La relación del Gobierno con la prensa volvió a cruzar otra frontera. Esta vez no se trató de insultos, escraches digitales ni del folklore cada vez más violento con el que se castiga al periodismo incómodo. El paso siguiente fue más concreto: cerrar puertas. Después de que saliera a la luz la investigación sobre una estructura rusa conocida como “La Compañía”, que habría buscado influir en la conversación pública argentina durante 2024, la administración de Javier Milei resolvió impedir el ingreso de periodistas acreditados de medios alcanzados por esa publicación. La medida se aplicó en la Casa Rosada y también se extendió a la Cámara de Diputados.
El dato central, y también el más incómodo para la coartada oficial, es que la investigación utilizada como justificación política no probó pagos directos a medios ni a periodistas. El trabajo difundido por Chequeado como versión editada de la pesquisa original de openDemocracy habló de al menos 250 notas, análisis y artículos de opinión publicados entre junio y octubre de 2024 en más de 20 medios digitales, con un presupuesto de unos 283 mil dólares para esa red de distribución. Pero el mismo texto remarcó que los documentos podían exagerar operaciones, que no fue posible verificar si los pagos se concretaron y que tampoco pudo establecerse a quiénes habrían llegado esos fondos.
Aun con esa zona gris enorme, el Gobierno avanzó igual. En Balcarce 50, la decisión fue presentada por voceros oficiales como una medida “preventiva” hasta que se esclarezcan los hechos. Según la reconstrucción publicada este lunes, al menos seis medios quedaron alcanzados en la Casa Rosada, entre ellos El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero. En paralelo, la presidencia de la Cámara de Diputados replicó la lógica y comunicó al Círculo de Periodistas Parlamentarios la suspensión de acreditaciones de El Destape, La Patriada, A24 y Gritos del Sur. Desde el Senado, en cambio, marcaron distancia y dejaron trascender que allí no se aplicaría la misma decisión.
Según informó uno de los medios afectados, en el Congreso la suspensión se ejecutó sin explicación formal al momento del ingreso. En ese caso puntual, las acreditaciones revocadas correspondían a los periodistas Federico Pokorowski y Alan Longy, dos de los cronistas que cubren de manera habitual la actividad parlamentaria. La señal que bajó, siempre de acuerdo con esa reconstrucción, no apuntó a nombres propios sino a los medios como tales: no una sanción individual, sino una exclusión por línea editorial.
Lo más delicado del episodio no pasa solo por el bloqueo de credenciales, sino por el precedente que instala. Porque una cosa es que el Estado investigue una posible injerencia extranjera, algo que corresponde si existen elementos serios. Otra muy distinta es transformar una investigación periodística todavía llena de zonas no comprobadas en una herramienta de castigo administrativo contra medios críticos. Ahí ya no aparece una política de resguardo institucional, sino un mecanismo de disciplinamiento envuelto en retórica patriótica.
La historia de “La Compañía”, además, venía cargada de explosivo político desde antes. Los documentos analizados por openDemocracy y reproducidos en parte por Chequeado describen una campaña de propaganda, desinformación e inserción de contenidos con referencias favorables a Rusia, críticas a Estados Unidos y ataques al gobierno argentino. También señalan vínculos de esa estructura con el servicio de inteligencia exterior ruso y con el legado operativo del grupo Wagner. Pero incluso dentro de esa trama, el material publicado distinguió entre registros internos, tarifas supuestas, intentos de exagerar resultados y hechos efectivamente comprobados. Esa diferencia, básica en cualquier estándar serio, quedó barrida de un plumazo cuando el poder decidió usarla como excusa para filtrar quién entra y quién no a cubrir la cosa pública.
El movimiento deja una imagen cada vez más nítida del momento político argentino: un oficialismo que habla en nombre de la libertad mientras recorta accesos, selecciona voces y convierte la sospecha en sanción. Ya no alcanza con pelearse con periodistas desde un atril o desde una red social. Ahora además se los aparta de los lugares donde la información se produce en tiempo real. Y cuando la vara para decidir quién entra al Congreso depende del nivel de docilidad frente al Gobierno, lo que se achica no es solo el espacio de un medio: se achica el derecho de la sociedad a saber qué pasa adentro
