Tres empresarios afirmaron ante el Tribunal Oral Federal 7 que sus confesiones en la causa Cuadernos fueron falsas y que las realizaron bajo presión para evitar la detención. Los planteos volvieron a poner en el centro del debate el modo en que se construyó una de las megacausas judiciales más resonantes de la política argentina.
La causa conocida como Cuadernos volvió a quedar bajo fuerte cuestionamiento luego de que tres empresarios acusados en el expediente afirmaran ante la Justicia que declararon bajo coacción. Se trata de Mario Rovella, de la constructora Rovella-Carranza, y de Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar, dueño y gerente de la empresa Cleanosol, dedicada a la señalización de rutas.
Los tres sostuvieron que las confesiones en las que admitieron haber pagado sobornos fueron falsas y que declararon de ese modo bajo presión, en un contexto en el que buscaban evitar la detención. Sus presentaciones se suman a la realizada previamente por Daniel Pitón, integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A., que había recurrido a una estrategia similar la semana anterior.
Las nuevas declaraciones impactan de lleno en uno de los procesos judiciales más sensibles de la Argentina reciente, una causa utilizada durante años como emblema de la ofensiva judicial y mediática contra el kirchnerismo y, en particular, contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Declaraciones anticipadas ante escribano y acusaciones de presión judicial
Según expusieron los empresarios, antes de comparecer ante la Justicia dejaron asentado ante escribano que lo que iban a declarar no era verdadero y que lo harían bajo coacción. En el caso de Rovella, señaló que el 28 de febrero de 2019, un día antes de su indagatoria, acudió a una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires para dejar constancia del contenido de su futura declaración junto a una nota en la que aclaraba expresamente que esos dichos no eran ciertos.
Ya ante el tribunal, Rovella negó de manera tajante haber entregado dinero al financista Ernesto Clarens, uno de los nombres centrales del expediente. Sansiseña y Escolar, según se informó, realizaron el mismo procedimiento: acudieron a una escribanía antes de declarar y asentaron que no habían pagado coimas, aunque dirían que sí por encontrarse presionados.
A partir de estas exposiciones, los abogados defensores Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Federico Paruolo pidieron que se extraiga testimonio para investigar una eventual coacción por parte del fiscal Carlos Stornelli. En cuanto al fallecido juez Claudio Bonadio, remarcaron que la acción penal no puede avanzar debido a su muerte.
Lo que quedó instalado en la audiencia es un planteo de fondo: si parte de los testimonios que ayudaron a sostener la acusación fueron obtenidos bajo presión, también queda cuestionado el modo en que se edificó una causa que tuvo un enorme impacto político e institucional.
La respuesta de la fiscalía y la decisión del tribunal
La fiscal Fabiana León rechazó los planteos de las defensas y sostuvo que se intenta presentar a los imputados como víctimas y a integrantes del Poder Judicial como victimarios. A su criterio, no puede permitirse que se ponga en crisis la actividad judicial a partir de este tipo de argumentaciones.
Frente a los planteos contrapuestos, los jueces dispusieron un cuarto intermedio y finalmente resolvieron diferir la decisión para el momento del veredicto. Es decir, no cerraron la puerta a la discusión, pero tampoco habilitaron una definición inmediata sobre la denuncia de coacción.
La resolución deja abierto un escenario delicado. Por un lado, porque las defensas introdujeron una denuncia extremadamente grave sobre presiones judiciales en plena sustanciación del juicio. Por otro, porque el tribunal optó por postergar el pronunciamiento, en una causa donde cada novedad repercute políticamente mucho más allá del expediente.
Cristina Kirchner volvió a denunciar “prácticas mafiosas”
Las declaraciones de los empresarios reforzaron el planteo que ya había hecho Cristina Fernández de Kirchner el pasado 17 de marzo de 2026, cuando denunció públicamente que en la causa existieron “prácticas mafiosas” por parte de jueces y fiscales.
En su declaración indagatoria presencial ante el Tribunal Oral Federal n.º 7 de Buenos Aires, la exmandataria sostuvo que ya no se estaba solamente ante una persecución política por razones ideológicas o partidarias, sino frente a un esquema de funcionamiento más grave, basado en prácticas extorsivas dentro del aparato judicial.
La relevancia de estas nuevas exposiciones radica justamente en eso: no aparecen como un episodio aislado, sino como una secuencia que vuelve a poner bajo sospecha uno de los pilares del lawfare en Argentina. La causa Cuadernos, iniciada en 2018 y centrada en un presunto sistema de recaudación de sobornos de empresarios a funcionarios entre 2003 y 2015, fue durante años presentada como prueba incontrastable de corrupción estructural. Pero si varios de sus propios protagonistas ahora afirman que declararon forzados, el caso vuelve a entrar en una zona de incertidumbre política, judicial y probatoria.
El avance de estas denuncias no supone, por sí mismo, una conclusión definitiva sobre la causa. Pero sí introduce una pregunta imposible de esquivar: qué grado de validez puede sostener una investigación si parte de sus testimonios centrales fue obtenida, según los propios declarantes, bajo coacción.
Más que un simple giro procesal, lo que está en discusión es la legitimidad de un expediente que marcó durante años la vida política argentina. Y en ese terreno, cada nueva declaración no solo afecta a los imputados o a los jueces involucrados: también vuelve a exponer hasta qué punto una parte del sistema judicial quedó atravesada por disputas de poder, operaciones y métodos que hoy regresan al centro de la escena.
