El informe 2026 de Amnistía Internacional ubica a Ecuador como uno de los casos más graves de deterioro democrático y social en la región. Bajo el gobierno de Daniel Noboa, la promesa de “mano dura” no frenó la violencia: la profundizó en un escenario de militarización, represión de protestas, crisis carcelaria, ataques a la justicia y avance sobre territorios indígenas.
La mano dura no trajo seguridad: trajo más muertos
El gobierno de Daniel Noboa llegó a Ecuador con un discurso conocido en América Latina: orden, guerra al crimen, militarización de la seguridad pública y leyes de emergencia para enfrentar la violencia. Pero los datos que recoge Amnistía Internacional muestran otra cosa. Hasta el 19 de diciembre de 2025, Ecuador registró 8.847 homicidios, la tasa anual más alta de su historia reciente. La militarización no resolvió la crisis: convivió con su peor escalada.
Ese dato golpea el centro del relato oficial. Porque cuando un gobierno concentra poder, saca militares a la calle, endurece leyes y promete seguridad, el resultado mínimo que debería mostrar es una baja real de la violencia. En Ecuador ocurrió lo contrario. El país quedó atrapado entre el avance del crimen organizado y una respuesta estatal que, lejos de fortalecer derechos, abrió nuevas zonas de abuso.
Amnistía también señala que la Fiscalía abrió investigaciones sobre la posible desaparición forzada de 43 personas tras operaciones de seguridad realizadas por las Fuerzas Armadas en 2024, sin avances sustanciales. Este punto es clave: cuando el Estado combate al delito violando derechos, deja de ser solución y pasa a ser parte del problema.
Protesta social, Corte Constitucional y un gobierno que no tolera controles
El informe también marca un deterioro grave en la relación del gobierno de Noboa con la protesta social y con las instituciones que deberían poner límites al poder. Durante las movilizaciones encabezadas por organizaciones indígenas, sociales y sindicales entre septiembre y octubre, organizaciones de la sociedad civil reportaron al menos dos personas fallecidas, 473 heridas y 206 detenidas. Amnistía habla de detenciones masivas, uso ilegítimo de la fuerza, procesos penales abusivos y congelamiento de cuentas bancarias de líderes sociales y manifestantes.
La respuesta oficial siguió una receta ya vista en otros países: presentar la protesta como amenaza, criminalizar a dirigentes, asociar reclamos sociales con terrorismo y usar la fuerza pública como herramienta política. La protesta no fue tratada como un derecho democrático, sino como un enemigo interno.
A eso se suma el choque del Ejecutivo con la Corte Constitucional. En junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó leyes de seguridad impulsadas por el gobierno que, según Amnistía, representaban riesgos para los derechos humanos. En septiembre, la Corte Constitucional declaró la nulidad de las leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional, y suspendió provisionalmente artículos de la Ley de Inteligencia.
La relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados y la CIDH expresaron preocupación por la desacreditación del Poder Judicial promovida desde el Ejecutivo, incluyendo hostigamiento, estigmatización pública, amenazas y una marcha encabezada por Noboa contra la Corte Constitucional. Esto ya no es solo una discusión sobre seguridad: es una advertencia sobre el deterioro del Estado de derecho.
En noviembre, además, la población rechazó en las urnas la convocatoria a una asamblea constituyente. Fue un límite democrático a un gobierno que buscaba rediseñar el marco institucional en medio de un clima de crisis, violencia y concentración de poder.
Cárceles, pueblos indígenas, niñez y Amazonía: el costo humano del modelo Noboa
La crisis ecuatoriana no se expresa solamente en las calles. También se ve en las cárceles, donde las personas privadas de libertad siguieron padeciendo hacinamiento, falta de atención médica, mala alimentación, torturas y malos tratos. Entre enero y septiembre de 2025, Amnistía registró 760 muertes en cárceles, de las cuales 105 fueron violentas. Ese número desnuda una situación brutal: el Estado encierra, pero no garantiza vida, salud ni condiciones mínimas.
En diciembre, 16 miembros de las Fuerzas Armadas fueron condenados por la desaparición forzada de cuatro niños afrodescendientes en Guayaquil, detenidos en 2024. La sentencia confirmó además tratos crueles y tortura durante la detención. Este caso resume de forma dolorosa lo que ocurre cuando se habilita a las fuerzas militares a actuar sobre la población civil con controles débiles: los sectores más pobres, racializados y vulnerables son los primeros en pagar.
El informe también apunta contra la continuidad de la quema de gas en mecheros de la Amazonía, pese a una sentencia judicial de 2021 que ordenaba eliminarlos. Y advierte que la explotación de recursos naturales siguió vulnerando derechos individuales y colectivos, en especial el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por violar el derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas amazónicos al autorizar proyectos de explotación minera en sus territorios.
También aparecen vulneraciones en materia de derechos sexuales y reproductivos. El acceso al aborto en los casos permitidos por la ley continuó limitado por barreras institucionales, falta de datos oficiales, precariedad médica y estigma. El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Ecuador por vulnerar los derechos de una niña de 13 años, sobreviviente de violencia sexual, que fue obligada a continuar un embarazo.
El Comité de los Derechos del Niño también instó al Estado ecuatoriano a prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la infancia, con especial atención a las muertes de niños y niñas en operaciones de seguridad realizadas por militares.
El cuadro que deja Amnistía Internacional es claro: Ecuador no está ante simples “excesos” de una política de seguridad. Está ante un modelo que promete orden mientras acumula muertos, desaparecidos, presos sin garantías, pueblos indígenas atropellados, jueces presionados, protestas reprimidas y derechos sociales debilitados. La violencia del crimen organizado es real, pero no puede ser usada como excusa para destruir controles democráticos ni para convertir la seguridad en un cheque en blanco para el abuso estatal.
Fuentes : Amnistía Internacional, Informe 2026 sobre derechos humanos en Ecuador; Periódico Opción; Human Rights Watch, Informe Mundial 2026 sobre Ecuador; CIDH; ONU; Corte Interamericana de Derechos Humanos.
