La diputada Marcela Pagano denunció penalmente al presidente Javier Milei por haber impedido el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La presentación judicial apunta también contra otros funcionarios del Ejecutivo y coloca en el centro una discusión que excede el episodio del día: hasta dónde puede avanzar un gobierno contra el trabajo periodístico cuando decide convertir la sede del poder en un espacio cada vez más blindado, más opaco y menos accesible.
Un salto en la ofensiva contra el periodismo
Lo ocurrido este jueves en Buenos Aires no fue una simple restricción administrativa ni un cambio menor en el protocolo de acreditaciones. El Gobierno bloqueó el acceso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, dejó sin efecto el sistema habitual de ingreso por huella dactilar y justificó la decisión con un argumento de “seguridad nacional” ligado a una denuncia por presunto espionaje tras la difusión de imágenes filmadas dentro del edificio. La medida alcanzó de forma general a la prensa que cubre habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo y fue leída de inmediato como una escalada grave en la relación del mileísmo con los medios.
En ese contexto, Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Milei y pidió que se investigue si hubo abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Distintas coberturas coinciden en que la diputada cuestionó el cierre del acceso a periodistas acreditados como una medida adoptada sin base legal suficiente y alertó que la Casa de Gobierno no puede funcionar como si fuera un ámbito privado manejado a discreción del Ejecutivo. Según las versiones publicadas este 23 de abril, la denuncia alcanza al propio Presidente y también a funcionarios vinculados a la decisión, entre ellos Javier Lanari y Sebastián Ibáñez; algunos medios agregaron además a Manuel Adorni entre los señalados en la presentación.
El episodio tampoco aparece en el vacío. A comienzos de abril, el Gobierno ya había retirado acreditaciones a periodistas de varios medios críticos bajo la acusación de integrar una supuesta campaña de desinformación asociada a una red rusa. Ahora el salto fue mayor: ya no se trató de una exclusión selectiva, sino de un cierre general a toda la prensa acreditada en uno de los espacios centrales del poder político argentino. Por eso el nuevo movimiento no solo generó repudios opositores: también activó alertas en organizaciones del periodismo, que ven en esta secuencia un patrón de hostigamiento, restricción del acceso a la información y degradación de las condiciones mínimas para cubrir al gobierno
Lo que está en juego no es solamente la incomodidad de un gobierno con preguntas, cámaras o cronistas. Cuando se bloquea el acceso de la prensa acreditada a la sede del Ejecutivo, se restringe también una parte del derecho social a saber qué pasa en el corazón del poder. La decisión de la Casa Rosada reabre así un debate de fondo sobre libertad de expresión, publicidad de los actos de gobierno y límites institucionales de una administración que cada vez muestra menos tolerancia al escrutinio público. La denuncia de Pagano, en ese marco, no es solo un gesto opositor: es también una señal de hasta qué punto la confrontación de Milei con la prensa ya entró en una fase más dura y más peligrosa
Fuentes
Reuters, 23 de abril de 2026: bloqueo del acceso a periodistas acreditados, anulación del ingreso por huella y argumento oficial de “seguridad nacional”.
EFE, 23 de abril de 2026: cierre del acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada.
AP, 23 de abril de 2026: cierre de la sala de prensa y denuncia de la Casa Militar contra dos periodistas de TN.
LA NACION, 23 de abril de 2026: denuncia penal de Marcela Pagano y alcance de la presentación judicial.
FOPEA, 23 de abril de 2026: repudio institucional y reclamo de restablecimiento urgente del sistema de acreditaciones.
EFE, 6 de abril de 2026: antecedente de retiro selectivo de acreditaciones a medios críticos.
