Un ataque con explosivos en Cajibío, departamento del Cauca, dejó al menos siete civiles muertos y más de 17 heridos. La explosión destruyó parte de la carretera, afectó vehículos que circulaban por la zona y volvió a mostrar el costo real de una guerra que siempre termina golpeando a la población común.
La violencia volvió a romper el sur de Colombia. Este sábado, un atentado con explosivos en la Vía Panamericana, a la altura del sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, dejó al menos siete personas muertas y más de 17 heridas. Las cifras fueron difundidas inicialmente por autoridades regionales y medios internacionales, aunque otros reportes posteriores elevaron el número de heridos por encima de veinte.
El ataque impactó sobre una de las rutas más importantes del país. La Vía Panamericana no es una carretera cualquiera: conecta el suroccidente colombiano, comunica con Cali y Popayán, y forma parte de un corredor estratégico para el transporte, el comercio y la vida diaria de miles de personas. Por eso, cuando la violencia la golpea, no solo destruye vehículos o abre cráteres en el asfalto: paraliza comunidades enteras.
Según los primeros reportes, el atentado fue cometido con un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que transitaba por la zona. La onda expansiva afectó otros vehículos y dejó un cráter en la carretera, obligando a interrumpir el tránsito en ese tramo. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó el hecho como un ataque indiscriminado contra la población civil.
Civiles en el medio de una guerra que no termina
Lo más brutal del atentado no está solo en la cantidad de muertos o heridos. Está en el objetivo real: gente que iba por la carretera, trabajadores, familias, pasajeros, personas que no estaban en combate ni formaban parte de ninguna estructura armada.
Otra vez, la población civil aparece como rehén de una violencia territorial que se recicla con nuevos nombres, nuevas siglas y viejas prácticas. Cilindros bomba, ataques a bases militares, atentados contra infraestructura, carreteras bloqueadas, municipios bajo miedo. La guerra cambia de discurso, pero conserva su mecanismo más cruel: usar el territorio y a su gente como mensaje.
El ataque ocurrió además en medio de una ofensiva violenta en el suroccidente colombiano. Un día antes se habían registrado atentados con explosivos en Cali y Palmira, en el Valle del Cauca. La Vicepresidencia de Colombia había rechazado el ataque contra el Cantón Militar Pichincha en Cali y pedido acciones urgentes para proteger a la población de la región.
También este sábado fue denunciado un ataque contra el radar de Santana, en El Tambo, Cauca, una instalación utilizada para el control del tráfico aéreo. Es decir: no se trató de un hecho aislado, sino de una nueva señal de deterioro de la seguridad en una zona históricamente golpeada por el conflicto armado.
Las disidencias bajo la mira
Las autoridades colombianas apuntan a estructuras vinculadas a las disidencias de las antiguas FARC. Según reportes de prensa, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a alias Marlon, señalado como jefe de una disidencia bajo el mando de Iván Mordisco, mientras el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos por información que permita capturarlo.
En los días previos, el Gobierno colombiano ya venía señalando operaciones y ataques vinculados a estructuras armadas residuales en el Cauca. La propia Presidencia informó semanas atrás que tropas del Ejército y la Policía frustraron un atentado en Argelia, Cauca, atribuido al grupo residual Carlos Patiño, perteneciente a una estructura de alias Iván Mordisco.
El Cauca es uno de los territorios donde la promesa de paz sigue chocando con la economía ilegal, el control armado, la disputa territorial y la debilidad histórica del Estado. Allí conviven comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes con una presión permanente de grupos armados que disputan rutas, rentas y poder.
Paz no puede significar abandono
Cada atentado de este tipo reabre la discusión política en Colombia. La derecha aprovecha para declarar muerta cualquier política de paz. Los sectores más duros piden más militarización. El gobierno intenta sostener una salida negociada mientras enfrenta estructuras que siguen atacando a civiles. Y en el medio, como siempre, quedan las víctimas.
Pero hay una diferencia importante entre defender la paz y negar la realidad. La paz no puede ser una palabra decorativa mientras los territorios siguen bajo amenaza. Tampoco puede confundirse con tolerancia frente a grupos que atacan carreteras, buses, batallones, radares o comunidades.
Una política de paz seria tiene que proteger primero a la población civil. Si no lo hace, se vacía de contenido. Porque no hay paz posible cuando una familia no puede viajar por una carretera sin quedar atrapada en una explosión.
Foto;Tefita228, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
