocio de la droga, a la violencia y a la corrupción de quienes deberían combatirla.
Si los hechos denunciados se comprueban, no bastará con sancionar a cuatro policías. Habrá que revisar controles internos, trazabilidad de procedimientos, uso de vehículos, supervisión jerárquica, actuación de Investigaciones y mecanismos de denuncia protegida. Porque la corrupción no crece solo donde hay dinero ilegal; crece donde también hay falta de control, zonas opacas y silencios convenientes.
La investigación recién comienza y deberá respetar todas las garantías. Pero la gravedad política e institucional del caso ya está planteada. En el oeste de Montevideo, donde muchas familias conviven con la inseguridad todos los días, la respuesta no puede ser otro pacto oscuro entre quienes venden droga y quienes cobran por dejarlos vender.
