La Justicia extendió las medidas cautelares contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera, en una causa que vuelve a mostrar los rasgos de una maniobra de lawfare: una investigación penal usada como castigo político contra quien denunció la entrega del Puerto de Montevideo a Katoen Natie.

La cautelar sigue, pero no cambia el fondo del caso

La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera prorrogó las medidas cautelares contra Charles Carrera, exsenador del Frente Amplio y dirigente del MPP, en el marco de la causa por la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial.

La resolución mantiene las condiciones que ya estaban vigentes: Carrera debe fijar domicilio ante la Justicia, comunicar cualquier cambio y pedir autorización judicial para salir del país. No se dispuso arresto domiciliario ni se le prohibió hablar con la prensa o expresarse en redes sociales.

La Fiscalía, encabezada en esta etapa por Sandra Fleitas, ya había intentado avanzar con restricciones más duras: arresto domiciliario y limitaciones a su libertad de expresión. La jueza rechazó esos planteos por entender que podían afectar derechos básicos y constituir una forma de censura previa. También se señaló que no había elementos concretos para sostener que Carrera hubiera intentado influir sobre testigos.

La prórroga fue solicitada por Fiscalía y contó con la anuencia de la defensa, integrada por Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández. Pero la continuidad de la cautelar no equivale a una condena ni modifica el punto central: Carrera enfrenta una acusación en un expediente atravesado desde el inicio por una lectura política inocultable.

La Fiscalía pidió cuatro años de prisión, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables. Los delitos atribuidos son fraude y utilización indebida de información privilegiada. El delito de falsificación ideológica, que había sido parte de la imputación inicial, fue revocado por un tribunal de apelaciones.

El Hospital Policial y la información que Interior no entrega

El caso se origina en la situación de Víctor Hernández, un hombre de La Paloma que en 2012 recibió una bala perdida y quedó parapléjico. Según la investigación, el disparo habría salido de una vivienda vinculada a un policía, donde se realizaba una fiesta. Hernández pasó por el Hospital de Rocha y por el Hospital de Clínicas, y luego fue internado en el Hospital Policial entre 2013 y 2016.

Fiscalía sostiene que Hernández, por ser civil, no tenía derecho a recibir atención en ese centro y responsabiliza a Carrera, que entonces era director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante la gestión de Eduardo Bonomi. La acusación también menciona tickets de alimentación entregados a la familia y un gasto estatal presentado en el expediente como superior a los seis millones de pesos, con referencias equivalentes a unos 260.000 dólares.

La defensa, en cambio, sostiene que se trató de una decisión de asistencia ante una situación humana extrema: una persona baleada, sin respuesta suficiente del sistema, con un daño irreversible y con responsabilidad estatal en el entorno del hecho.

Pero hay un punto: la defensa reclama información sobre autorizaciones especiales de asistencia en Sanidad Policial entre 2012 y 2017. Esa documentación puede ser clave para demostrar si este tipo de autorizaciones eran excepcionales en términos absolutos o si existía una práctica administrativa más amplia dentro del Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior fue condenado a entregar esa información e incumplió parcialmente la sentencia. La jueza de lo Contencioso Administrativo María Eugenia Ferrer intimó al ministerio a cumplir en un plazo de 30 días. Vencido ese plazo, deberá pagar 2 UR por cada día de atraso.

La defensa había pedido una sanción mayor, de 5 UR diarias, y denunció un “obrar dilatorio” del Ministerio del Interior. También señaló inconsistencias en la información entregada. Uno de los datos centrales es que Sanidad Policial informó la existencia de 4.418 autorizaciones especiales, pero la defensa cuestiona que la documentación aportada no permita reconstruir con claridad el funcionamiento real de esas autorizaciones.

Ahí está una de las claves del expediente. Se acusa a Carrera por una autorización especial, pero el propio Ministerio aparece trabando o demorando la entrega de información que permitiría comparar ese caso con miles de autorizaciones similares. En cualquier proceso serio, esa información no es decorativa: puede cambiar la lectura completa de los hechos.

Del puerto al expediente penal: el hilo político

Este caso no puede leerse aislado de la historia política reciente. Charles Carrera fue uno de los legisladores que, junto a Mario Bergara y otros dirigentes del Frente Amplio, denunció la concesión del Puerto de Montevideo a Katoen Natie hasta 2081. Aquella denuncia apuntó contra una de las decisiones más graves del gobierno de Luis Lacalle Pou: la entrega de una infraestructura estratégica, con impacto económico, soberano y comercial para el país.

El Frente Amplio sostuvo que esa negociación afectó el patrimonio público, consolidó una posición monopólica y se realizó sin los informes técnico-económicos necesarios para respaldar una decisión de semejante magnitud. Carrera fue una de las voces que puso nombre y apellido a esa denuncia.

A partir de allí, según la lectura política que el propio Carrera llevó incluso al plano internacional, comenzó una secuencia de vigilancia, hostigamiento y persecución judicial. La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por espionaje ilegal y persecución política fue admitida a trámite. Eso no significa una sentencia contra el Estado uruguayo, pero sí obliga a mirar el caso con otra densidad: no se trata solamente de una defensa mediática, sino de una denuncia que pasó un primer filtro internacional.

En mayo de 2026, Carrera amplió su denuncia ante la CIDH y apuntó contra actuaciones de la Fiscalía. También cuestionó decisiones de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, y planteó que el expediente penal en su contra forma parte de una represalia por haber denunciado hechos de corrupción vinculados al contrato con Katoen Natie.

El dato político es fuerte: mientras investigaciones sensibles como Cardama, Marset o el puerto han tenido movimientos discutidos, demoras o cambios de fiscales, contra Carrera se empuja una acusación con pedido de cárcel. La Justicia prorrogó una cautelar administrativa básica, pero el aparato político-mediático intenta vender cada paso del expediente como si fuera una condena.

Ese es el mecanismo clásico del lawfare: primero se instala la sospecha, después se multiplica mediáticamente, luego se estira el proceso y finalmente se usa la causa como castigo político, aunque no exista sentencia firme.

Carrera denunció la entrega del puerto. Después denunció espionaje. Después denunció persecución. Ahora enfrenta un pedido de cuatro años de prisión por una decisión administrativa vinculada a la atención médica de un hombre que quedó parapléjico tras recibir una bala perdida.