La crisis climática dejó hace tiempo de ser una amenaza abstracta en Uruguay. Ya no se discute en congresos ni se mide sólo en proyecciones: se ve en playas que retroceden, en dunas degradadas, en infraestructura expuesta y en barrios costeros cada vez más vulnerables. En ese escenario, el Ministerio de Ambiente puso en marcha REACC Costas, un proyecto de resiliencia y adaptación de la zona costera que abarcará a Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, con financiamiento no reembolsable por US$ 10 millones del Fondo de Adaptación. La iniciativa se inscribe en el NAP Costas, el Plan Nacional de Adaptación para la zona costera que Uruguay presentó en 2021, y apunta a pasar de los diagnósticos a la intervención concreta sobre el territorio.
Los datos oficiales explican por qué el problema ya no admite demora. Uruguay tiene unos 714 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata y el Atlántico. El propio NAP Costas advierte que el 42% de la costa uruguaya presenta procesos de erosión y que el 32% de la costa atlántica está sujeta a ese fenómeno. A eso se suma un dato todavía más contundente: el costo económico anual de la erosión costera ya ronda los US$ 45,5 millones y, de no mediar respuestas de adaptación, ese daño crecería alrededor de 25% hacia fines de este siglo.
La nueva etapa anunciada por Ambiente busca justamente transformar esa evidencia en política pública. Según informó la cartera, cada intendencia podrá acceder en una primera fase a hasta US$ 800.000 para acciones prioritarias en su tramo costero. El proyecto tendrá conducción técnica del Ministerio de Ambiente, será canalizado a través de CAF como entidad implementadora regional y tendrá a la CND a cargo de la ejecución operativa. Además, el financiamiento fue aprobado formalmente por el Adaptation Fund en abril de 2024 y el proyecto figura con una duración prevista de cuatro años.
No se trata de una política preventiva en el sentido blando del término: se trata de una respuesta a daños que ya están medidos. La evaluación oficial del NAP Costas señala que la superficie costera hoy inundada oscila entre 7.000 y 12.000 hectáreas, según el tipo de evento considerado, y que podría aumentar 43% hacia fines de siglo. También marca que los gobiernos locales más afectados por el riesgo de inundación son Colonia, Canelones, San José y Montevideo, mientras que Maldonado aparece como el tramo donde se espera el mayor daño sobre bienes construidos. En otras palabras: no es sólo paisaje en riesgo, también están comprometidas viviendas, servicios, circulación, actividad económica y calidad de vida.
El programa no baja con una receta única para toda la costa, y ese es uno de sus puntos fuertes. Ambiente detalló que trabajará con planificación costera basada en evidencia, infraestructura verde e híbrida, restauración de ecosistemas, monitoreo, alerta temprana y fortalecimiento de capacidades locales. Para esta etapa fueron definidos sitios concretos en cada departamento: La Aguada, Punta del Diablo y Los Botes-La Serena en Rocha; Piriápolis, Playa Verde y Playa Hermosa en Maldonado; Atlántida y la desembocadura del Solís Chico en Canelones; Playa del Cerro y Playa Carrasco en Montevideo; Kiyú y Playa Penino en San José; y Colonia del Sacramento y Juan Lacaze en Colonia.
Los documentos técnicos ya elaborados por el propio Estado muestran además qué tipo de soluciones están sobre la mesa. En Colonia del Sacramento se plantean relleno de arena, un espigón transitable, una laguna costera para manejar escurrimientos pluviales, cercas captoras y reconstrucción del sistema dunar y del bosque litoral. En La Aguada se propone fortalecer la regeneración del ecosistema duna-playa, aplicar beach scraping con seguimiento anual, adecuar descargas pluviales y limitar nuevas infraestructuras en zonas de mayor riesgo. En Atlántida aparecen medidas de monitoreo con piezómetros y cámaras, cercas captoras, espigones nuevos y disipadores de energía en puntos de descarga. Es decir: no se habla sólo de “adaptación” en abstracto, sino de obras, manejo ecosistémico y ordenamiento territorial.
Hay una conclusión política que no conviene perder de vista. Durante años, la crisis climática fue usada por buena parte del discurso conservador para dos cosas al mismo tiempo: para posar de sensible en los foros internacionales y para bloquear, en casa, las inversiones públicas que permiten adaptarse de verdad. Pero los números oficiales desarman esa hipocresía. No actuar ya cuesta decenas de millones por año, y dejar librada la costa a la inercia o al negocio inmobiliario sólo agranda el problema. En ese marco, que el Estado uruguayo active financiamiento internacional, coordine con las intendencias y ponga en marcha un esquema de intervención concreta va en la dirección correcta.
El desafío, ahora, será otro: sostener la ejecución, evitar que el plan quede atrapado en consultorías infinitas y asegurar que la adaptación climática no sea un eslogan elegante sino una defensa real del territorio, de los ecosistemas y de la vida cotidiana de quienes habitan la costa. Porque lo que está en juego no es sólo una postal turística. Es soberanía ambiental, infraestructura pública y futuro.
Fuentes consultadas
Ministerio de Ambiente; Plan Nacional de Adaptación para la Zona Costera (NAP Costas); Adaptation Fund / CAF; Corporación Nacional para el Desarrollo; Intendencia de Canelones; Intendencia de Maldonado.
