La auditoría interna de ASSE terminó en denuncia penal. El caso apunta a contrataciones del SAME-105, pagos millonarios a ITHG/UTAM, convenios con Casmu y Círculo Católico, y una pregunta incómoda: cómo se movieron recursos públicos de salud por montos enormes, con controles débiles, observaciones reiteradas y beneficios concentrados en prestadores privados.
La Administración de los Servicios de Salud del Estado resolvió llevar a la Justicia penal a la gestión anterior encabezada por Leonardo Cipriani. La decisión fue tomada por unanimidad por el actual directorio y alcanza al expresidente de ASSE, a los exdirectores Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, y al exgerente general Eduardo Henderson. También se dispusieron sumarios administrativos a otros funcionarios vinculados a la gestión financiera, al SAME-105 y al Hospital de Treinta y Tres.
El expediente no habla de una diferencia menor ni de un error administrativo aislado. Lo que aparece es una trama de contrataciones, pagos y convenios que, según los informes difundidos, podrían haber comprometido recursos por el orden de los 50 millones de dólares. La parte más pesada está en el SAME-105 y la contratación de ITHG, hoy UTAM, empresa que llegó a concentrar el 96,47% del gasto del servicio de emergencia, con más de $ 2.000 millones observados por el Tribunal de Cuentas
Del informe administrativo al juzgado
La investigación administrativa marcó tres focos principales: la contratación de la empresa de traslados ITHG para el SAME-105; los convenios con prestadores privados, especialmente Casmu y Círculo Católico, para camas de CTI y cuidados moderados; y la gestión del Hospital de Treinta y Tres. Jurídica de ASSE entendió que la magnitud económica de los montos y las conductas detectadas podían superar el terreno administrativo y entrar en posibles delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos o abuso de funciones.
En el caso de ITHG, la auditoría detectó compras sin procedimiento competitivo, fraccionamiento de gasto para evitar licitaciones, pagos observados por el Tribunal de Cuentas y una concentración casi total del gasto en una sola empresa. El País informó que la investigación señaló compras de traslados por unos $ 2.000 millones, todas observadas por el TCR, además de un presunto “fraccionamiento ilegítimo” para mantener contrataciones bajo la modalidad de compra directa cuando correspondía otro procedimiento.
En 2024 ASSE habría pagado unos US$ 800.000 por una ambulancia destinada a tareas vinculadas al Mides que, según la investigación, tenía una productividad de “un llamado cada dos días”. También se señaló que esos traslados no se controlaban y que no había evidencia material suficiente de consultas de precios previas antes de decidir las compras.
El Círculo Católico en el centro de la lupa
El Círculo Católico aparece como uno de los grandes nombres del caso. No solo porque fue beneficiario de pagos crecientes de ASSE, sino porque Leonardo Cipriani había sido director técnico de esa mutualista antes de asumir en ASSE y luego volvió a trabajar allí tras dejar el cargo. Las compras de ASSE al Círculo Católico pasaron de $ 244.710.902 en 2020 a $ 844.636.130 en 2024, un aumento de 245%.
La auditoría también mostró que el gasto concentrado en Casmu, Círculo Católico y Casa de Galicia pasó de representar el 12% del gasto total de ASSE en 2020 al 29% en 2024. Esos pagos pasaron de $ 474 millones a $ 1.949 millones, incluso cuando Casa de Galicia dejó de funcionar en 2022.
Ese punto es clave: no se trata solamente de cuánto se pagó, sino de cómo se decidió pagar, con qué controles, con qué respaldo documental y bajo qué condiciones. La investigación administrativa marcó presuntas modificaciones en convenios con Casmu y Círculo Católico para contratar estudios, camas de CTI y cuidados moderados, y señaló a jerarcas que habrían intervenido en esos cambios sin los debidos avales institucionales.
La defensa de Cipriani
Cipriani rechazó las acusaciones y sostuvo que la denuncia busca “pegarle al gobierno de Lacalle Pou”. Dijo que actuó de forma honrada, que los convenios permitieron bajar costos y que una cama en hospitales de ASSE podía costar unos $ 80.000 por mes, mientras que mediante los acuerdos con Casmu y Círculo Católico se habría llegado a unos $ 45.000 mensuales bajo una modalidad de camas fijas de uso exclusivo. También defendió que ITHG fue contratada durante la pandemia, en un contexto de falta de unidades de traslado.
El exdirectorio también salió a responder. En un comunicado, sostuvo que se enteró de la resolución por la prensa, que la información disponible era parcial e incompleta, que su gestión estuvo ajustada a derecho y que la denuncia constituye un “ataque político y personal”. Además, afirmó estar dispuesto a colaborar con la Justicia.
Lo que deberá investigar la Justicia
Ahora el expediente pasa a otra cancha. La Justicia deberá determinar si hubo delito o si las irregularidades quedan en el plano administrativo. Pero hay hechos que ya están planteados: compras millonarias observadas, concentración de gasto en una empresa, falta de procedimientos competitivos, controles débiles, convenios modificados, crecimiento explosivo de pagos a privados y un vínculo político-institucional que obliga a mirar con lupa cada firma.
El punto no es si ASSE debía contratar servicios privados en momentos de necesidad. El punto es si esos contratos se hicieron respetando las reglas, cuidando la plata pública y garantizando que el sistema de salud no se transformara en una caja abierta para prestadores elegidos a dedo.
Porque cuando se habla de 50 millones de dólares no se habla de una cifra abstracta. Se habla de ambulancias, camas, tratamientos, hospitales, usuarios esperando atención y recursos públicos que debieron estar bajo control estricto. Si la Justicia confirma que hubo desvío, abuso o manejo irregular, no será apenas un problema de gestión: será otra muestra de cómo el Estado puede ser vaciado desde adentro mientras se habla de eficiencia, ahorro y buena administración.
Pasaron a saludar.
