El caso de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, no debería leerse como otra telenovela útil para que la derecha haga campaña moralista mientras el corazón del problema sigue intacto. Lo que asoma es algo mucho más viejo y más podrido: una economía criminal que durante décadas compró frontera, puertos, policías, fiscales y operadores políticos hasta volver normal que el contrabando gobernara desde adentro del Estado. Marín no apareció con Petro ni nació con esta crisis: hay rastros públicos sobre su trayectoria al menos desde 1994; fue capturado en España el 5 de abril de 2024, dejó de presentarse ante la justicia el 26 de octubre de ese año, huyó a Portugal y allí volvió a ser capturado el 3 de diciembre, mientras avanzaba una extradición que luego se enredó con recursos y una solicitud de asilo. En medio de esa historia volvió a salir a la luz que en 2022 intentó meter 500 millones de pesos a la campaña presidencial por intermedio de Xavier Vendrell, dinero que Petro sostiene que no entró.
Lo que hoy sacude a Colombia no es solo ese intento de infiltración, sino la evidencia de que el monstruo seguía conversando con gente del poder. Audios revelados este 5 y 6 de abril muestran al menos dos reuniones a comienzos de 2025 entre Luis Felipe Ramírez, abogado de Marín, y Jorge Lemus, entonces jefe de la DNI; una de ellas ocurrió el 26 de febrero de 2025. Según esas revelaciones, se discutieron fórmulas para que Marín regresara a Colombia con beneficios judiciales, mientras el Gobierno sostiene que la intención real era traerlo para que hablara y que, en paralelo, hubo una maniobra de investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para bloquear su extradición, “robarse al ladrón” y evitar que declarara. Petro afirma haber hablado personalmente con el presidente de España y el primer ministro de Portugal para destrabar el traslado y sostiene que la red de Papá Pitufo lleva 38 años incrustada en la Polfa, la Fiscalía y los organismos de investigación; en marzo de 2026, además, la Fiscalía capturó a cuatro expolicías y al entonces candidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro por presuntos nexos con la estructura.
En lo judicial, el expediente ya tiene una columna vertebral que no admite maquillaje: el 27 de junio de 2025 el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá confirmó la contumacia y la medida de aseguramiento contra Marín; el 13 de noviembre de 2025 la Fiscalía lo acusó formalmente ante el juez quinto especializado de Bogotá por concierto para delinquir y cohecho, y la fiscal 44 especializada sostuvo que entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 lideró una organización dedicada a comprar funcionarios de la Polfa para dejar pasar cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos por los principales puertos del país. La acusación habla de 13 entregas de dinero por 915 millones de pesos, además de tres entregas de celulares y una de un vehículo, y al mismo tiempo la reconstrucción global del caso ubica en por lo menos 1.019 millones de pesos las coimas pagadas entre 2023 y 2024; las audiencias preparatorias habían sido fijadas para el 23 de febrero de 2026, pero fueron aplazadas y siguen sin nueva fecha pública, mientras Marín permanece en Portugal intentando frenar su traslado con una solicitud de asilo.
La lectura de izquierda más seria no consiste en absolver a nadie por simpatía partidaria ni en repetirle el libreto a la prensa de guerra; consiste en mirar la estructura completa. Y la estructura dice que este contrabandista llevaba años siendo descrito como un intocable, que ya existían denuncias sobre sobornos a fiscales del Valle, sobre mercancía incautada avaluada en más de 17.000 millones de pesos que no fue destruida, y sobre movimientos por más de 68.000 millones entre 2003 y 2019 a través de una empresa ligada a su red, además de informes de inteligencia y denuncias anónimas que apuntaban a un entramado de protección estatal mucho antes de que el petrismo llegara a la Casa de Nariño. Por eso el punto no es convertir a Papá Pitufo en un garrote electoral de temporada, sino entender que cuando el capital criminal se sienta durante décadas en la aduana, en la policía y en la fiscalía, termina produciendo exactamente esto: un Estado agujereado donde las mafias negocian con todos y después pretenden salvarse entregando solo el eslabón que más conviene. Si el caso se reduce a un chisme de campaña sobre los 500 millones, la red respira; si se lo empuja hasta el fondo, con extradición, juicio, apertura de archivos y depuración real de Polfa, DIAN y Fiscalía, entonces recién empieza a discutirse en serio quién mandó de verdad en los puertos colombianos durante todos estos años.
