El dato no es menor ni puede tratarse como una simple “irregularidad” administrativa. La operación fue presentada como una respuesta urgente al derrumbe de seguridad haitiano, pero ahora arrastra una mancha brutal: mientras prometía combatir a las pandillas, una parte de ese dispositivo quedó implicada en abusos contra la misma población que decía venir a proteger. Y para completar el cuadro, la propia arquitectura de la misión deja servido el viejo menú de la impunidad: al no tratarse formalmente de una misión clásica de la ONU, las acciones disciplinarias y judiciales quedan en manos de la fuerza y de los países implicados. Traducido: cuando llega la hora de castigar, el expediente corre el riesgo de perderse en el pantano burocrático de siempre.
La fuerza había comenzado a desplegarse en junio de 2024, con Kenia al frente y con aportes menores de Jamaica, Belice, Bahamas, Guatemala y El Salvador. Más tarde fue reestructurada para transformarse en una fuerza de supresión de pandillas, con un perfil más agresivo, más personal y mayores atribuciones, incluso capacidad para detener sospechosos. El problema es que ni siquiera esa mutación logró esconder la precariedad del operativo: durante meses funcionó por debajo de lo prometido, con menos de mil efectivos sobre el terreno cuando el plan original hablaba de una estructura mucho mayor, y recién ahora intenta ampliarse hacia una meta de 5.550 integrantes.
Todo esto ocurre en un Haití devastado, donde las pandillas controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe y han extendido su dominio a otras zonas del país. Entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026 se contabilizaron más de 5.500 personas asesinadas y más de 2.600 heridas. La violencia no es un decorado: es el sistema. Y dentro de ese sistema, la violencia sexual ocupa un lugar central. En ese mismo período, al menos 1.571 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, en muchos casos violaciones grupales utilizadas como método de terror, castigo y sometimiento. Es decir: Haití ya está atravesado por una maquinaria de brutalidad sexual, y en ese escenario la fuerza internacional que venía a imponer orden terminó agregando sus propios expedientes al basural.
Lo más obsceno es que nada de esto cae del cielo. Haití tiene memoria de sobra cuando escucha hablar de “misiones de paz” y “acompañamiento internacional”. La experiencia previa dejó un prontuario pesado: durante los años de la MINUSTAH hubo denuncias extendidas de explotación y abuso sexual, incluidas acusaciones con víctimas menores de edad, y solo una fracción mínima terminó en consecuencias reales. Uno de los casos más escandalosos fue el de 134 cascos azules de Sri Lanka identificados en una red de abuso sexual contra niños y niñas haitianos; 114 fueron repatriados y ninguno terminó preso. Como si eso no alcanzara, la propia ONU terminó pidiendo disculpas por su papel en la introducción del cólera en Haití, una catástrofe que dejó miles de muertos. El país ya conoce demasiado bien ese libreto: llegan en nombre de la comunidad internacional y dejan detrás una mezcla de ruina, abuso e impunidad.
La noticia de estos cuatro casos confirmados no habla solo de delitos puntuales. Habla del fracaso moral de una receta internacional que sigue tratando a Haití como laboratorio de intervención. Se anuncian operativos con nombres grandilocuentes, se cambian siglas, se rediseñan mandos, se promete músculo contra las bandas, pero abajo, en el barro, la población haitiana sigue atrapada entre pandillas, fuerzas estatales cuestionadas, grupos parapoliciales y salvadores importados que a menudo llegan con el manual de derechos humanos bajo el brazo y el prontuario doblado en el bolsillo.
En Haití ya no alcanza con vender uniformes como sinónimo de solución. Cuando una misión respaldada por la ONU queda implicada en abuso sexual en medio de una emergencia humanitaria y de seguridad, lo que se derrumba no es solo una operación: se derrumba otra vez la ficción de que el país puede seguir siendo administrado desde afuera sin pagar un precio monstruoso. Y ese precio, como casi siempre, lo terminan pagando los de abajo.
