Mientras el gobierno de Javier Milei avanza en la flexibilización de normas ambientales clave, en la Patagonia se acelera una dinámica que combina minería, concentración de tierras, debilitamiento del Estado y presión sobre territorios estratégicos. Detrás del discurso de la “libertad” asoma un proyecto conocido: abrir recursos comunes al gran capital y dejar a las comunidades, al ambiente y a la soberanía en un segundo plano.
La ofensiva sobre la Patagonia no puede leerse como una suma de hechos aislados. La flexibilización de la ley de glaciares, las discusiones para modificar el régimen de tierras rurales, el desmantelamiento de políticas de prevención de incendios y la creciente presión de grandes capitales extranjeros sobre zonas estratégicas forman parte de una misma orientación política: convertir territorios decisivos de la Argentina en espacios disponibles para el negocio, la especulación y el resguardo de una riqueza cada vez más concentrada.
Eso es lo que empieza a dibujarse con nitidez bajo la administración de Javier Milei. Detrás de la retórica desreguladora aparece una arquitectura legal y política que busca volver “admisible” lo que hasta ayer encontraba límites normativos, ambientales o soberanos. El problema no es solamente jurídico. Es profundamente político: cuando el Estado se retira de sus funciones de protección y control, no desaparece el poder; simplemente cambia de manos.
En ese marco, los cambios impulsados sobre la ley de glaciares habilitan un escenario favorable para grandes corporaciones mineras que hasta ahora encontraban restricciones para avanzar en áreas sensibles. La Patagonia y la cordillera dejan entonces de ser vistas como bienes comunes a preservar y pasan a ser tratadas como reservas disponibles para la extracción. No es casual. Es el corazón de un modelo económico que entiende a la naturaleza como mercancía y a los territorios como plataformas de rentabilidad.
La provincia de Río Negro ocupa un lugar central en esa discusión. Allí convergen denuncias por permisos de cateo en zonas glaciares, cuestionamientos por maniobras vinculadas a la tenencia de tierras y señales políticas que apuntan a facilitar nuevas formas de extranjerización. Lo que se presenta como “inversión” o “desarrollo” suele esconder una dinámica mucho más desigual: capitales con enorme capacidad financiera desembarcan sobre regiones de alto valor ambiental, hídrico y geopolítico mientras las poblaciones locales quedan subordinadas a decisiones que no controlan.
En el fondo, lo que está en juego no es solo quién compra o explota, sino para qué se reorganiza el territorio. En distintas denuncias públicas y políticas aparece una hipótesis inquietante: que parte de la Patagonia esté siendo preparada como zona de refugio, exclusividad y seguridad para sectores hipermillonarios del mundo, al mismo tiempo que se profundiza la expulsión social, la fragmentación territorial y la presión sobre comunidades y bienes naturales. Aun cuando algunos de esos extremos formen parte de denuncias que deben probarse, el patrón general sí resulta visible: más concentración de la tierra, más opacidad en las operaciones y menos capacidad estatal para intervenir en defensa del interés común.
Ese proceso no empezó con Milei, pero con Milei encuentra una aceleración brutal. Su gobierno no inventó la voracidad del capital sobre los bienes estratégicos del sur, pero sí le está ofreciendo un marco político más amigable, más agresivo y más impune. La llamada “libertad” funciona, en este caso, como una coartada ideológica para desmontar regulaciones y transferir poder a actores privados con antecedentes, lobby y capacidad de presión. La libertad del mercado termina siendo la falta de libertad de los pueblos para decidir sobre su agua, su tierra y su futuro.
La discusión sobre la tierra tampoco puede separarse de una historia larga de despojo. La Patagonia fue construida sobre la expulsión de poblaciones originarias, sobre una violencia estatal fundante y sobre una idea persistente de “vacío” territorial que todavía hoy sirve para justificar nuevas apropiaciones. Cuando se insiste en mostrar esos territorios como espacios disponibles, subutilizados o listos para ser “puestos en valor”, lo que se borra es la trama social, histórica y comunitaria que ya existe allí. Y cuando esa negación se combina con capital extranjero, enclaves privados y complicidades políticas, el resultado no es desarrollo: es colonialidad actualizada.
A eso se suma otro dato decisivo. El fuego. Los incendios en la Patagonia, cada vez más frecuentes y devastadores, no pueden pensarse únicamente como emergencias naturales. La crisis climática agrava las condiciones, pero el recorte de políticas públicas, la debilitación de organismos estatales y la falta de prevención convierten esos eventos en catástrofes sociales y ambientales de enorme escala. Cuando se desfinancia la capacidad de respuesta del Estado, se vuelve más frágil todo el territorio. Y esa fragilidad no es neutra: abre nuevas oportunidades de negocio, nuevas disputas por el uso del suelo y nuevas desigualdades.
La lógica es consistente. Se reducen controles, se relativizan protecciones ambientales, se habilita el avance corporativo y luego se administra el desastre como si fuera una fatalidad. Pero no lo es. Hay decisiones concretas detrás de cada desmonte normativo, de cada ajuste presupuestal y de cada concesión disfrazada de modernización. Lo que se debilita no es solamente una oficina o una ley: se debilita la capacidad colectiva de defender lo que es de todos.
Por eso la discusión sobre glaciares, tierras e incendios excede por completo la agenda técnica. Habla del tipo de país que se está construyendo. Uno donde la riqueza natural se ofrece al mejor postor, donde las regulaciones se reescriben según la conveniencia empresaria y donde el Estado abandona su papel de garante del interés público para convertirse en escribanía del poder económico. En esa matriz, la Patagonia ya no aparece como parte viva de una nación, sino como frontera de extracción, refugio de élites y laboratorio de un capitalismo cada vez más brutal.
Desde una mirada democrática y popular, la defensa de la Patagonia no puede reducirse a una consigna ambiental. Es también una defensa de la soberanía, de la justicia territorial y del derecho de los pueblos a decidir qué hacer con sus bienes comunes. Lo que está en juego es si la tierra, el agua, los glaciares y la vida seguirán siendo patrimonio colectivo o terminarán subordinados a una minoría que compra, cerca, explota y después llama progreso a la devastación.
