Una investigación administrativa sobre el SAME-105 detectó pagos millonarios, compras observadas, convenios modificados sin los controles formales y una ambulancia destinada al Mides por la que se habrían pagado US$ 800 mil en 2024, pese a registrar una productividad de apenas un traslado cada dos días.
La denuncia penal resuelta por ASSE contra la gestión anterior no habla de un error menor ni de una diferencia administrativa perdida en un expediente. Habla de algo mucho más sensible: cómo se manejó dinero público en áreas donde no hay margen para la improvisación, porque detrás de cada ambulancia, cada cama de CTI y cada traslado hay pacientes, urgencias y recursos que deberían estar al servicio de la gente.
El foco está puesto en la gestión del SAME-105 entre 2022 y 2024, durante la administración encabezada por Leonardo Cipriani. La investigación administrativa, posterior a una auditoría, apunta a irregularidades en contrataciones con la empresa de traslados ITHG, convenios con Casmu y Círculo Católico para camas de CTI y cuidados moderados, y también a la gestión del Hospital de Treinta y Tres. Según informó El Observador, ASSE resolvió presentar denuncia penal por estos hechos y dispuso sumarios administrativos en algunos casos.
Una ambulancia, US$ 800 mil y casi ningún traslado
Uno de los datos más fuertes de la investigación refiere a una ambulancia asignada al Ministerio de Desarrollo Social para la atención de personas en situación de calle. Según el nuevo director del SAME-105, Gustavo Grecco, ese móvil estaba a tiempo completo para esa cobertura, pero registraba una productividad de “un llamado cada dos días”. Por ese servicio, en 2024 se habrían pagado US$ 800 mil.
La cifra no aparece sola. La empresa ITHG concentró el 96,47% del gasto del SAME-105, por más de $ 2 mil millones, monto observado por el Tribunal de Cuentas. La investigación también señala que los traslados vinculados al Mides “no se controlaban” y que el precio pagado a ITHG superaba el abonado por otras unidades ejecutoras a proveedores de servicios similares.
No es apenas un problema de cuánto se pagó. Es un problema de cómo se pagó. La investigación marca que no se encontraron constancias materiales de consultas de precios previas, que hubo órdenes de compra realizadas con fecha posterior a las facturas y que, en muestras revisadas, aparecieron pagos por traslados sin detalle suficiente del proveedor ni de los móviles que los realizaron.
Dicho en limpio: el Estado pagaba, la empresa facturaba, pero los controles no estaban a la altura del volumen de plata pública involucrada.
CTI, mutualistas y controles desarmados
El segundo capítulo del caso va por otro carril, pero tiene la misma música de fondo: menos control, más discrecionalidad y convenios modificados por fuera de los caminos formales.
ASSE pasó de pagar por cama ocupada a pagar una tarifa plana por camas disponibles en convenios con Casmu y Círculo Católico. Para los instructores de la investigación, ese cambio debilitó el control, porque antes las facturas llegaban acompañadas de historias clínicas que eran revisadas por médicos, mientras que luego se pasó a recibir básicamente la facturación.
También se desarmó un sistema de intensivistas de retén que discutían ingresos a CTI por vía telefónica. El exdirector del SAME-105, José Antonio Rodríguez, sostuvo que ese control no aportaba nada y que no era buena práctica definir un ingreso a CTI por teléfono. Pero otro intensivista interrogado dijo lo contrario: que ese servicio era beneficioso para ASSE y que su eliminación bajó el nivel de control sobre pacientes internados en CTI privados.
El caso se vuelve todavía más delicado cuando aparecen los números. En el Casmu, los cobros adicionales por camas de cuidados moderados fueron $ 25,8 millones, equivalentes al 47% de lo gastado por la tarifa plana. En el Círculo Católico, la investigación encontró que un 43% de las facturas por “actos médicos y enfermería” no debieron haberse pagado porque no tenían paciente asignado o porque esos servicios ya estaban incluidos en la tarifa plana.
Ahí está el corazón político del asunto: cuando el control se afloja, la salud pública termina pagando dos veces, pagando de más o pagando sin saber exactamente qué está pagando.
“Perder tiempo”: la frase que resume el problema
Uno de los puntos más graves no está solamente en los montos, sino en la lógica con la que se justificaron los atajos. Según la investigación, los cambios en los convenios no fueron enviados al Ministerio de Salud Pública ni al Tribunal de Cuentas mediante las adendas correspondientes. El exgerente administrativo Juan Behrend y Rodríguez defendieron esos mecanismos como una forma de evitar demoras. Behrend llegó a decir que hacer una adenda implicaba “mucho tiempo” y que los cambios eran de menor entidad.
Pero en la administración pública, los controles no son una decoración ni una molestia burocrática. Son la diferencia entre una política pública transparente y un sistema donde las decisiones se toman por arriba de los procedimientos. Y cuando se habla de millones de pesos, ambulancias, CTI y proveedores privados, llamar “formalismo” al control es, como mínimo, una señal de alarma.
La investigación también abre un frente en el Hospital de Treinta y Tres, vinculado a un convenio con Casmu. Allí se detectó que en planillas figuraban determinados especialistas, pero en los hechos había otros prestando funciones, lo que para los investigadores permite hablar de guardias “vendidas” por fuera. Además, se señalaron irregularidades en pagos de intervenciones quirúrgicas y registros que podían generar cobros variables sin corresponder.
Cierre
La denuncia penal recién abre una etapa judicial. Nadie debería sustituir a la Justicia ni dictar condenas desde una nota. Pero tampoco se puede esconder lo evidente: la investigación describe un sistema de contrataciones, convenios y pagos donde los controles fueron débiles, tardíos o directamente insuficientes.
En salud pública, cada peso mal controlado es un peso que falta en ambulancias, camas, medicamentos, personal y atención. ASSE no administra una caja cualquiera: administra una parte central del derecho a la salud de miles de personas.
Por eso este caso importa. No por la pelea política del día, sino porque muestra hasta dónde puede llegar el daño cuando el Estado deja de controlar a quienes cobran por servicios esenciales. La salud pública no puede funcionar con facturas que llegan primero y explicaciones que aparecen después.
Fuente ; El Observador
