La trama no nació de un rumor de pasillo sino de registros públicos del sistema financiero. Los datos de la Central de Deudores del BCRA, procesados y difundidos públicamente, mostraron créditos hipotecarios millonarios tomados por funcionarios y diputados oficialistas, con montos que en varios casos superan los 200, 300 y hasta los 500 millones de pesos. Entre los nombres que ya circulan aparecen Felipe Núñez, Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Emiliano Mongilardi y otros integrantes del ecosistema libertario. A eso se sumó el caso de Leandro Massaccesi, que salió del Gobierno en medio del revuelo.
El punto más delicado no es solo quiénes sacaron los préstamos, sino cómo los sacaron. Porque el Banco Nación, en sus condiciones oficiales vigentes, efectivamente contempla líneas para segunda vivienda y también ofrece una línea especial para empleados del sector público. En esa línea especial, el financiamiento puede llegar hasta el 90% del valor del inmueble, cuando la línea general cubre hasta el 75%; además, para segunda vivienda prevé tasas más altas y montos máximos mayores. O sea: el producto existe, está publicado y no fue inventado para este escándalo. Lo que está bajo sospecha es otra cosa: si esas reglas se aplicaron de manera pareja o si el poder terminó funcionando como llave maestra para acelerar carpetas, ampliar garantías o hacer pasar por normal lo que para cualquier hijo de vecino sería cuesta arriba.
Ahí es donde la denuncia pega de lleno en el corazón del relato libertario. Porque si los beneficiarios no recibieron privilegios, el Gobierno tendrá que demostrarlo con papeles, scoring, ingresos, codeudores y trazabilidad completa. Pero si detrás de la legalidad formal apareció una ventanilla más amable para los propios, entonces el discurso anticasta se convierte en una parodia: ajuste para afuera, facilidades para adentro. El Banco Nación ya salió a decir que el proceso es “homogéneo, sin excepciones” y que la entidad ya otorgó más de 27.000 créditos hipotecarios, mientras Luis Caputo defendió a los funcionarios involucrados y sostuvo que “no hay nada ilegal”.
La causa, además, ya escaló en la Justicia. Este lunes 6 de abril se sortearon tres denuncias y, por conexidad, la investigación quedó encaminada para concentrarse en el juzgado de Ariel Lijo con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Otra presentación fue impulsada por Mónica Frade y Esteban Paulón, que también puso bajo la lupa a varios beneficiarios concretos. El expediente recién empieza, pero el daño político ya está hecho: al Gobierno que vino a denunciar privilegios ajenos le explota en la cara una discusión sobre privilegios propios pagados desde una banca pública que, a esta altura, parece más cómoda para los amigos del poder que para la gente común que sueña con una casa.
