Charles Carrera vuelve a ganar en segunda instancia y fortalece su defensa. Después de los avances de agosto, cuando quedó fuera del juicio un audio clandestino y se habilitó una pericia presentada por sus abogados, el tribunal respaldó por unanimidad que se informara a la Fiscalía General sobre la obtención de declaraciones juradas sin autorización judicial. Una nueva victoria que, para Quatroges, reafirma la lectura de un caso paradigmático de lawfare en Uruguay.

Un nuevo revés para Fleitas

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno confirmó la decisión de la jueza Diovanet Olivera de poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación posibles irregularidades en la investigación contra Charles Carrera. El pronunciamiento respalda el control judicial sobre la actuación de la fiscal Sandra Fleitas, quien había solicitado a la Junta de Transparencia y Ética Pública declaraciones juradas del exsenador sin contar con la correspondiente autorización de la Justicia. La fiscal apeló la comunicación dispuesta por Olivera y el tribunal rechazó su planteo.

El recorrido de esa documentación quedó registrado en el acta de la Jutep del 16 de abril de 2026. Allí consta la remisión a Fiscalía de declaraciones correspondientes a 2014–2020, en respuesta a un oficio de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno. La defensa cuestionó que se hubiera accedido a información patrimonial reservada sin cumplir los requisitos legales. El reclamo coloca en el centro del debate los límites que debe respetar una investigación penal cuando avanza sobre los derechos de una persona.

En la sentencia redactada por Beatriz Larrieu, la sala recordó que la jueza tiene el deber de controlar la legalidad de las diligencias fiscales. También rechazó que la discusión pudiera darse por cerrada porque ya había sido planteada en una audiencia y descartó que Fiscalía justificara su actuación atribuyendo la responsabilidad a la Jutep por entregar los documentos. El fallo mantiene la comunicación al jerarca fiscal. La decisión sobre el ingreso de esas declaraciones al juicio quedó pendiente, porque todavía no habían sido ofrecidas formalmente como prueba.

Los avances de una defensa que sigue obteniendo respuestas

El nuevo pronunciamiento se suma a las decisiones conocidas en agosto, cuando el mismo tribunal excluyó del juicio una grabación realizada por Daniel Hernández durante una reunión en el despacho de Carrera en el Ministerio del Interior. El audio había sido registrado clandestinamente y la sala resolvió por mayoría que no podía utilizarse como prueba. Además de cuestionar la forma de obtención, señaló que no se había acreditado una cadena de custodia que ofreciera las garantías necesarias sobre la autenticidad e integridad del archivo.

La defensa consiguió también que se admitiera una pericia de la médica legista Frances Borches, elaborada a partir de la historia clínica de Víctor Hernández. Fiscalía había cuestionado ese uso, aunque la documentación ya estaba incorporada legalmente a la investigación. El tribunal reconoció que los abogados de Carrera debían tener la misma posibilidad que la acusación de analizarla y producir informes propios. Esa decisión recuperó una herramienta para la defensa y reafirmó que la igualdad entre las partes debe respetarse durante el proceso.

El recorrido incluye otro antecedente relevante: en octubre de 2025, el tribunal revocó la formalización por falsificación ideológica, mientras mantuvo las correspondientes a fraude y utilización indebida de información privilegiada. La intervención de la segunda instancia viene produciendo consecuencias concretas sobre la causa: redujo la imputación original, dejó fuera una grabación y reconoció el derecho de la defensa a presentar su análisis médico. Ahora, además, respaldó que se comunicaran posibles irregularidades en la obtención de información patrimonial.

El lawfare y el costo de una condena anticipada

En el origen del caso está la asistencia brindada a Víctor Hernández, un civil que quedó parapléjico después de recibir un disparo en La Paloma en 2012. La investigación cuestiona su atención en el Hospital Policial y la ayuda mediante tickets de alimentación. Carrera sostiene que actuó por razones humanitarias y que los informes jurídicos presentados por su equipo respaldan la inexistencia de delito. La situación de una persona gravemente herida y la respuesta que debía darle el Estado forman parte de una dimensión humana que merece ocupar un lugar central en esta discusión.

La denuncia del Ministerio del Interior fue presentada en 2022, durante la gestión de Luis Alberto Heber. Carrera la vincula con una represalia por sus cuestionamientos al acuerdo portuario con Katoen Natie. Las consecuencias políticas llegaron antes que cualquier sentencia: en septiembre de 2024 renunció a su banca en el Senado y quedó fuera de la siguiente legislatura. Ese costo anticipado permite comprender por qué el debate sobre esta causa también involucra el daño que puede producir la utilización pública de una investigación contra un adversario político.

Para Quatroges, los nuevos respaldos judiciales refuerzan la lectura de un caso paradigmático de lawfare en Uruguay. La exclusión de una grabación clandestina, el reconocimiento de herramientas que Fiscalía discutía a la defensa y el control sobre el acceso a información reservada dan sustento a esa preocupación. Defender las garantías de Carrera significa defender límites al poder de investigar y acusar. La causa continúa hacia el juicio oral, donde Fiscalía deberá probar su acusación, y Carrera llega a esa instancia con avances concretos que fortalecen sus posibilidades de defensa.