El excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, admitió que recomendó al astillero Cardama, pero marcó una frontera clara: la compra, el contrato y los pagos fueron decisiones políticas del gobierno de Lacalle Pou. En la comisión parlamentaria aparecieron nuevas contradicciones, reuniones poco claras y dudas sobre el pago de ocho millones de euros antes del cambio de mando.
La compra de las OPV y el camino que terminó en Cardama
La comparecencia del almirante retirado Jorge Wilson ante la comisión parlamentaria que investiga la compra de dos patrulleros oceánicos volvió a poner el foco sobre uno de los contratos más cuestionados del último gobierno de Lacalle Pou. Wilson fue comandante en jefe de la Armada durante el proceso que terminó con la adjudicación al astillero español Francisco Cardama S.A., una empresa que no aparecía entre las grandes opciones iniciales y que terminó desplazando a competidores con mayor trayectoria internacional.
Wilson comenzó ubicando el origen del proceso en 2023, cuando el Ministerio de Defensa le transmitió la intención de reequipar a la Armada. Según explicó, la fuerza naval había planteado tres necesidades: buques de 1.500 toneladas, buques de 500 toneladas para sustituir barreminas y embarcaciones menores para patrullaje fluvial.
En sus palabras: “En el transcurso del año 2023, el ministro de Defensa me indica que se va a hacer un proceso para reequipar la Armada”. A partir de esa directiva, la Armada optó por priorizar buques mayores, porque eran los que daban “presencia en el mar”.
El primer llamado tuvo un resultado claro. Se presentaron astilleros de China, Francia y Holanda. De acuerdo con Wilson, la oferta china cumplía con el 100% de los requisitos técnicos, mientras que Damen estaba en el entorno del 90% y la francesa Kership en algo más del 80%. El exjefe naval lo dijo sin rodeos: “China era la única que satisfacía plenamente”. Sin embargo, agregó una frase que pesa políticamente: “Lamentablemente, después se decidió declararlo desierto y no se fue por la opción de los barcos chinos”.
Esa decisión abrió otro camino. Luego se exploraron barcos usados de Noruega, clase Nordkapp, que tenían unos 40 años y buenas prestaciones, pero que no podían ser sostenidos por la Armada uruguaya por problemas de mantenimiento y de calado. Wilson explicó que si esos buques no podían ingresar al dique nacional, eran inviables: “Me parecía de orden decirle al ministro que no comprara barcos que eran insostenibles para nosotros”.
Después de caída esa opción apareció el nombre clave: Gerardo “Bocha” Moreira, capitán de fragata retirado y representante de Lürssen. Wilson relató que Moreira llegó con una propuesta de un astillero español. “Me pidió una audiencia y me dijo que él tenía la posibilidad de presentar la propuesta de un astillero español, muy conveniente”, declaró.
Ese astillero era Cardama.
Wilson afirmó que le pidió a Moreira que presentara la propuesta en el Ministerio de Defensa. Pero, según su relato, desde el ministerio lo derivaron nuevamente a la Armada. Allí Cardama empezó a ganar terreno en un proceso que ya venía de una licitación desierta, una opción noruega descartada y una necesidad política de cerrar una compra que el gobierno presentaba como estratégica.
La recomendación técnica y la decisión política
Uno de los puntos centrales de la comparecencia fue la frontera que Wilson intentó marcar entre el asesoramiento de la Armada y la decisión del gobierno. El excomandante admitió que recomendó a Cardama, pero remarcó que la compra final no dependía de él.
La Junta de Almirantes analizó varias propuestas, pero Wilson insistió en que no se trataba de una votación vinculante. “La Junta de Almirantes es un órgano de asesoramiento; no es un órgano en el que se vota, se elige y por votación sale cuál es la propuesta”, dijo.
Según explicó, la decisión de recomendación al ministro era del comandante en jefe. Y en ese punto fue directo: “Tomé en cuenta las opiniones, pero la decisión final me correspondía a mí, y por eso decidí Cardama”.
Sin embargo, esa frase no cierra el problema. Wilson recomendó, pero no contrató. En otro tramo dejó marcada la responsabilidad del poder político: “El oficio mío al señor ministro en su momento era la recomendación de tres astilleros: primero Cardama; en segundo lugar, el grupo Kership, de Francia y, en tercer lugar, el astillero de Colombia, pero la decisión de cuál se compraba es política”.
Ese es el núcleo de la defensa de Wilson y, al mismo tiempo, uno de los puntos más delicados para el gobierno anterior. La Armada recomendó, pero el Ministerio de Defensa eligió. La Armada no redactó el contrato. La Armada no negoció las condiciones políticas. La Armada no definió el esquema final de pagos.
Wilson también reconoció que Cardama era un astillero pequeño y poco conocido. Sobre la experiencia de los otros competidores, admitió que empresas como Kership, Damen, Lürssen o China tenían una capacidad superior. “Ellos construyen submarinos; China construye portaaviones, fragatas, destructores, son buques de tenor militar. Entonces, esos astilleros, sin duda, van a tener mejor capacidad”, señaló.
Pese a eso, Cardama aparecía con una ventaja decisiva: prometía más capacidades por menor precio. Y ahí Wilson dejó una frase que resume el clima de aquel proceso: “Uno era un niño frente a una juguetería que pedía un juguete más y le decían que sí”.
