El mecanismo que Washington ahora desarma no era una ventanilla menor. Durante años canalizó más de 5.000 millones de dólares en productos para VIH y malaria hacia 90 países, sobre todo en África subsahariana y Asia. Ahora la orden es apurar la salida sin reemplazo claro, cerrar antes del 30 de mayo en 17 países africanos y Haití, y dejar que cada oficina improvise cómo evitar el desastre. Hasta dentro del propio aparato estadounidense se reconoció que una transición apurada o incompleta puede romper la continuidad del servicio. O sea: saben que puede faltar medicación, saben que puede haber quiebres de stock, saben que eso pone vidas en riesgo y aun así avanzan.
El trumpismo vende este ajuste como una limpieza contra el despilfarro y los contratistas, pero el verso dura poco cuando se mira el terreno. Lo que ya hubo fueron recortes, desmantelamiento de USAID, presupuestos serruchados y una cadena sanitaria global puesta a girar en el aire como si repartir antirretrovirales, mosquiteros, vacunas o tratamientos infantiles fuera lo mismo que mudar muebles de oficina. Hasta las conversaciones para pasar parte de la operativa al Fondo Mundial chocan con un problema básico: abastecer zonas remotas no se resuelve en dos semanas ni con una consigna patriotera. En muchos casos puede llevar meses y hasta un año.
El daño, además, no es hipotético. Ya hubo cortes previos ligados al congelamiento de la ayuda estadounidense, con suministros varados y servicios afectados. En Nigeria, por ejemplo, el frenazo de fondos golpeó la red de tratamiento de VIH y obligó a una salida de emergencia para volver a conectar pacientes con la medicación. Cuando una potencia toca una palanca en Washington, del otro lado no caen planillas de Excel: caen turnos, tratamientos, seguimientos, controles y vidas enteras que dependen de que una caja llegue a tiempo.
Con la malaria la obscenidad es todavía más brutal. La enfermedad sigue causando cientos de miles de muertes al año, con África cargando la peor parte. En ese escenario, desordenar la provisión de insumos esenciales no es una “reforma”: es jugar con fuego sobre un polvorín de pobreza, sistemas sanitarios frágiles y niños expuestos. El mundo ya sabe lo que pasa cuando fallan las cadenas de suministro: suben los casos, se retrasan tratamientos, se vacían campañas de prevención y la factura la pagan los mismos de siempre, los más pobres, los más periféricos, los más descartables para la moral imperial.
Con el VIH el cuadro tampoco admite cinismo. Modelos publicados este año estimaron que una interrupción de apenas 90 días en la financiación de PEPFAR podría traducirse en decenas de miles de muertes adicionales en países del África subsahariana. No se trata de una metáfora encendida: hay cálculos, antecedentes y alertas concretas. Por eso el problema ya no es si en Washington entienden las consecuencias. Las entienden. Lo que ocurre es peor: las aceptan como costo político tolerable de su proyecto.
Y ahí está el corazón del asunto. Esto no es torpeza administrativa ni mera insensibilidad. Es una lógica de dominación que decide quién merece ser salvado y quién puede ser abandonado sin que tiemble la mano. Menos cooperación, más chantaje. Menos salud pública, más geopolítica. Menos humanidad, más cálculo. Se aprietan fondos, se rompen mecanismos, se improvisan acuerdos bilaterales opacos y se deja a países enteros negociando al borde del desabastecimiento mientras desde arriba se repite la letanía del contribuyente estadounidense y la eficiencia nacional.
Llamarle a esto una política de muerte no es exagerar. Es nombrar lo que pasa cuando un Estado poderoso desarma, con plena conciencia, dispositivos que sostenían tratamientos contra enfermedades mortales en buena parte del mundo empobrecido. No hace falta una bomba para sembrar cadáveres. También se mata desde un escritorio, suspendiendo compras, cortando cadenas de distribución, demorando vacunas y dejando que los faltantes hagan el trabajo sucio. Trump no inventó esa lógica, pero la empuja con una crudeza de manual: primero se vacía, después se justifica y al final se presenta el desastre como una simple transición.
Lo que está en marcha no es un mero cambio de ventanilla. Es otro capítulo de una política imperial que administra la vida ajena con mentalidad contable y reflejos coloniales. Si millones dependen de esos medicamentos para seguir vivos, cortar el mecanismo sin red no es neutralidad ni orden: es abandono organizado. Y cuando ese abandono es masivo, evitable y ejecutado con conocimiento de sus consecuencias, ya no estamos ante un error. Estamos ante una forma de exterminio por goteo, prolija en los papeles y salvaje en sus efectos.
Chedeline Joseph, encargada del control de inventario; Charline Carolus, farmacéutica del almacén; Johny Daloute, auxiliar de inventario; y Margery Richardson, gerente del almacén, realizan una verificación aleatoria de inventario de rutina.
