El gobierno chileno trasladó a 40 extranjeros hacia Bolivia, Ecuador y Colombia en el primer operativo aéreo de expulsión de la nueva administración. La medida forma parte de un plan más amplio de control migratorio, fiscalización fronteriza y endurecimiento legislativo, en medio de un debate donde seguridad, derechos humanos y oportunismo político vuelven a cruzarse.
El gobierno de José Antonio Kast concretó este jueves su primer vuelo de expulsión de personas extranjeras, una medida que marca el inicio visible de la nueva etapa migratoria prometida durante la campaña presidencial chilena. El operativo trasladó a 40 personas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, entre expulsiones administrativas y órdenes judiciales vinculadas a delitos como robos, receptación, infracciones a la ley de drogas y porte de armas.
La salida del avión fue presentada por La Moneda como el primer paso de una política permanente de control migratorio. El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, sostuvo que no se trataba de un hecho aislado, sino de parte de un plan que buscará aumentar la frecuencia de los vuelos, reforzar la fiscalización interna, endurecer el control en la Macrozona Norte y promover salidas voluntarias de personas en situación irregular.
El gesto político es claro. Kast llegó al gobierno con un discurso de orden, frontera y castigo, vinculando la migración irregular con el aumento de la delincuencia. En su primer mes de administración, la expulsión aérea funciona como señal hacia su electorado y como intento de mostrar capacidad de acción en un tema que la derecha chilena convirtió en bandera central.
Pero detrás de la foto del avión hay una realidad más compleja que el eslogan. Chile atraviesa desde hace años una transformación migratoria profunda. Según la estimación conjunta del Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio Nacional de Migraciones, a fines de 2023 vivían en el país 1.918.583 personas extranjeras residentes. La mayoría provenía de Venezuela, seguida por Perú, Colombia, Haití, Bolivia y Argentina. La migración pasó a formar parte estructural de la vida social, laboral y urbana chilena.
También existe una situación irregular significativa. Las cifras difundidas en Chile hablan de más de 330.000 personas extranjeras sin situación regularizada y de decenas de miles de órdenes de expulsión pendientes. Allí aparece uno de los principales límites materiales del plan de Kast: no basta con anunciar expulsiones si no existen recursos, coordinación consular, acuerdos con los países de destino y garantías procesales. El caso venezolano es el más evidente, porque la falta de relaciones diplomáticas fluidas con Caracas dificulta ejecutar buena parte de las órdenes existentes.
El gobierno chileno busca acompañar los vuelos con cambios legislativos. En el Congreso avanza una agenda que apunta a facilitar expulsiones administrativas, ampliar facultades de la Policía de Investigaciones y endurecer las consecuencias del ingreso irregular. También se tramitan restricciones al acceso de migrantes irregulares a beneficios sociales, una discusión especialmente sensible porque puede impactar sobre familias, niños, niñas y adolescentes que ya están instalados en territorio chileno.
La pregunta de fondo no es si un Estado tiene derecho a hacer cumplir su ley migratoria. Lo tiene. Tampoco se puede negar que existen casos de personas extranjeras involucradas en delitos y que las órdenes judiciales deben cumplirse. El problema aparece cuando una política pública se construye sobre una asociación general entre migración y amenaza, porque esa lectura termina castigando a comunidades enteras por hechos individuales.
Los datos obligan a mirar con más cuidado. Investigaciones recientes sobre Chile señalan que las personas inmigrantes continúan subrepresentadas en la comisión de delitos en términos generales, aunque su participación en algunos delitos violentos ha crecido desde 2018. Esa precisión importa: permite reconocer problemas reales sin convertir a toda una población en chivo expiatorio.
El primer vuelo de expulsión del gobierno de Kast inaugura, entonces, algo más que un procedimiento administrativo. Abre una etapa política en la que la migración será tratada cada vez más como asunto de seguridad. La eficacia real de esa estrategia todavía está por verse. Lo que ya se ve, en cambio, es el riesgo de que la promesa de orden derive en una política de frontera dura, menos preocupada por integrar, regularizar y proteger derechos que por producir imágenes de autoridad.
Chile tiene un desafío legítimo: ordenar su sistema migratorio, combatir delitos y recuperar capacidad estatal. Pero ese orden no debería construirse sobre el miedo ni sobre la degradación de quienes migran. Una democracia puede hacer cumplir la ley sin renunciar a la humanidad. Esa será la vara con la que deberá medirse el nuevo plan migratorio de Kast.
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