El problema es que esa facilidad también podía ser una señal de alerta. Wilson reconoció que llamaba la atención que Cardama mantuviera el mismo precio mientras aceptaba cambios y agregaba capacidades. Según relató, la explicación del astillero era que estaba por fuera del “lobby” de las OPV y que su opción era bajar el margen de ganancia para entrar al negocio.
En paralelo, también apareció la duda sobre posible información privilegiada. Consultado sobre si Cardama pudo haber accedido a información interna, Wilson respondió: “El capitán de Fragata Moreira estuvo en todo el proceso con Lürssen, mejor dicho, acompañando a Lürssen, y sabía las especificaciones de lo que se le había exigido a Lürssen en su momento. Si él le acercó información a Cardama o no, no sé, y si tuvo contacto con algún oficial de la interna de la Armada, no sé”.
Esa respuesta no prueba una irregularidad, pero tampoco la despeja. Deja abierta una pregunta pesada: cómo llegó Cardama, con qué información llegó y por qué terminó siendo la opción preferida.
Reuniones, papeles ausentes y el pago antes del cambio de gobierno
La comparecencia también dejó al descubierto un punto especialmente sensible: una reunión del 13 de junio de 2023 en el Ministerio de Defensa con el dueño del astillero Cardama, antes de la adjudicación del proyecto. Según lo planteado en comisión, esa reunión no habría quedado debidamente documentada en el expediente.
Wilson dijo que participaron autoridades de la Armada y del Ministerio. Mencionó al director de Material, al jefe de gabinete, al director de Secretaría y al área financiero-contable. Pero cuando se le preguntó si el entonces ministro Javier García estuvo presente, respondió: “No me acuerdo si el ministro estaba o no estaba”.
Luego agregó: “Estimo que debe haber estado, porque sí el señor Cardama se había movido para ahí, pero no tengo la certeza”.
La frase es políticamente relevante. No confirma la presencia del ministro, pero tampoco la descarta. Y si una reunión con el propietario del astillero se realizó antes de la adjudicación y sin registro claro, el problema ya no es solo técnico: es institucional.
En esa reunión se habría hablado, entre otras cosas, de la instalación de armas. Wilson reconoció que Cardama no tenía experiencia con ese sistema y que se manejó la posibilidad de apoyo de la Armada Española. “Cardama no tiene experiencia con el sistema de armas”, dijo.
Otro punto crítico fue la llamada “cuaderna maestra”, un documento técnico clave para habilitar un hito de pago. Wilson reconoció las limitaciones de la Armada para evaluar técnicamente ese tipo de diseño. “Ningún oficial de la Armada está en condiciones de poder decir que, a partir del diseño de una cuaderna maestra, ese buque va a tener determinado comportamiento”, afirmó.
Por eso, según explicó, se pidió contratar a un ingeniero naval, pero el Ministerio respondió que no. La validación quedó entonces atada a Lloyd’s Register. También se consultó a un ingeniero naval uruguayo que trabajaba en Europa, quien recomendó un análisis en túnel de olas para corroborar el comportamiento dinámico del buque.
Pero ese testeo también quedó envuelto en dudas. Wilson sostuvo que, cuando se realizó, el agregado de Defensa no fue autorizado o no fue notificado y no pudo viajar.
El tramo más delicado llegó con el pago del llamado hito B, por ocho millones de euros, realizado antes del cambio de gobierno. Wilson dijo que la Dirección Financiero Contable de la Armada lo apuraba porque se vencía la carta de crédito y renovarla implicaba un costo alto. Según su relato, el director general de Material Naval, José Ruiz, entró a su despacho con el plano de la cuaderna maestra y le dijo que estaba aprobado.
“Entró a mi despacho el director, con el diagrama de la cuaderna maestra diciendo que estaba aprobado”, declaró. Con esa convicción, habilitó el procedimiento para liberar el pago.
Pero la defensa de Wilson volvió a apoyarse en la misma frontera: él actuaba bajo directivas políticas. “Ahora, yo había recibido directivas de que solamente a nivel político se hablaba de este tema, por lo tanto, no me correspondía a mí formular apreciaciones sobre algo que tenía directivas claras”, afirmó.
Y sobre eventuales delitos o irregularidades, fue todavía más explícito: “Entiendo que no me corresponde a mí analizar la actuación a nivel del Ministerio en cuanto a si hubo algún delito o irregularidad en los procesos que se llevaron a cabo. Yo estoy sujeto a la autoridad superior del ministro”.
También marcó distancia del contrato: “En el contrato no participamos, y en la redacción del contrato la única vez que se me consultó fue por terminología naval y nada más”. Y remató: “En los procesos de cómo se negoció o de cómo se pagó la Armada no intervino de ninguna manera”.
El diputado Joaquín Garlo fue claro al terminar la sesión. Para el oficialismo, la comparecencia dejó contradicciones sobre cómo llegó Cardama, sobre una reunión no documentada en el Ministerio de Defensa y sobre el pago de ocho millones de euros antes del cambio de mando. “Queda claro que este no es un tema del todo transparente”, señaló.
La nota se elaboró a partir de la comparecencia del almirante retirado Jorge Wilson ante la comisión parlamentaria que investiga la compra de las OPV a Cardama, recogida por Caras y Caretas, donde Wilson admitió haber recomendado al astillero español pero remarcó que la decisión final fue política.
