El Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a habilitar protocolos de ejecución federal y abrió la puerta al uso de métodos como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la asfixia con gas. La decisión revierte la política de la administración Biden, que había impuesto una moratoria y conmutado la mayoría de las condenas a muerte federales.
Estados Unidos acaba de dar otro paso hacia atrás en materia de derechos humanos. El Departamento de Justicia anunció nuevas medidas para reactivar y endurecer la aplicación de la pena de muerte federal, en línea con la orden ejecutiva firmada por Donald Trump al comienzo de su nuevo mandato. La decisión incluye la recuperación del protocolo de inyección letal utilizado durante su primera administración y la incorporación de otros métodos de ejecución, entre ellos el pelotón de fusilamiento.
La medida fue presentada oficialmente el 24 de abril por el Departamento de Justicia, bajo la conducción del fiscal general interino Todd Blanche. En el comunicado, la cartera sostuvo que busca “restaurar” la aplicación de las sentencias capitales y acelerar los procesos internos vinculados a los casos de pena de muerte. En el mismo texto, el gobierno afirma que ya autorizó buscar la pena capital contra 44 acusados, nueve de ellos con autorización directa de Blanche.
Pero detrás del lenguaje jurídico aparece una señal política muy clara: la administración Trump quiere reinstalar la muerte como herramienta central de su agenda penal. No solo mediante la inyección letal, sino también abriendo el camino a métodos que parecían parte de otro siglo: fusilamiento, electrocución y gas letal.
Una política penal basada en el castigo extremo
El cambio no surgió de la nada. El 20 de enero de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva 14164, titulada Restoring the Death Penalty and Protecting Public Safety. Allí definió la pena capital como una “herramienta esencial” para castigar los crímenes más graves y ordenó al Departamento de Justicia priorizar la búsqueda de condenas de muerte en los casos que la administración considere adecuados.
Ese mandato ahora empieza a tomar forma concreta. El Departamento de Justicia no solo levantó la moratoria heredada de la etapa Biden, sino que también instruyó a la Oficina Federal de Prisiones a readoptar el protocolo de inyección letal con pentobarbital, la misma droga utilizada durante la primera administración Trump.
El informe oficial del Departamento de Justicia también dedica secciones específicas al fusilamiento, la electrocución y el gas letal como métodos posibles de ejecución. En el caso del fusilamiento, el documento señala que cinco estados ya lo contemplan de alguna manera. Sobre la electrocución, recuerda que nueve estados la mantienen prevista. Y sobre el gas letal, menciona tanto el uso histórico de cámaras de gas como las ejecuciones recientes mediante nitrógeno en Alabama y Luisiana.
En otras palabras: no se trata únicamente de una discusión legal sobre cómo ejecutar una sentencia ya dictada. Se trata de una política pública que vuelve a poner al Estado en el lugar de verdugo.
Biden había frenado la maquinaria
La decisión marca una ruptura con la política de la administración anterior. Joe Biden había impuesto una moratoria sobre las ejecuciones federales y, antes de dejar el poder, conmutó las condenas de 37 de las 40 personas que estaban en el corredor federal de la muerte. Esas penas pasaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Solo tres condenados quedaron fuera de esa medida: Dzhokhar Tsarnaev, por el atentado de Boston; Dylann Roof, por la masacre racista en una iglesia afroamericana de Charleston; y Robert Bowers, por el ataque antisemita contra la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh.
Trump busca ahora reconstruir el sistema federal de ejecuciones que Biden había intentado desmontar parcialmente. Durante su primera administración, el gobierno federal ejecutó a 13 personas, después de casi dos décadas sin ejecuciones federales. Ese antecedente muestra que no se trata solo de una amenaza discursiva: cuando pudo hacerlo, Trump lo hizo.
Gas, electricidad y fusiles: el regreso de métodos cuestionados
Uno de los puntos más graves de esta nueva etapa es la normalización de métodos de ejecución ampliamente cuestionados por organismos de derechos humanos.
