Nuevas pruebas por más de $75 mil millones refuerzan la investigación sobre una red de direccionamiento de compras públicas en discapacidad. Funcionarios, empresarios y vínculos políticos configuran un esquema que expone la lógica de privatización del Estado en beneficio de unos pocos.
Lo que comenzó como una causa más dentro del sistema judicial argentino empieza a consolidarse como uno de los casos más graves de corrupción estructural en la gestión reciente. El denominado “Coimagate” suma nuevas pruebas, amplía su red de imputados y deja al descubierto un mecanismo sostenido de desvío de recursos públicos que, lejos de ser un hecho aislado, responde a una lógica de funcionamiento.
La investigación encabezada por el fiscal Franco Picardi detectó maniobras que implicaron una erogación superior a los 75 mil millones de pesos desde el Estado hacia un grupo reducido de empresas, en el marco de contrataciones vinculadas a insumos de alto costo en el área de discapacidad . El dato no es menor: se trata de recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables, lo que agrava aún más el impacto político y social del caso.
El esquema, según surge de la causa, no operaba de manera improvisada. Por el contrario, se sostenía en una red articulada entre funcionarios públicos y actores privados que garantizaban el direccionamiento de compras, la manipulación de precios y la concentración de adjudicaciones. Más de 20 empresarios y al menos 30 firmas habrían participado de este circuito, consolidando una estructura con capacidad de operar de forma permanente .
En el centro de la trama aparece Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y hombre de confianza del presidente Javier Milei. Junto a él, el lobbista Miguel Ángel Calvete y otros actores clave son señalados como articuladores de un sistema donde lo público y lo privado se entrelazan en beneficio propio. La investigación también menciona referencias a retornos del orden del 3%, que habrían formado parte del engranaje de coimas dentro del organismo .
Pero el punto más relevante no es solo judicial, sino político. Porque lo que este caso pone en discusión es el modelo de gestión que habilita estas prácticas. La idea de un Estado reducido, debilitado en sus controles y permeable a intereses privados, no solo no elimina la corrupción: la reorganiza.
Desde esa perspectiva, el Coimagate no aparece como una anomalía, sino como una consecuencia. Un resultado lógico de una concepción donde el mercado no solo regula la economía, sino que empieza a colonizar las decisiones públicas. Cuando el Estado se transforma en una “ventanilla de negocios”, como señalan los propios fiscales, lo que se pierde no es solo dinero: es capacidad de garantizar derechos .
El avance de la causa, con nuevas indagatorias y posibles imputaciones, abre un escenario que puede escalar políticamente en las próximas semanas. Pero más allá de los nombres propios, lo que está en juego es algo más profundo: quién administra lo público, para quién y bajo qué lógica.
Coimagate: el entramado de corrupción que golpea al corazón del Estado bajo el gobierno de Milei
