Por eso el Poder Ejecutivo salió a reforzar controles en las zonas fronterizas y exhortó a la Ursea a monitorear la venta de gasoil y evaluar acciones para garantizar el suministro interno. La lógica es bastante simple: el mismo mecanismo que busca evitar un mazazo mayor en el bolsillo de este lado puede transformarse en un incentivo para que del otro lado miren a Uruguay como una estación de servicio subsidiada.
La señal oficial ya había quedado planteada el 27 de marzo, cuando Presidencia informó que el ajuste de abril sería excepcional, mensual y topeado en 7%, muy por debajo de lo que marcaba el Precio de Paridad de Importación. Desde el 1 de abril la nafta Súper pasó a 82,27 pesos y el gasoil 50S a 50,63 pesos por litro. El propio gobierno admitió que, si se hubiese trasladado plenamente la referencia internacional, la nafta habría debido subir en el entorno de 13% y el gasoil cerca de 44% al público.
Ahí está el nudo del asunto. El Ejecutivo quiso amortiguar un shock externo feroz, pero al hacerlo abrió una tensión interna. Según la información difundida este 6 de abril, en los departamentos de frontera las distribuidoras deberán remitir datos diarios y detallados de las ventas de gasoil 50-S y 10-S en Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. A eso se suma el seguimiento de los volúmenes que Ancap coloca a las distribuidoras, el monitoreo de stocks en plantas y la obligación de alertar rápido ante cualquier caída que pueda comprometer el suministro.
No es un movimiento preventivo caprichoso. El propio gobierno había reconocido días atrás que existe riesgo de “demanda espuria” en frontera, mientras Ancap estudia mecanismos de control con operadores de tarjetas y la Dirección Nacional de Aduanas. La frase que circuló desde el ente resume bien la preocupación oficial: el subsidio implícito no fue pensado para abastecer a la región. Dicho sin vueltas, el Estado intenta enfriar la suba internacional sin terminar financiando consumos ajenos ni incubando faltantes en los departamentos más expuestos.
El trasfondo es internacional y no menor. El gobierno uruguayo justificó el ajuste extraordinario señalando que el crudo pasó de unos 70 dólares por barril en febrero a más de 100 en marzo, en medio de la guerra en Medio Oriente. Reuters informó este 6 de abril que la disrupción energética ligada al conflicto y a las restricciones en Ormuz provocó una pérdida de más de 12 millones de barriles diarios y llevó al Brent a moverse en torno a los 109 dólares, mientras la Agencia Internacional de la Energía viene advirtiendo sobre un shock de oferta de escala histórica.
Uruguay, entonces, quedó atrapado en una escena bastante conocida: cuando afuera arde el mapa energético, acá se busca ganar tiempo con regulación, subsidio y crédito. El problema es que cada alivio trae su factura. Para contener el golpe, el Estado resolvió absorber parte del costo, mantener congelado el impacto sobre el boleto y desplegar medidas de apoyo para sectores productivos intensivos en combustible, desde líneas blandas de crédito hasta extensión de beneficios fiscales y garantías. Pero al mismo tiempo tuvo que salir a vigilar surtidores y fronteras como quien tapa una gotera y descubre que la humedad ya venía caminando por dentro de la pared.
En ese sentido, la decisión de reforzar controles no muestra fortaleza sino la fragilidad del equilibrio elegido. Si el precio acompaña del todo la referencia internacional, el golpe político y económico es inmediato. Si queda demasiado por debajo, aparece el riesgo de arbitraje, sobredemanda y tensión logística. El gobierno eligió la segunda opción y ahora corre a custodiar sus consecuencias. No porque falte combustible hoy de forma generalizada, sino porque ya entendió que en esta crisis el problema no empieza cuando el surtidor se seca, sino bastante antes: cuando el precio deja de reflejar el costo y la frontera empieza a oler negocio.
DUCSA/ANCAP en cercanía a Isidoro Noblía, Cerro Largo.Uruguay
