La audiencia de este lunes volvió a poner sobre la mesa algo que en Uruguay demasiadas veces se intenta maquillar con modales republicanos: el poder no se mide solo por el cargo que alguien ocupa hoy, sino por la red de influencias, vínculos y protecciones que construyó durante años. Y cuando ese poder queda sentado en el banquillo, el sistema entero queda obligado a mirarse al espejo. Eso fue, en el fondo, lo que ocurrió en la extensa audiencia de más de tres horas y media en la que la jueza suplente Gabriela Azpiroz resolvió mantener en prisión preventiva al exsenador nacionalista Gustavo Penadés y sustituir la medida para Sebastián Mauvezin por arresto domiciliario nocturno hasta octubre.
La fiscal Isabel Ithurralde había pedido seis meses más de prisión preventiva para ambos, hasta el 2 de octubre, bajo el argumento de que siguen vigentes los riesgos para la seguridad de las víctimas y de entorpecimiento del proceso. No habló de una causa cualquiera: recordó que se trata de 13 víctimas, que salvo tres mantienen identidad reservada, y subrayó que varias de ellas fueron perseguidas y amedrentadas, algo que forma parte del cuadro acusatorio que rodea el caso. También insistió en que, aunque las declaraciones anticipadas ya fueron tomadas, las víctimas deben ser protegidas a lo largo de todo el juicio, más aún tratándose de jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica.
En esa línea, Fiscalía agregó elementos que volvieron a mostrar el espesor del expediente. Ithurralde mencionó registros de giros de dinero que, según dijo, Penadés hacía llegar a Mauvezin a través de un testigo vinculado a locales de Abitab. También habló de un joven de Maldonado, hoy de unos 24 años, que declaró haber sido contactado por Mauvezin con propuestas de fotos íntimas a cambio de dinero y de encuentros con hombres mayores. Sumó además el relato de una testigo que dijo haber escuchado de boca de Mauvezin referencias a un vínculo con Penadés y a la búsqueda de jóvenes para encuentros sexuales, incluso mencionando el interés por contactar a un menor de edad del entorno de esa testigo. Todo eso fue incorporado por Fiscalía no como espectáculo, sino como argumento para sostener que el riesgo no está clausurado.
A eso se añadió la situación del policía Federico Rodríguez, vinculado a la investigación paralela y luego condenado tras acordar con Fiscalía. Ithurralde sostuvo que Rodríguez denunció haberse sentido amenazado luego de una audiencia anterior, cuando Penadés se acercó, le dio la mano y le dijo: “un gusto, nos vemos”. El episodio fue presentado como una señal de presión, no por la grandilocuencia del gesto sino justamente por su ambigüedad, por esa vieja forma del poder de insinuar sin decir del todo. La representación de las víctimas, a cargo de Soledad Suárez, reforzó ese punto y puso el acento en que el peso de Penadés no puede leerse solo en tiempo presente: después de tres décadas de ejercicio del poder público, dijo, quedan vínculos, contactos, influencias y capacidad de acceso a personas que para cualquier ciudadano común serían inimaginables.
La defensa de Penadés, encabezada por Homero Guerrero y Laura Robatto, jugó su carta en el sentido contrario. Habló de la “irracionalidad” de mantener la prisión preventiva, sostuvo que una domiciliaria con tobillera tendría el mismo efecto cautelar, negó que subsistan riesgos reales y denunció que mantener preso al exsenador equivale a imponer una pena anticipada. Guerrero cuestionó la idea de vulnerabilidad en los términos expuestos por Fiscalía, relativizó la interpretación sobre la amenaza al testigo y hasta ironizó con el riesgo de fuga, afirmando que Penadés no tiene dónde ir y que ni figuras internacionales con mayor poder han logrado burlar sistemas de control. Robatto, por su parte, fue todavía más lejos: dijo que si Penadés conservara poder político, nada de esto estaría ocurriendo, insistió en que hoy lo único que tiene es arraigo familiar y terminó acusando al sistema de sostener la prisión para forzar un acuerdo y evitar el juicio. Después del fallo, incluso habló de “extorsión” por parte del Poder Judicial.
En el caso de Mauvezin, la defensa de Rosana Gavazzo reclamó directamente la libertad y remarcó que la investigación ya está cerrada en lo sustancial, que la única prueba pendiente mencionada era la declaración anticipada de una víctima radicada en España y que no existiría forma real de que su defendido pudiera interferir en esa diligencia. Recordó además un dato fuerte: Fiscalía pidió para él una condena de seis años y ya lleva 30 meses de prisión preventiva, es decir, más del 40 % de la pena solicitada, a lo que se agregan 332 días de trabajo que podrían redimir pena. La defensa sostuvo que eso vuelve desproporcionada la medida y expone al Estado a responsabilidad por exceso.
Azpiroz recogió parte de esos argumentos, pero no todos. La jueza sostuvo que el riesgo de entorpecimiento no desaparece porque termine la etapa investigativa, sino que puede proyectarse sobre el juicio, especialmente cuando los imputados ya conocen quiénes serán algunos de los testigos y víctimas que deberán declarar. Señaló que existe la posibilidad de que intenten acercarse a esas personas, influirlas, desalentarlas o alterar sus testimonios. Sin embargo, marcó una diferencia central entre Penadés y Mauvezin: no es la misma imputación, ni la misma posición objetiva, ni el mismo volumen de poder acumulado. Allí estuvo el corazón político del fallo. Porque mientras entendió que en el caso del exsenador el peligro seguía siendo grave y fundado, para Mauvezin consideró que la prisión preventiva había dejado de ser necesaria y la sustituyó por arresto domiciliario nocturno entre las 22 y las 6, además de la prohibición absoluta de contacto con testigos y víctimas y controles policiales aleatorios.
La resolución dejó a todos desconformes, que a veces es otra forma de decir que tocó un nervio real. Fiscalía apeló la domiciliaria de Mauvezin por considerar que sigue estrechamente ligado a Penadés y que persiste el riesgo para las víctimas. La defensa de las víctimas también intentó apelar. Y la defensa del exsenador apeló la continuidad de la prisión preventiva. Pero más allá de la batalla procesal que seguirá, quedó una frase que resume el criterio del tribunal y también la gravedad del caso: al citar al Tribunal de Apelaciones de 4° Turno, Azpiroz recordó que “los riesgos son de manual”. No como hipótesis abstracta, sino porque, según esa valoración, ya hubo hechos que mostraron de qué manera podría operar el entorpecimiento.
Lo que esta audiencia volvió a desnudar no es solo el destino judicial de dos imputados. También volvió a exhibir la incomodidad de un sistema político que durante demasiado tiempo convivió con el blindaje, el prestigio de traje planchado y la lógica de club. Cuando un hombre que fue durante años uno de los rostros fuertes del oficialismo termina discutiendo su libertad en un expediente atravesado por víctimas vulnerables, testigos con miedo, acusaciones de captación y maniobras paralelas, ya no alcanza con fingir sorpresa ni refugiarse en tecnicismos. El problema no es solamente penal; es también profundamente político y social. Porque el poder, aun herido, sigue intentando hacerse sentir. Y porque del otro lado, en esta causa, lo que está en juego no es la reputación de una figura caída, sino la posibilidad de que las víctimas lleguen al juicio sin volver a ser aplastadas por la maquinaria de siempre.
Fotos originales ;Inès Guimaraens
