En los foros internacionales empieza a abrirse paso una idea que durante años fue tratada como herejía: no todo puede resolverse con castigo, encierro y estigmatización. Poner límites a la penalización del consumo y dejar de tratar a las personas como descartables aparece, por fin, en el centro del debate global sobre drogas. Pero mientras ese discurso gana espacio, en El Salvador ocurre exactamente lo contrario: el poder convirtió la lógica de la excepción permanente en método de gobierno.
Ahí está el nudo del asunto. Si el eje es discutir hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad, El Salvador se transformó en el caso más brutal de la región. Bajo Nayib Bukele, el régimen de excepción aprobado en marzo de 2022 dejó de ser una medida temporal y pasó a funcionar como una maquinaria sostenida de detenciones masivas, suspensión de garantías y expansión sin freno del poder punitivo. La Asamblea, dominada por el oficialismo, lo fue prorrogando una y otra vez hasta entrar ya en su cuarto año.
El relato oficial vende orden. La otra cara la cuentan los organismos de derechos humanos, los familiares de detenidos y buena parte de la prensa centroamericana: capturas arbitrarias, desapariciones, torturas, muertes bajo custodia y un sistema donde caer preso puede depender menos de pruebas que de una cuota policial, una denuncia anónima o vivir en el barrio equivocado. Human Rights Watch difundió en 2025 testimonios y documentos internos que describen detenciones arbitrarias y abusos de poder cometidos por agentes policiales. Y en marzo de 2026, medios salvadoreños reportaron que un grupo internacional de expertos documentó 89.000 detenciones arbitrarias, 540 desapariciones y al menos 403 muertes bajo custodia estatal.
La cuestión de fondo no es solo salvadoreña. Lo que se discute en el terreno internacional sobre drogas —si el castigo indiscriminado agrava más de lo que resuelve— en El Salvador ya tiene respuesta práctica. Cuando el Estado se acostumbra a gobernar a fuerza de excepción, la frontera entre combatir estructuras criminales y aplastar garantías básicas se borra enseguida. El problema deja de ser únicamente el delito y pasa a ser el uso político del miedo. La cárcel masiva ya no aparece como último recurso, sino como espectáculo de autoridad.
Ese corrimiento es clave. Porque una cosa es perseguir redes criminales complejas y otra muy distinta es construir un sistema donde miles de personas entran al circuito penal sin debido proceso real. Diversos reportes regionales vienen advirtiendo que el régimen salvadoreño no golpea solo a pandilleros: también alcanza a trabajadores, jóvenes de zonas pobres, defensores de derechos humanos y voces incómodas. El Faro informó en 2025 que ya se registraban decenas de presos políticos en el país. WOLA, por su parte, describió el encarcelamiento político y el deterioro democrático como parte del mismo proceso de concentración de poder.
El punto más inquietante es que todo esto se normaliza en nombre de una eficacia que pocos se animan a discutir en público. El respaldo popular a Bukele sigue siendo muy alto y buena parte de la sociedad salvadoreña percibe mejoras en seguridad. Esa aprobación existe, es real, y explica por qué el modelo despierta fascinación fuera de El Salvador. Pero ese apoyo no borra lo otro: que el precio de esa “pacificación” viene acompañado por un vaciamiento de controles judiciales, opacidad institucional y denuncias graves de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
También por eso el caso salvadoreño excede la discusión local. En Centroamérica ya se mira como una fórmula exportable: mano dura, suspensión de derechos, propaganda de resultados y silenciamiento de las víctimas que no encajan en el relato oficial. Honduras ensayó su propio estado de excepción inspirado en el modelo salvadoreño, y la oficina de la ONU para derechos humanos denunció desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia en ese contexto. La señal es clara: cuando la excepción se vende como éxito, el contagio regional no tarda.
Si el debate internacional sobre drogas pretende poner límites a la penalización y a la estigmatización, El Salvador obliga a llevar esa discusión hasta el hueso. Porque el problema no es solo qué se castiga, sino qué tipo de Estado se está construyendo mientras se castiga. Cuando la seguridad se convierte en patente para detener sin pruebas sólidas, incomunicar, torturar o dejar morir en prisión, ya no se está ante una política dura: se está ante una degradación deliberada del derecho.
Bukele logró imponer una imagen de control absoluto, pero debajo de esa estética de orden se amontonan denuncias cada vez más pesadas. La propaganda muestra cárceles gigantes y filas de hombres rapados; los informes hablan de desapariciones, muertes bajo custodia, violencia sexual y captura del sistema institucional. Entre una postal y la otra se juega algo más grande que el destino político de un presidente: se juega la idea misma de si la región va a aceptar que, en nombre de combatir el crimen, todo se puede.
En ese sentido, El Salvador no aparece como solución sino como advertencia. El viejo prohibicionismo que el mundo empieza a revisar no se limita a perseguir sustancias o consumidores: también fabrica culturas políticas enteras basadas en el enemigo interno, la estigmatización y el castigo sin límite. Y cuando ese engranaje se pone a girar, ya no se detiene en las pandillas ni en las drogas. Sigue con cualquiera que estorbe.
