La reducción parcial de aranceles a productos colombianos, anunciada después de una llamada con la candidata uribista Paloma Valencia, abrió una sospecha política mayor: que el conflicto comercial impulsado por Daniel Noboa no haya sido solo una disputa económica o de seguridad, sino también una pieza útil en plena campaña presidencial colombiana.
Un conflicto que empezó con seguridad y terminó en sospecha electoral
La guerra comercial entre Ecuador y Colombia ya no puede leerse solamente como un cruce de aranceles. Lo que empezó bajo el argumento de la seguridad fronteriza terminó metido de lleno en la política electoral colombiana, después de que el gobierno de Daniel Noboa redujera del 100% al 75% los gravámenes aplicados a productos colombianos tras una conversación telefónica con Paloma Valencia, candidata presidencial del uribista Centro Democrático.
La propia Valencia celebró públicamente la reducción como una gestión suya. Dijo haber hablado con Noboa y presentó el movimiento como una muestra de capacidad política frente al gobierno de Gustavo Petro. El detalle no es menor: el comunicado oficial de Ecuador no mencionó a Valencia, pero la candidata sí se ubicó en el centro de la escena. En plena campaña, esa diferencia alimentó la sospecha de que una decisión de política comercial de un país vecino terminó funcionando como insumo electoral para una figura de la derecha colombiana.
El diferendo venía escalando desde enero. Noboa anunció una tasa de seguridad del 30% a productos colombianos con el argumento de la falta de cooperación de Colombia frente al narcotráfico, la minería ilegal y la inseguridad en la frontera. La medida comenzó a regir el 1 de febrero y golpeó una relación comercial importante para ambos países. Luego Ecuador elevó la carga al 50% y más tarde al 100%, mientras Colombia respondió con medidas recíprocas sobre productos ecuatorianos.
El discurso ecuatoriano mezcló seguridad, déficit comercial y reclamos políticos. Noboa sostuvo que Ecuador asumía costos muy altos por la violencia fronteriza y llegó a señalar un déficit comercial de más de US$ 1.000 millones con Colombia. Desde Bogotá, en cambio, el gobierno de Gustavo Petro rechazó las acusaciones y defendió que existían operaciones conjuntas contra el delito. La tensión comercial se volvió entonces una extensión de un choque político más grande: dos gobiernos con modelos distintos, dos liderazgos enfrentados y una frontera usada como escenario de presión.
Paloma Valencia, el uribismo y la utilidad política del arancel
La entrada de Paloma Valencia cambió el tono del episodio. Hasta ese momento, la disputa podía presentarse como una pulseada entre Estados. Después de la llamada y de la celebración pública de la candidata, el conflicto empezó a parecer otra cosa: una herramienta útil para instalar la idea de que la derecha colombiana podía conseguir con Noboa lo que el gobierno de Petro no conseguía.
Ese es el punto político más delicado. No hay una prueba pública que demuestre una operación electoral formal entre Noboa y el uribismo, pero sí hay una secuencia difícil de ignorar: Ecuador eleva aranceles contra Colombia, el conflicto golpea sectores productivos y regiones fronterizas, Valencia conversa con Noboa, Quito anuncia una reducción parcial, y la candidata lo presenta como un triunfo propio. En una campaña presidencial, ese tipo de gesto no es neutro.
Desde Colombia, legisladores y figuras cercanas al oficialismo denunciaron una posible injerencia. Alejandro Ocampo cuestionó el viraje ecuatoriano e insinuó una coordinación política con sectores del uribismo. Martha Peralta habló de intervención externa a favor de la derecha. La filósofa Luciana Cadahia fue más lejos y planteó que el gobierno ecuatoriano estaría devolviendo favores políticos mediante decisiones económicas con impacto electoral.
Desde Ecuador, el exministro de Relaciones Exteriores Guillaume Long también leyó el episodio en clave regional. Según su interpretación, Noboa actúa alineado con intereses conservadores más amplios y no solamente desde una lógica de administración comercial. Esa mirada encaja con algo visible en la región: la derecha latinoamericana ya no actúa solo dentro de fronteras nacionales, sino mediante redes de apoyo, gestos cruzados y respaldos políticos que buscan instalar una misma agenda contra gobiernos progresistas.
En Colombia, el movimiento le sirve especialmente al uribismo. Valencia puede mostrarse como una dirigente capaz de hablar con un presidente extranjero y obtener una reducción arancelaria, mientras Petro queda ubicado en el lugar de un gobierno aislado o incapaz de resolver el conflicto. Esa construcción política tiene valor electoral, sobre todo en zonas golpeadas por la disputa comercial, como Nariño, donde el intercambio fronterizo no es una abstracción sino trabajo, precios, transporte, abastecimiento y vida cotidiana.
La CAN interviene y deja expuesta la fragilidad del relato
La última novedad agranda el problema para Noboa y para Colombia: la Comunidad Andina ordenó a ambos países retirar los aranceles y restricciones comerciales en un plazo de diez días hábiles. La Secretaría General de la CAN consideró que las medidas vulneran el marco del comercio subregional andino y afectan el programa de liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena.
Ese fallo regional deja en una posición incómoda a los dos gobiernos, pero golpea especialmente el relato ecuatoriano. Si la medida era presentada como una herramienta legítima de seguridad, la CAN la coloca en el terreno de las restricciones incompatibles con las reglas andinas. También cuestiona las respuestas colombianas, porque las represalias comerciales tampoco quedan amparadas. En los hechos, el organismo regional les dijo a Quito y Bogotá que la escalada debe desmontarse.
La decisión llega en un momento especialmente sensible. Noboa atraviesa una crisis interna marcada por violencia, estados de excepción, toques de queda y cuestionamientos de sectores productivos. En ese contexto, convertir la frontera con Colombia en un frente de tensión puede servir para reforzar una imagen de autoridad, desplazar responsabilidades y mantener una narrativa de gobierno duro frente al delito. Pero esa estrategia tiene costos: encarece productos, golpea comercio, profundiza tensiones diplomáticas y expone a Ecuador a cuestionamientos dentro del propio sistema andino.
Para Colombia, el conflicto también tiene un costo político. Petro queda obligado a responder sin parecer débil, pero cada represalia alimenta una guerra comercial que perjudica a productores, consumidores y regiones fronterizas. La derecha colombiana, mientras tanto, encuentra una oportunidad perfecta: acusar al gobierno de incapacidad, instalar que Noboa sí escucha al uribismo y convertir una disputa de Estado en material de campaña.
La reducción del 100% al 75% no resolvió el fondo del problema. Apenas bajó un escalón en una escalada que ya había afectado seriamente el comercio bilateral. Economistas ecuatorianos advirtieron que el intercambio seguía prácticamente paralizado y que el alivio parcial no cambiaba de manera sustancial el daño. Por eso la sospecha política crece: si el ajuste no destraba realmente el comercio, pero sí le permite a una candidata presidencial colombiana presentarse como gestora eficaz, entonces el beneficio más claro no parece económico sino electoral.
La guerra comercial entre Ecuador y Colombia deja una postal inquietante de la política regional. Noboa invoca seguridad, el uribismo capitaliza la reducción arancelaria, Petro denuncia el trasfondo político, la CAN declara ilegítimas las medidas y las poblaciones fronterizas pagan el costo concreto de una disputa que se mueve entre intereses económicos, cálculo electoral y alineamientos conservadores.
