Ante la proximidad del juicio oral contra Charles Carrera, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, salió en su defensa y denunció una persecución política que, según sostuvo, comenzó con espionaje y terminó en los tribunales. Sus declaraciones vuelven a colocar en discusión uno de los casos más controvertidos de Uruguay por las denuncias de utilización de la Justicia como herramienta de desgaste político.

Una defensa política y humana

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, volvió a respaldar públicamente al exsenador Charles Carrera, ante la próxima etapa judicial del proceso que enfrenta. En declaraciones a Radio Sarandí, Pereira cuestionó el origen de la investigación, sus tiempos y las consecuencias que ha tenido sobre la vida política y personal del dirigente frenteamplista.

El periodista le planteó directamente las contradicciones entre su respaldo al exsenador y los delitos que le atribuye la Fiscalía: «Quería preguntarle: usted dijo que, bueno, respaldaba a Charles Carrera y que hubiera hecho lo mismo. Y Charles Carrera está acusado de fraude, falsificación ideológica, uso de información privilegiada…».

Pereira respondió: «Mire, a Charles Carrera se le ha hecho lo que a nadie en el Uruguay».

El periodista insistió sobre el motivo de la acusación: «Para darle estos, este, tickets de alimentación a una persona que no le correspondía».

La respuesta de Pereira fue inmediata: «Lo primero que le hicieron fue espionaje a Charles Carrera. No, no. Esas son las acusaciones, como bien dijo. En el Uruguay parto de la base de que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Si no, cualquier acusación haría a una persona culpable».

En el origen del caso está la asistencia brindada a Víctor Hernández, quien quedó parapléjico después de recibir un disparo en La Paloma, Rocha, en 2012. La investigación penal cuestiona su internación en el Hospital Policial y la entrega de tickets de alimentación a su familia, decisiones que Carrera ha defendido como una respuesta ante una situación de extrema vulnerabilidad.

La Fiscalía, por su parte, atribuye al exsenador los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, por los que solicitó cuatro años de prisión, tres de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables, como informamos cuando se conoció la acusación que llevó el caso hacia el juicio oral.

Para Pereira, la discusión no puede separarse de las circunstancias humanas que dieron origen a aquellas decisiones ni de las garantías que deben proteger a cualquier ciudadano sometido a un proceso penal.

El costo de una persecución denunciada

El dirigente frenteamplista fue particularmente crítico con la secuencia de acontecimientos y con las consecuencias que el proceso tuvo sobre la trayectoria política de Carrera.

«El asunto es así: Charles Carrera fue sometido a un espionaje. Del Ministerio del Interior, milagrosamente, doce años después apareció el expediente este que se presentó en la Justicia. La Justicia le pidió al Parlamento el levantamiento del fuero. Charles Carrera renunció a la banca para que le hicieran la formalización. Ocho meses estuvo sin que lo formalizaran. ¿Por qué se pidió ese levantamiento? Por abuso innominado de funciones», sostuvo Pereira.

El proceso ha estado acompañado por una extensa controversia sobre las actuaciones de Fiscalía y las garantías de la defensa. Entre sus antecedentes figuran las medidas cautelares y la discusión sobre las autorizaciones especiales de asistencia en Sanidad Policial, así como los planteos de prescripción y la presentación de 70 testigos por parte de la defensa.

Pereira también cuestionó los cambios en el rumbo de la investigación y sus tiempos procesales: «La fiscal demoró ocho meses, insisto, y Charles renunció a ser candidato a la nueva candidatura. Se designa una nueva fiscal, cambia la causa totalmente. Sale… Perdóneme, pero en el mundo esto se llamaría persecución a una persona».

Las palabras del presidente del Frente Amplio encuentran antecedentes en diferentes resoluciones judiciales que han limitado algunas de las pretensiones de Fiscalía. El Tribunal de Apelaciones resolvió excluir una grabación clandestina y habilitar una pericia médica presentada por la defensa, mientras que posteriormente confirmó la decisión de comunicar a Fiscalía General posibles irregularidades en la obtención de declaraciones juradas ante la JUTEP.

Estos pronunciamientos no determinaron la inocencia de Carrera ni establecieron judicialmente la existencia de una persecución política. Sin embargo, forman parte de los antecedentes que alimentan la denuncia de lawfare, entendida como la utilización de procedimientos judiciales para producir consecuencias políticas sobre determinados dirigentes.

La sucesión de actuaciones cuestionadas, la exposición pública y el alejamiento de Carrera de su actividad parlamentaria forman parte de esa discusión. El proceso todavía no tiene sentencia, pero sus consecuencias políticas ya se produjeron.

Un juicio que trasciende a Carrera

Pereira puso especial énfasis en la dimensión humana del episodio que originó el expediente. Para el presidente del Frente Amplio, la asistencia médica brindada a una persona gravemente herida y la ayuda destinada a sostener su permanencia en Montevideo deben analizarse también desde las obligaciones sociales del Estado.

«Y naturalmente que si a una persona la balea la Policía, como no se pudo demostrar, pero se sabe, y va al Hospital Policial y se trata, como se tratan muchos civiles, como va a quedar demostrado por el propio Charles Carrera, y luego se le da alimentación para que la persona que vivía en el departamento de Rocha pueda estar ahí, eso sin duda lo haría», afirmó.

La declaración recupera el sentido de su respaldo original al exsenador: Pereira sostiene que, frente a una situación humana semejante, habría adoptado la misma decisión. La autoría policial del disparo no fue acreditada judicialmente, mientras que la existencia de autorizaciones especiales para atender a civiles en Sanidad Policial constituye uno de los elementos centrales de la defensa.

La discusión también tiene una dimensión política. Carrera sostiene que la investigación forma parte de una persecución relacionada con su actividad parlamentaria, particularmente con las denuncias que impulsó junto a Mario Bergara sobre el acuerdo portuario con Katoen Natie durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El caso alcanzó también al sistema interamericano de derechos humanos. En su Informe Anual 2024, apartado Uruguay, párrafos 1271 y 1272, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó constancia de que continuaba el seguimiento de las denuncias de presunto espionaje contra Carrera y Bergara. El organismo también registró que Carrera consideraba la denuncia penal en su contra parte de una persecución política. En ese mismo documento recordó que la vigilancia de comunicaciones privadas debe estar sometida a estrictos límites legales, autorización judicial previa y supervisión. El informe no determina que haya existido persecución, pero incorpora oficialmente los planteos al seguimiento de la Relatoría.

En ese contexto, Pereira pronunció una de las afirmaciones más contundentes de la entrevista: «A veces las cosas tienen precio. El precio que está pagando Charles Carrera es de una enorme injusticia».

La conversación terminó cuando el periodista debió interrumpirlo por razones de tiempo: «Fernando, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias».

Pereira respondió: «Bueno, no es culpa mía. Yo fui lo más rápido que pude».

Más allá del cierre de la entrevista, sus declaraciones vuelven a colocar sobre la mesa una discusión que trasciende la situación personal de Carrera. El juicio oral deberá resolver las responsabilidades penales atribuidas al exsenador, pero existe otra dimensión que una sentencia, por sí sola, no necesariamente resolverá: el impacto de años de acusaciones, exposición pública, restricciones y alejamiento de la actividad política.

La denuncia de lawfare encuentra allí uno de sus argumentos centrales: el propio desarrollo de un proceso judicial puede producir consecuencias políticas profundas mucho antes de que exista una condena. Es esa dimensión la que Pereira vuelve a señalar, ante la proximidad del juicio de Charles Carrera.

Redacciòn