La asfixia con nitrógeno, por ejemplo, fue utilizada por Alabama en 2024. Antes de esa ejecución, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió que ese método podía constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
Aun así, el Departamento de Justicia cita ahora esas experiencias estatales como parte del debate sobre métodos disponibles. El informe oficial sostiene que el gas letal tuvo un uso histórico en Estados Unidos y que Alabama y Luisiana recurrieron recientemente al nitrógeno para causar la muerte por hipoxia, es decir, por privación de oxígeno.
La electrocución tampoco es una novedad humanitaria, sino un mecanismo brutal que el propio informe reconoce como utilizado desde fines del siglo XIX. La silla eléctrica, los electrodos, las descargas y el cuerpo convertido en territorio de castigo estatal vuelven a ingresar al debate federal como si la historia no hubiera dejado suficientes advertencias.
El fusilamiento, por su parte, es presentado por el Departamento de Justicia como un método constitucionalmente defendible y ya previsto en algunos estados. Pero la discusión de fondo no es si el disparo es más rápido que una inyección mal aplicada. La pregunta es otra: qué clase de sociedad decide organizar una escena oficial para matar a una persona en nombre de la justicia.
Menos apoyo social, más dureza institucional
La ofensiva llega en un momento particular. Mientras el gobierno de Trump intenta ampliar la pena capital, el apoyo social a la pena de muerte en Estados Unidos viene cayendo. Según el Death Penalty Information Center, una encuesta de Gallup de octubre de 2025 ubicó el respaldo a la pena de muerte en 52%, el nivel más bajo en cinco décadas. El mismo informe señala que la oposición llegó a 44%, su punto más alto desde 1966.
Ese dato importa porque muestra una contradicción: la administración republicana radicaliza la política penal justo cuando la sociedad estadounidense ya no acompaña con el mismo entusiasmo la pena capital. La maquinaria institucional se endurece mientras crece la duda pública sobre su legitimidad.
También se mantiene una fuerte discusión sobre el sesgo racial, social y territorial en la aplicación de la pena de muerte. En Estados Unidos, la posibilidad de recibir una condena capital no depende solamente del delito cometido: también inciden el estado donde se juzga, el fiscal que acusa, la calidad de la defensa, el origen social del acusado y, en demasiados casos, la raza de la víctima y del imputado.
El Estado que mata no repara
El gobierno de Trump presenta esta política como una forma de proteger a las víctimas y restaurar el orden. Es una fórmula conocida: endurecer penas, acelerar procesos, prometer seguridad y transformar el dolor social en autorización para matar.
Pero el castigo extremo no devuelve vidas. No repara el daño. No elimina las causas profundas de la violencia. Solo instala una certeza peligrosa: que el Estado puede responder al horror reproduciendo horror con sello oficial.
La pena de muerte no es justicia elevada a su máxima expresión. Es la renuncia del Estado a una idea más compleja y humana de justicia. Es la conversión de la venganza en procedimiento administrativo. Es un poder público que, en lugar de proteger la vida como principio, se reserva el derecho de quitarla.
Fuentes
- Departamento de Justicia de Estados Unidos, comunicado oficial del 24 de abril de 2026.
- Informe oficial Restoring and Strengthening the Federal Death Penalty, Office of Legal Policy, Departamento de Justicia.
- Orden Ejecutiva 14164, Restoring the Death Penalty and Protecting Public Safety.
- Reuters, cobertura sobre la ampliación de métodos de ejecución federal.
- PBS / AP, cobertura sobre la conmutación de 37 condenas federales a muerte por parte de Joe Biden.
- Death Penalty Information Center, informe 2025 sobre opinión pública y pena de muerte.
- Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, advertencia sobre ejecución por nitrógeno en Alabama.
- Fotos ;VOA, Public domain, via Wikimedia Commons
